La liberación de Martín Barrios
Mario Marín Torres, gobernador de Puebla, nunca imaginó la dimensión del conflicto que generaría al autorizar el encarcelamiento de Martín Barrios para complacer a un grupo de empresarios de la industria del vestido en Tehuacán, Puebla. Con este hecho pretendía inhibir el activismo de las organizaciones de derechos humanos y laborales que desde hace varios años vienen representando los intereses de indígenas y trabajadores de la zona.
La noticia sobre la detención de Barrios se difundió con impresionante rapidez en diversas partes del mundo, particularmente en Estados Unidos y Canadá, como muestra de una nueva dinámica solidaria a través de las redes y organizaciones no gubernamentales en defensa de las trabajadoras y los trabajadores de la industria de la confección, que maquilan para grandes corporaciones internacionales. En unas cuantas horas llegaron iniciativas de apoyo a Barrios y reconocimiento a su labor, preocupando incluso a las marcas receptoras de la maquila, como Levi Strauss, Tommy Hilfiger, Gap y Ralph Lauren, quienes se deslindaron de la detención, temerosas de que afectara su imagen pública frente a los consumidores, de alguna manera sensibles en materia de violaciones a los derechos humanos laborales. Organizaciones tan activas como la Red de Solidaridad con la Maquila (Maquila Solidarity Network), encabezada por la activista social Linda Yanz, se hermanaron con sindicatos estadunidenses, intelectuales, periodistas y organizaciones sociales, planteando nuevos escenarios de defensa social.
Martín Barrios es un personaje multifacético: músico rockero, premio nacional de poesía indígena, dirigente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, AC, receptor del reconocimiento Tata Vasco otorgado por el sistema de universidades jesuitas, consejero electoral, y dotado además de una inmensa simpatía personal, que le ha facilitado su cercanía con las comunidades desde hace más de 10 años, provocando el enojo de gobernantes, caciques y empresarios resistentes a cumplir con sus obligaciones derivadas de la ley.
La mañana del día 22 de noviembre de 2005 el empresario Lucio Gil, subcontratista del Grupo Tarrant, despide injustificadamente a 163 trabajadores y como salida fácil a la protesta laboral acusa al asesor de los trabajadores de chantaje. Más allá de que Martín Barrios se encontraba en un lugar distinto al afirmado por el denunciante, suponiendo que el defensor laboral le hubiese advertido que de no respetar los derechos de los trabajadores se ejercerían en su contra acciones legales, esta defensa jamás podría interpretarse como chantaje. Con esta lógica, todos los abogados laboralistas estaríamos hace tiempo tras las rejas. ¿Quién es el chantajista, el que ejerce la defensa de un derecho frente a un despido injustificado masivo, o el que utiliza el poder del Estado para amedrentar a los trabajadores despojados? En manos de un juez imparcial y de buena fe, la denuncia no hubiera generado credibilidad alguna; sin embargo, se impuso la presión empresarial y la parcialidad de la administración de justicia, razón por la cual la indignación creció día con día.
El Grupo Tarrant se expandió en Tehuacán por los años 1997-1999 a través de Kamel Nacif, quien se convirtió en su presidente. En diversos informes producto de la investigación de Barrios y Rodrigo Santiago consta la resistencia de dicho grupo a cumplir con sus obligaciones laborales, en particular respecto a la formación de sindicatos democráticos. Un caso concreto que continúa siendo motivo de litigio internacional, en el entorno del Acuerdo de Colaboración Laboral de América del Norte, es el de la empresa Tarrant México, en la que sus trabajadores hace un par de años intentaron el registro de un sindicato independiente, mismo que les fue negado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla, resolución fundada en motivos absurdos. Sostuvo la junta laboral que era improcedente el registro solicitado pues existía un error mecanográfico en el apellido de un trabajador en el padrón de socios, y que se había incumplido la obligación legal de entregar la solicitud de registro por duplicado, toda vez que se habían exhibido tan sólo dos ejemplares, y que conforme a su interpretación, la palabra "duplicado" significaba tres ejemplares, dos copias y un original, y como nada más se presentaron dos, no podía otorgar el registro sindical. Como suele ser común, mientras tanto los trabajadores fueron despedidos y continúan pendientes sus reclamos en el marco del acuerdo trinacional laboral y ante la Organización Internacional del Trabajo.
Las denuncias en las que ha participado valientemente Barrios, con otros luchadores sociales -entre los que se distinguen su propia madre Concepción Hernández Méndez y su hermana Inti Barrios Hernández-, no se han limitado al ámbito laboral, abarcan también temas de derechos humanos, culturales y ambientales; sobre estos últimos destaca la queja sobre el impacto de las sustancias químicas utilizadas por las empresas que lavan mezclillas, generadoras de residuos tóxicos y contaminantes vertidos en los drenajes que finalmente regaban los cultivos de maíz y legumbres. Estas denuncias generaron la primera recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1992.
Lo que se inició como un intento gubernamental de amedrentar a Martín Barrios se convirtió en una bola de nieve que obligó al gobierno poblano a liberarlo antes del primer informe, a celebrarse mañana domingo. Terminó así una aventura en la que se impuso el valor de la solidaridad, que con gran dinamismo condenó su injusto encarcelamiento. Barrios se encuentra al lado de su gente, y seguramente continúa luchando por las mejores causas. Volquemos esta renovada energía popular a favor de Lydia Cacho, para que se desvanezcan también las injustas acusaciones en su contra.