La crisis que llegó
Como en casi todos los flancos de la tarea pública, ya es posible ir obteniendo los saldos del sexenio foxista. En varios quedarán errores, omisiones, asuntos pendientes que se pueden volver críticos. Otros ya lo son y es el caso de la educación superior. Como en muchos otros aspectos, no sólo no se cumplieron las metas, sino que involucionamos.
Por ejemplo, la gran meta en materia de educación fue alcanzar una cobertura de 28 por ciento de los jóvenes en edad escolar. No sólo no se alcanzó la cifra, sino que en el intento se fueron creando e impulsando falsas y onerosas vías a través de la promoción de instituciones de pretendido nivel universitario y que ni en su verdadera naturaleza, la de tecnológicos, fructificó. El auténtico libertinaje en el ámbito de las "universidades patito", que nacen y desaparecen defraudando a todos -maestros, alumnos, padres de familia y fisco-, es otro de los rasgos que explican no sólo el incumplimiento de la meta, sino la desnaturalización del sistema de educación superior. Y bueno, la asignación decreciente de recursos para las instituciones públicas de educación superior cierra y explica el espectro de la crisis que ya llegó. Veremos aquí qué pasó con los dineros públicos destinados a la educación superior de 2000 a la fecha.
Es de reconocer que durante 2001 y 2002 hubo un impulso moderado en términos reales; sin embargo, a partir de entonces el declive es claro y arroja, entre 2000 y los datos consignados en el presupuesto para 2006, un aumento de 11 por ciento en el periodo, a pesar de que en el año en curso la disminución es grave: -6.0 por ciento. ¿Por qué estas cifras provocan ya una crisis en las instituciones públicas de educación superior? Porque resulta que la demanda es tal que la matrícula creció más del doble, en 23 por ciento, y en consecuencia disminuye el gasto por alumno, afectando directamente la calidad de la enseñanza en la mayoría de las universidades públicas, en particular las universidades de los estados.
En el año 2000 se destinó 0.58 por ciento del PIB a la educación superior, proporción que llegó a 0.65 por ciento en 2003 para declinar desde entonces y ubicarse hoy en 0.57 por ciento. Hay que recordar que el crecimiento del PIB ha sido magro y el producto por habitante prácticamente nulo. No sólo la educación superior ha resentido el decaimiento: el gasto total en educación representó 15.5 por ciento del PIB en 2000, llegó a 17.2 por ciento en 2002, declinando a partir de entonces hasta llegar ahora, en 2006, a sólo 15.1 por ciento.
En tal contexto, la célebre meta de cobertura de la población en edad escolar no alcanzará 28 por ciento, permaneciendo apenas en 23 por ciento. Este grupo de edad asciende a unos 10 millones de jóvenes. Las tasas de cobertura con otros países comparables al nuestro son superiores, pero importa más confrontarnos con nosotros mismos y el hecho es que nos estancamos. Si consideramos que el escaso crecimiento de la economía y el empleo hace su letal oficio de no ofrecer opciones de trabajo a los jóvenes, tenemos casi 6 millones de mexicanos en edad de estudiar o trabajar no cuentan con aulas o trabajo. Y la gran mayoría aspira a estudiar o a una ocupación. Hay aquí un aspecto grave de la crisis, no sólo del sistema educativo superior, sino de la inseguridad pública, porque demasiados jóvenes están en las calles sin opciones de vida en la legalidad.
A lo largo de los años que comentamos, el gasto por alumno en instituciones públicas de educación superior arroja una disminución promedio de -2.0 por ciento en términos reales, siendo francamente escandalosa para 2006, según el presupuesto que finalmente publicó la Secretaría de Hacienda: -8.8 por ciento.
Durante el sexenio las universidades públicas encontraron un refugio presupuestal en la Cámara de Diputados, la cual logró en alguna medida contrarrestar las iniciativas del Ejecutivo por destinar aún menos recursos a la educación pública superior. A pesos corrientes, entre 2001 y 2006 el Ejecutivo propuso un total de 257 mil millones, que fueron incrementados por los legisladores en casi 22 mil millones: 8.5 por ciento más. El esfuerzo de los diputados fue más intenso cuando más se requirió, de manera que en 2005 asignaron casi 15 por ciento adicionales a la propuesta del Ejecutivo y 13.6 por ciento más para el año en curso. Claro, falta ver qué sucede a lo largo del ejercicio 2006 a la hora en que las autoridades hacendarias apliquen, a su entender y albedrío, las disposiciones del Congreso.
El presupuesto federal destinado a la educación superior en 2006 asciende a 49 mil 984 millones de pesos, superior en 5 mil 992 millones al enviado como propuesta del Ejecutivo resulta -6 por ciento por debajo del ejercicio real de las instituciones públicas de educación superior estimado por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual ascendió a más de 53 mil millones de pesos en 2005.
La crisis de las universidades públicas es clara y presente, pero la repercusión social sobre la juventud es acumulada y compleja, asociada al deterioro real del nivel de vida de la mayoría de los mexicanos. El impacto económico viene asociado a otra meta no alcanzada: uno por ciento del PIB para ciencia y tecnología, en la cual nos rezagamos, llegando apenas a 0.35 por ciento. Harina del mismo costal y la misma crisis, no sólo para el próximo gobierno, sino para los estertores del presente.