Usted está aquí: jueves 15 de diciembre de 2005 Política El Poder Judicial dispondrá de recursos para adquirir inmuebles

La decisión legislativa no implicará más cargos al erario

El Poder Judicial dispondrá de recursos para adquirir inmuebles

ANDREA BECERRIL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los demás organismos del Poder Judicial de la Federación contarán con un fondo de apoyo destinado a la adquisición, construcción y remodelación de sus bienes inmuebles; la compra o reparación de mobiliario en oficinas, así como la capacitación y especialización de su personal.

Ello una vez que el Senado de la República aprobó la minuta con reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que posibilitan la creación de ese fondo que, de acuerdo con el dictamen respectivo, no implicará cargo adicional para el erario, toda vez que se integrará "con recursos generados a partir del quehacer jurisdiccional".

El fondo se constituirá con los intereses de las inversiones de recursos propios y ajenos que lleven a cabo las autoridades de las diversas instituciones. Entre los primeros están las donaciones y los provenientes del patrimonio del Poder Judicial de la Federación.

Los segundos provendrán de los intereses generados por las inversiones en depósitos en dinero o en valores que se hagan ante los juzgados y tribunales del Poder Judicial, se precisa en el dictamen, aprobado en la sesión del martes pasado y turnado al Ejecutivo para su promulgación.

La reforma establece que ese fondo será administrado y supervisado por el Consejo de la Judicatura Federal mediante un fideicomiso.

"Los recursos se invertirán en valores y depósitos en renta fija del más alto rendimiento, siempre y cuando no se pierda la disponibilidad inmediata y suficiente de las sumas que resulte necesario integrar a los depositantes o entregar a los particulares que tengan derecho a ello", se advierte.

En la exposición de motivos los senadores señalan que comparten con el autor de la iniciativa, el diputado priísta José Porfirio Alarcón, la tesis de que "la justicia, en tanto constituye un valor -como ideal, como servicio público, como garantía constitucional y derecho público fundamental-, requiere de importantes recursos para que se garantice su administración de manera pronta, completa, imparcial y gratuita".

 
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