Usted está aquí: sábado 28 de enero de 2006 Capital Tras las rejas, la Mataviejitas; el lunes se define su situación legal

Impiden a la PGJDF participar en el cateo de su casa

Tras las rejas, la Mataviejitas; el lunes se define su situación legal

AGUSTIN SALGADO, ANGEL BOLAÑOS Y RENE RAMON REPORTEROS Y CORRESPONSAL

Ampliar la imagen Juana Barraza Zamperio durante su fichaje en el penal femenil de Santa Martha Acatitla

Ampliar la imagen Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México durante el cateo a la casa de la presunta asesina serial de ancianas Juana Barraza Zamperio Foto: Roberto García Ortiz

La presunta asesina serial de adultos mayores Juana Barraza Zamperio ya se encuentra recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se vio impedida de participar en el cateo realizado anoche en el domicilio de la acusada. La juez tercera del estado de México, Estela Fuentes Sánchez, autorizó únicamente a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad (PGJEM) el ingreso a la casa, ubicada en la colonia Izcalli Ayotla, del municipio de Ixtapaluca, y además sólo permitió el decomiso de joyas y otros objetos de valor.

Fuentes de la Fiscalía de Homicidios de la PGJDF señalaron que con dicha resolución judicial "se afecta la investigación", ya que una de las razones principales del cateo "era buscar batas, estetoscopios, pelucas y listados de personas" con los que operaba la Mataviejitas.

Minutos antes de las seis de la mañana policías judiciales del Distrito Federal trasladaron a Juana Barraza al penal femenil de Santa Martha Acatitla. En el pliego de consignación, que recayó en el juzgado 67 de lo penal, se inculpa a Barraza Zamperio de cuatro homicidios: de Luz María González Anaya, de 64 años (25 de noviembre de 2002); María Imelda Estrada Pérez, de 73 años (17 de noviembre de 2004); Emma Armenta, de 82 años (21 de julio de 2005), y el de Ana María Reyes Alfaro, de 89 años (27 de enero de 2006).

La representación social decidió separar los expedientes, por lo cual la única consignación con detenido fue la correspondiente al asesinato que perpetró el día de su aprehensión; las otras tres son "con pedimento de orden de aprehensión a los jueces que conozcan de los hechos".

A las 17 horas la presunta homicida serial se presentó en la rejilla de prácticas del juzgado 67 de lo penal vestida con el uniforme obligatorio; Juana Barraza afirmó ser analfabeta y se negó a rendir su declaración preparatoria. La procesada contará con los servicios del defensor de oficio Juan Mendoza, quien no solicitó la duplicidad de término, por lo cual el próximo lunes el juez determinará si le dicta o no el auto de formal prisión.

Por otra parte, trascendió que durante el cateo realizado por la PGJEM se hallaron dentro del domicilio de Barraza Zamperio dos altares: uno dedicado a la Santa Muerte y otro a Jesús Malverde, además de fotografías antiguas de la Mataviejitas con vestimenta de luchadora.

Recompensa al inquilino de la víctima

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, se reunió ayer con José Joel López González, inquilino de la última víctima de Juana Barraza, y quien propició su captura.

El mandatario capitalino le informó que recibirá la misma recompensa que los policías que realizaron la detención: un departamento y cien mil pesos, que utilizará para terminar sus estudios de economía.

El jefe del Ejecutivo local explicó que la recompensa provendrá de recursos del gobierno central, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del DF, debido a que en este caso no es posible tomarlos de la partida de estímulos y recompensas de las dos dependencias, porque está destinada exclusivamente a los miembros de sus corporaciones.

En su conferencia de prensa, el gobernante resaltó la importancia de ese reconocimiento para fortalecer la cultura de la denuncia entre la ciudadanía.

Por otra parte, Encinas rechazó la demanda de las diputadas del PAN Mariana Gómez del Campo y Gabriela González, de separar de su cargo al procurador Bernardo Bátiz, pues "los cargos de la administración pública del Distrito Federal no están sujetos a presiones, amenazas o chantajes", señaló.

 
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