Autonomías financieras y voluntad ciudadana
Desde que comenzaron las reformas orientadas a privilegiar al mercado en detrimento del Estado se planteó que los bancos centrales se ''blindaran'' de los procesos políticos. Se argumentaba la necesidad de ''restaurar la confianza'' en la política monetaria para vencer a la inflación. Este propósito sólo se podía conseguir si se otorgaba autonomía a los bancos centrales, dotándolos de objetivos limitados, en algunos casos incluso únicos: combatir la inflación, y además eligir a sus funcionarios para periodos largos y distintos a los de las administraciones elegidas. Con este fin se modificaron las leyes de esos bancos, así como las constituciones. Ello no necesariamente fue resultado de procesos democráticos.
Las modificaciones legales ocurrieron en México en los últimos años del régimen salinista. El proceso electoral de 1988 no fue limpio. Ese gobierno no surgió de la voluntad libre de los ciudadanos. Tampoco lo fueron las legislaturas habidas en ese sexenio, en las que había una mayoría absoluta de priístas. Las reformas promovidas por el Ejecutivo fueron aprobadas por legisladores de esa mayoría obediente. Para el sistema financiero se hicieron modificaciones sustanciales que terminaron con lo que peyorativamente se llamaba el ''régimen de represión financiera'' para construir uno liberalizado. La discusión de estas reformas se limitó a consignar los argumentos de la oposición en las actas respectivas. Se impuso la democracia priísta, no una verdadera.
Ello preparaba las condiciones para regresar a manos privadas la administración de los bancos comerciales, al tiempo que se llevaba al segundo piso a los bancos estatales, es decir, se les impidió prestar directamente a sus usuarios, obligando a hacerlo a través de los bancos que se estaban privatizando. El proceso de venta de los bancos estatales se hizo también al estilo priísta, determinando que el único criterio para asignar esos bancos fuera la oferta económica. El responsable fue Guillermo Ortiz, entonces subsecretario de Hacienda. Ciertamente este proceso no fue impoluto. Se dijo que, sin embargo, era ejemplo mundial de una privatización exitosa.
El supuesto éxito fue efímero. En poco tiempo, los bancos privatizados entraron en una crisis derivada de una gestión alejada de prácticas adecuadas, pero alentada por el nuevo marco legal que permitía a los bancos operar bajo sus propios criterios crediticios. La supervisión que tenía que llevar a cabo la Comisión Nacional Bancaria fue, para decir lo menos, permisiva. Mientras tanto, un Banco de México autónomo había empezado a funcionar, con las mismas autoridades anteriores, postergando la elección de su nuevo mando en las nuevas condiciones.
La elección del siguiente gobierno priísta tampoco estuvo exenta de denuncias. La mayoría priísta en el Congreso se logró utilizando prácticas electorales que escandalizan a cualquier demócrata. De nuevo esa versión priísta de la democracia. Así las cosas, con un sistema bancario en bancarrota, el banco central autónomo entró a hacer la tarea sucia. El Fobaproa, fideicomiso en el Banco de México, evidenció la operación discrecional e ilegal de los funcionarios financieros priístas para salvar sus errores. Uno de los responsables fue Guillermo Ortiz, ahora secretario de Hacienda, junto con funcionarios del propio Banco de México.
En una legislatura que, por primera vez, no determinaba el PRI, se discutió la salida a la crisis bancaria. Una nueva mayoría operada por algunos legisladores panistas, junto con la bancada priísta, aprobaron la creación del IPAB y pretendieron enterrar al Fobaproa. En ese nuevo organismo los panistas exigieron que no participara Guillermo Ortiz porque carecía de solvencia moral. Ortiz, flamante gobernador del Banco de México, organismo autónomo, propuesto por Zedillo y ratificado por un Senado mayoritariamente priísta. Así que los funcionarios financieros priístas se hicieron funcionarios autónomos.
La autonomía del Banco de México debe ser calificada. Los eventuales logros, que han tenido costos sociales que no pueden soslayarse, no derivan de su alejamiento del ciclo político, sino de su tozudez para aplicar medidas que han favorecido el ciclo recesivo. Nunca han sido autónomos de la ortodoxia dominante. Por ello, ni esa institución, ni las comisiones de supervisión y control bancario y de valores, del SAR y de seguros y fianzas, mucho menos el Servicio de Administración Tributaria pueden ser autónomos de un gobierno que se proponga cambiar el modelo económico y que precisamente por eso sea votado por los electores. La autonomía no puede impedir que la voluntad ciudadana se aplique.