Greenpeace: las anomalías, en zona de Guerrero
Otorgan autoridades concesión ilegal a empresa que busca privatizar isla
Greenpeace denunció que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó, en una "concesión ilegal", 63 hectáreas a una empresa particular que pretende privatizar la isla de La Roqueta, zona federal y patrimonio de los mexicanos.
De acuerdo con Alejandro Olivera, coordinador de la Campaña de Océanos de esa agrupación ambientalista, los inversionistas, Fidel Magdalena Junco, Joaquín Haces Perdomo, Ana Victoria Junco y María Cristina Perdomo Zepeda, pretenden construir un zoológico con especies exóticas y en peligro de extinción, entre otros desarrollos, para lo cual obtuvieron "apoyos a fondo perdido" de la Secretaría de Economía, por 4 millones de pesos, y otra cantidad similar de Agroindustrias del Sur, organismo público descentralizado del gobierno del estado de Guerrero.
Ese plan de negocios corresponde al proyecto de la empresa Aca Extremo La Roqueta, SA de CV, el cual considera la construcción de un delfinario, tirolesas, infraestructura para rapel, seis cabañas, cafetería-bar y una tienda. Entre las especies en peligro de extinción que tendrían en el zoológico se incluyen el mono araña y el ocelote. La inversión inicial se estima en 3 millones 984 mil 677 pesos.
Según Olivera, la concesión fue otorgada por la Semarnat, en conjunto con la Secretaría de Marina (Semar), a través de una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (Uma), la cual "pretende ignorar decretos y acuerdos presidenciales que adjudican a la Semar el control directo de la isla y que señalan expresamente que cualquier concesión deberá cumplir ciertas condiciones". En particular, dos: ajustarse al Plan de Desarrollo Turístico de la isla, el cual "no existe", y contar con la acreditación de la Secretaría de Turismo (Sectur), la cual desconoce el proyecto.
A las anomalías anteriores, dijo Olivera, se suma el hecho de que los empresarios "le han mentido a la Semar, al afirmar que sólo se trata de una remodelación, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, al no presentarles el proyecto completo con la intención de eludir trámites".
Además, insistió en que el proyecto no ha sido sometido a la consideración de la Sectur, ni de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Guerrero. Olivera aseguró que cualquiera de estas omisiones "sería condición suficiente para cancelar el permiso de operación de la Uma, ya que en el trámite efectuado ante la Semarnat se establece que cualquier violación o incumplimiento dará origen a la cancelación del proyecto".
El representante de Greenpeace calificó como "inaceptable que la administración de Zeferino Torreblanca tolere el hostigamiento contra ecologistas que defienden los bosques y a la vez facilite este tipo de irregularidades al obsequiar 8 millones de pesos a una persona como Fidel Magdalena Junco, quien tiene antecedentes por tráfico ilícito de fauna silvestre (en 2003 le fueron confiscadas 500 tarántulas de procedencia ilegal en el aeropuerto del Distrito Federal), además de ser corresponsable de la muerte de cinco delfines que permanecían en cautiverio en Isla Mujeres".