Usted está aquí: lunes 9 de enero de 2006 Opinión Las elecciones no deben ser asunto de seguridad nacional

Javier Oliva Posada

Las elecciones no deben ser asunto de seguridad nacional

O al menos sus resultados y la aceptación de los mismos no debieran serlo. En términos generales, los procesos electorales, desde su inicio, organización y conocimiento de los resultados, han dejado de ser escenarios de tensión y agitación. Incluso es más frecuente observar conflictos en el interior de los partidos políticos por los procedimientos y selección de candidatos. No hace mucho tiempo la agenda electoral era también la previsible ruta de negociaciones políticas locales que terminaban integrándose a las prioridades de la coyuntura nacional. En ese terreno, hay avances incuestionables.

La postura y consigna: Democracia, cuando gano. Fraude, cuando pierdo, lentamente se va alejando de los partidos y candidatos que no acaban de reconocer que las decisiones en las urnas pueden beneficiarlos o no. Por inaudito que pareciera, aún hay quienes desde distintas visiones suponen que en la competencia electoral se puede ganar todo. Y ya no es así. La pluralidad en la representación la proporciona, en efecto, la diversidad en la oferta de partidos y candidatos. La dispersión en la selección de candidatos conduce, desde luego, a largas sesiones de negociación entre las fuerzas que alcanzan cierto grado de influencia en la opinión del electorado. Democracia, pluralismo y negociación son partes unívocas de la naturaleza del sistema de partidos en nuestro país.

Por eso, ante la inminencia del arranque de las campañas por la Presidencia de la República, las propuestas, planteamientos y ofertas a la sociedad deberán mantenerse en el ámbito de la viabilidad para su realización. La promesa desenfrenada, sin el tamiz de los márgenes de la ley, ignorando la disposición de recursos y, desde luego, desconociendo la presencia de los otros partidos y fuerzas políticas, es el mejor camino para la confrontación y el conflicto. No por lo que hace a los resultados y la aceptación de los mismos, sino al ejercicio del poder político. La negociación y la formulación de los compromisos para el momento del triunfo son aspectos que debieran considerar los competidores por el Poder Ejecutivo.

Por eso competir, registrar la candidatura presidencial, una plataforma electoral, contar con el acompañamiento de candidatos al Congreso General, son evidencias de que las reglas se han aceptado y que el resultado en las urnas será sin lugar a dudas el que cuente y el único reconocido. Ni encuestas ni sondeos de opinión o los compromisos con grupos de cualquier tipo valen lo que los votos contados y asentados en cada una de las actas de escrutinio. Suponer o insinuar otro camino, nos regresa -como sociedad y sistema político- a la etapa de los conflictos postelectorales como asuntos de seguridad nacional. Ya no estamos para eso.

Las instituciones encargadas del proceso electoral, así como los partidos políticos, y en primer lugar los candidatos, son los encargados de conferir en sus acciones y discursos la certeza y aceptación de los resultados. La certeza, equidad, transparencia en la procedencia y destino de los recursos son los aditamentos para propiciar un ambiente de confianza a la participación de la ciudadanía. En ese contexto, el gobierno del presidente Fox tiene un rol protagónico. Si pretende participar o influir de cualquier manera para obtener resultados favorables al candidato de su partido, no sólo no respetará las bases fundamentales de la competencia, sino que incurrirá en un acto de flagrante omisión al no recordar cómo y en qué condiciones se dio la alternancia.

Vendrán momentos de tensión, de ataques, pero al final prevalecerá la opinión expresada en cada una de las millones de boletas. Es tarea prioritaria de partidos y candidatos dar consistencia y nivel a la contienda que arranca el próximo jueves 19. ¡Vaaaaamonos!

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