Usted está aquí: lunes 30 de enero de 2006 Estados Asfixia el gobierno yucateco a la Codhey al recortarle recursos

La presión a la Comisión de Derechos Humanos local, por diferencias con Patrón Laviada

Asfixia el gobierno yucateco a la Codhey al recortarle recursos

Se despidió a siete empleados "para resistir 2006 con únicamente $8 millones": ombudsman

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

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Ampliar la imagen Patricio Patrón Laviada, gobernador de Yucatán Foto: Luis A. Boffil

Merida, Yuc., 29 de enero. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) se vio obligada a despedir a siete empleados, dos de ellos visitadores, así como a personal administrativo, debido a su precaria situación económica, informó el titular del organismo, Sergio Salazar Vadillo.

El ombudsman afirmó que para equilibrar las finanzas y "resistir con los recursos que proporcionó el gobierno estatal para 2006, la comisión tuvo que recurrir al recorte de personal".

La historia de la crisis económica de la Codhey es amplia, pero se agudizó el año pasado a raíz de diferencias con la administración del panista Patricio Patrón Laviada. En 2005 contó con un presupuesto de 9 millones de pesos, por lo que la comisión de derechos humanos no pudo cumplir con sus compromisos fiscales.

Los problemas de la Codhey con el gobierno local empezaron en el primer trimestre de 2005, cuando Salazar Vadillo emitió una serie de recomendaciones a dependencias públicas, especialmente a los cuerpos de seguridad policiacos, por presuntas violaciones a los derechos humanos.

El mandatario Patrón Laviada acusó a la Codhey de "protagonismo político", y de allí las relaciones entre ambas instancias se tornaron ásperas.

Para 2006, Salazar Vadillo solicitó recursos por 20 millones de pesos, y el Poder Ejecutivo propuso entregarle 9 millones. El Congreso estatal, al aprobar el paquete de egresos, aprobó para el organismo 10 millones de pesos.

Sergio Salazar consideró que el recorte de personal era necesario para equilibrar "en algo" las finanzas y mantener la operatividad de la Codhey, ya que al recibir el presupuesto de 2006 erogó inmediatamente 2 millones de pesos para saldar deudas que contrató el año anterior.

El ombudsman afirmó: "Sólo disponemos de 8 millones de pesos para afrontar las actividades programadas este año, sobre todo la promoción de los derechos humanos y para la investigación de 300 quejas pendientes". El personal de la Codhey, agregó, está integrado por 40 empleados, entre visitadores, proyectistas, administrativos y manuales.

Una relación de desencuentros

Las diferencias entre Patrón Laviada y la Codhey comenzaron a principios de 2005, cuando el organismo presentó los resultados de un estudio que realizó en noviembre de 2004 en tres centros penitenciarios del estado. El principal se localiza en Mérida y los otros en Tekax y Valladolid. Los visitadores documentaron condiciones insalubres y trato inhumano a los internos.

En su informe, la Codhey exigió mayor equidad para los reos y programas de rehabilitación.

Sostuvo que sólo 200 de los 2 mil 500 presos "gozaban de algunas medidas positivas", y solicitó al Ejecutivo que aplicara medidas preventivas y diera a los internos un "trato digno", pero no obtuvo respuesta.

Otra polémica fue resultado de la recomendación 23/2005 de la Codhey, dirigida al gobernador y al ex secretario de Salud, José Pereira Carcaño, por vejaciones a enfermos de VIH/sida. El caso fue denunciado por Carlos Méndez Benavides, responsable del albergue Oasis de San Juan de Dios, que brinda ayuda a los portadores del virus..

Anteriormente la Codhey, en su resolución 13/2005, pidió al gobierno y la Secretaría de Educación atendieran violaciones a derechos de trabajadores del Centro de Atención Múltiple para Carentes de Vista y Disminuidos Visuales, perteneciente al Poder Ejecutivo.

También hubo notificaciones por presuntos casos de acoso sexual en la Dirección de Vías Terrestres estatal, en los que estuvo involucrado el titular de la dependencia, Angel Rodríguez.

Como respuesta, Patrón Laviada pidió a la Codhey no entrometerse en asuntos gubernamentales y, en caso de denunciar, hacerlo con pruebas contundentes. "En nuestro gobierno respetamos los derechos humanos, pero al parecer hay gente que busca protagonismo (en alusión al ombudsman)".

En cuanto a la crisis económica de la Codhey, el gobernador atajó: "No hay dinero; que se ajuste (la comisión) a lo que tiene".

 
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