Niega que planta de Chevron afecte las islas Coronado
Desacredita la Semarnat a críticos de gasificadora
En respuesta a una demanda interpuesta por ecologistas, la dependencia pide a la CCA que se desista de intervenir
El gobierno mexicano rechazó ante la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte las imputaciones hechas por organizaciones ecologistas, relativas a irregularidades en la autorización para una planta de gas natural licuado de Chevron Texaco cerca de las islas Coronado y de la costa de Baja California. La administración federal pidió además al organismo trilateral desentenderse del caso y le pidió confidencialidad en la información.
En la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la petición de organizaciones ambientalistas para que la CCA investigue la presunta omisión de las leyes ambientales en el aval dado a la construcción de la planta transnacional, se señala que el organismo trinacional debe dar por concluido el proceso, ya que ante autoridades mexicanas existen recursos pendientes de solventarse, y por ello no puede intervenir, de acuerdo con la ley.
El 3 de mayo de 2005 Greenpeace México, The Center for Biological Conservancy y American Bird Conservancy, entre otras organizaciones, pidieron a la CCA abrir un expediente de hechos por la presunta omisión en la aplicación de la ley ambiental en el caso de la planta de Chevron Texaco. Los peticionarios argumentaron que en las islas Coronado residen el ave marina mérgulo de Xantus y otras especies consideradas en riesgo de extinción, que resultarían afectadas por efectos inherentes a las actividades de esa industria, como derrames de combustible, contaminación o explosiones.
El secretariado de la CCA pidió a México que respondiera a esa petición. La Semarnat, en consecuencia, señaló que los cuestionamientos de las organizaciones se basaron en el manifiesto de impacto ambiental (MIA) preparado por el promovente del proyecto (en este caso Chevron Texaco), y no tomaron en cuenta las condicionantes y las medidas de mitigación que las autoridades ambientales fijaron a la trasnacional.
La dependencia señaló que esas medidas se verificarán a través de un programa de seguimiento de la calidad ambiental y se ampararán por una garantía que deberá obtener la promovente de la instalación industrial.
La Semarnat sostiene que ''ejerció su facultad para establecer las condiciones y los requerimientos necesarios a los cuales se sujetará la realización de la obra o actividad objeto de la MIA, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente, por lo que no implica necesariamente que ésta se apruebe en los mismos términos planteados por el promovente, como erróneamente lo estimaron y expresan los peticionarios".
Señala que las organizaciones no presentaron información o documentos que avalen su carácter de ''peritos en la materia'', ni estudios científicos que demuestren el eventual daño ambiental que puede ocasionar la procesadora de gas.
Además, la dependencia advierte que las islas Coronado no son consideradas área natural protegida, mientras el planteamiento de que fueron designadas "área de importancia para la conservación de las aves" y "región marítima prioritaria" por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad no es válido, ya que ello no tiene ningún efecto jurídico.
En resumen, la Semarnat indica en su respuesta que el proyecto se autorizó de manera condicionada y se fijaron medidas adicionales de prevención y de mitigación, con la finalidad de evitar, atenuar o compensar eventuales impactos ambientales durante las diferentes etapas del proyecto.
Corresponderá ahora al secretariado de la CCA decidir, con base en la respuesta de México, si abre el expediente de hechos solicitado por las asociaciones ecologistas.
La CCA es una instancia de Canadá, Estados Unidos y México que promueve el cumplimiento del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte.