Paulo Braga, Buenos Aires

El presidente argentino Néstor Kirchner dio la semana pasada una fuerte señal de que reforzará su control de la gestión financiera, retirando de la escena a Roberto Lavagna, el ministro que manejó la economía durante el que fue uno de los periodos más turbulentos en la historia reciente del país, y que consiguió éxitos incuestionables.

Lavagna dejó su puesto en medio de desacuerdos respecto de la forma de contener una inflación creciente. Su salida del Ministerio de Economía y Producción fue, además, consecuencia del resultado obtenido por el presidente en las elecciones parlamentarias de fines de octubre. El gran caudal de votos que obtuvieron los candidatos del oficialismo hizo que Kirchner se sintiera suficientemente cómodo para prescindir de un hombre que lo ayudó con su popularidad, pero que actuaba de manera demasiado autónoma, lo que frecuentemente lo incomodaba.

La remplazante de Lavagna es Felisa Miceli, economista que comandaba el Banco de la Nación, la más grande institución financiera pública del país y la primera mujer en la historia en ocupar ese ministerio.

El logro mayor de la gestión de Lavagna fue concretar la más grande restructuración de deuda pública de la historia, que involucró más de 100 mil millones de dólares, imponiendo a los acreedores una quita sin precedentes.

Paralelamente, tuvo que lidiar con el desorden económico que se siguió a la devaluación del peso argentino, que estuvo por más de 10 años atado al dólar estadunidense. En el camino que en ese entonces fijó el ministro Domingo Cavallo, se rompieron muchos contratos, los ahorros de la población se trocaron en pesos no convertibles en dólares y fueron retenidos en el llamado corralito, mientras los índices de pobreza y desocupación crecían de modo alarmante.

Lavagna deja el gobierno con una situación indudablemente mejor que cuando asumió el puesto todavía durante el gobierno de Duhalde, en abril del 2002, menos de cuatro meses después del colapso del régimen de convertibilidad. Luego fue confirmado en su puesto por Kirchner, en mayo de 2003.

El país vivía entonces una profunda depresión económica, con una pérdida del producto interno bruto que superó 20 por ciento entre la mitad de1998 y el segundo trimestre de 2002. A mediados de ese año el dólar se acercaba a cuatro pesos, después de haber estado a la par del peso argentino, y la desocupación llegaba al récord de 24 por ciento. Mientras, la proporción de argentinos viviendo bajo la línea de pobreza alcanzaba la cifra sin precedentes de 57.5 por ciento.

Tres años y medio después, el país muestra registros mucho más positivos. Desde que la economía tocó fondo, la recuperación acumulada del producto es de 31.5 por ciento, hasta el tercer trimestre de este año, y la expectativa es que el crecimiento económico se acerque a 8 por ciento en 2005. La desocupación bajó a 14.1 por ciento, mientras que si se consideran ocupados a los beneficiarios de un subsidio de casi 55 dólares mensuales otorgado por el Estado a jefes de familia desocupados, la tasa desciende a 11.1 por ciento.

El tipo de cambio se estabilizó en una suerte de "nueva convertibilidad", en la que intervenciones sistemáticas del banco central sostienen al dólar en un rango de 2.90 a tres pesos, con el objetivo explícito de mantener la competitividad de los productos argentinos, apalancando, así, una recuperación del perfil industrial de la economía. La proporción de pobres todavía es alta, pero bajó a 38 por ciento.

La carencia más notable de la gestión de Lavagna quizás haya sido la dificultad para contener la escalada inflacionaria, que en noviembre llegó a 12 por ciento anual. Pero, según la mayoría de los analistas, las políticas de la gestión de Miceli llevará a Argentina a convivir con una inflación alta, por lo menos a lo largo de 2006.

"Estamos más lejos que antes de la aplicación de políticas macroeconómicas menos expansivas en el plano fiscal, monetario y de ingresos, que den lugar a una reducción de la tasa de inflación", afirmó la economista Vanesa Broda, de la consultora porteña Estudio Broda. Agregó que el alza de los precios en 2006 estará "un escalón más arriba que con Lavagna".

La visión dominante entre los analistas es que Lavagna estaría más inclinado a adoptar medidas de carácter "ortodoxo" para remediar la subida de los precios. En el menú entrarían, de manera moderada, la elevación de las tasas de interés, la desaceleración del gasto público y, quizás, algo de apreciación en el tipo de cambio. Con la nueva ministra, en cambio, la visión es que será preferible tolerar una inflación más alta que ahogar el crecimiento. "Se debe pasar por inflación más alta de la deseada. Es eso o la paz de los cementerios", dijo Miceli en una entrevista concedida antes de asumir su nueva función.

Con las primeras medidas anunciadas desde que tomó posesión del ministerio, el gobierno ha aclarado que privilegiará acciones "heterodoxas" en la pelea contra la inflación, con un intervencionismo estatal más acentuado y la presión sobre las empresas para que no suban sus precios.

Tras enfrentar acusaciones directas de "cartelización" por parte del presidente Kirchner, los dueños de las grandes redes de supermercados cerraron a fines de la semana pasada un acuerdo para rebajar, en 15 por ciento y hasta el 31 de enero, los precios de 250 productos de consumo básico como alimentos, artículos de tocador, limpieza y vestimenta.

Kirchner y Miceli también convocaron a intendentes de la provincia de Buenos Aires, la más importante del país, a participar de la fiscalización a los negocios por medio de la llamada Liga de Seguimiento de Precios, que hará listas con las mejores ofertas en cada distrito. Las autoridades quieren, además, ampliar los poderes de las áreas oficiales dedicadas a la defensa de la competencia y de los consumidores. En el diagnóstico sobre la raíz de los incrementos de precios, el presidente ha mantenido su habitual tono de enfrentamiento, responsabilizando a los comerciantes por "atacar al bolsillo de los argentinos".

La actitud pública de Miceli ha sido más conciliatoria, con el reconocimiento de que las alzas en los supermercados no son el problema de fondo. La ministra calificó el acuerdo alcanzado con las empresas de "muy importante, porque nos permitirá resolver en el cortísimo plazo temas de los precios de alimentos, vestimentas y artículos de tocador". Pero admitió que la inflación argentina tiene entre sus causas la dificultad del sector productivo para atender la creciente demanda. La ministra dijo que el acuerdo de precios permitirá que las autoridades tengan tiempo "para que en breve lapso podamos tener soluciones de fondo a los problemas de la oferta".

Entre las iniciativas que deben anunciarse a la brevedad está la concesión de créditos para que el sector productivo, que en la mayoría de los rubros opera al límite de la capacidad instalada, pueda ampliar su producción. El interrogante es si la mejora de la productividad llegará a tiempo para impedir que el proceso inflacionario se intensifique §

A PAGAR FACTURAS

La huelga lanzada hace un par de semanas por pilotos y técnicos de la empresa Aerolíneas Argentinas es buen ejemplo de los desafíos que tendrá que enfrentar la nueva ministra argentina de Economía y Producción, Felisa Miceli.

Miceli llega al gobierno cuando aumentan las presiones para que los trabajadores sean compensados por las pérdidas salariales sufridas en años recientes, mientras el fuerte crecimiento de la economía registrado durante la gestión de Roberto Lavagna, el anterior ministro, no se expresa aún en una mejoría generalizada de las condiciones salariales y de vida de la población.

Reivindicando los aumentos, los empleados de la firma aérea paralizaron actividades durante nueve días, dejando varados a 90 mil pasajeros y ocasionando pérdidas directas por 10 millones de dólares, según la empresa, responsable de 80 por ciento del transporte aéreo local. El paro tuvo además un costo difícil de calcular, porque causó la cancelación de un número indeterminado de reservaciones de turistas que pretendían vacacionar en Argentina.

El viernes 2 de diciembre, los sindicatos aceptaron una tregua de 90 días a cambio de un aumento salarial de entre 400 y 450 pesos argentinos (134 y 150 dólares, respectivamente) de carácter no remunerativo y la reincorporación de los trabajadores despedidos durante la medida de fuerza.

Antes de la resolución del conflicto, la compañía acusó a los sindicatos de promover la huelga en un intento por restatizar de la empresa. Aunque el gobierno se ha desvinculado de dichas intenciones, algunos funcionarios no ocultan su insatisfacción por el hecho de que el país ya no tenga una línea aérea estatal, luego de la privatización concretada por el gobierno de Carlos Menem. Esa misma cuestión fue manifestada incluso por el presidente Néstor Kirchner.

Pero la señal más fuerte de que el gobierno no tiene simpatía por la dirigencia de la compañía fue la designación del líder gremial Ricardo Cirielli para el puesto de subsecretario de Transporte Aerocomercial, es decir, el funcionario directamente responsable de los nexos entre la empresa y el gobierno. Cirielli es presidente con licencia del gremio de técnicos aeronáuticos, uno de los participantes en el paro, y no oculta su deseo de que la compañía vuelva a manos del Estado.

El grupo español Marsans mantiene el control de la empresa aérea. Desde 2001 Aerolíneas Argentinas ha logrado recuperarse de una grave crisis, aprovechando el impulso que ha tenido el turismo en el país tras la devaluación de enero de 2002.

Desde que Marsans se hizo cargo, Aerolíneas Argentinas obtuvo resultados financieros positivos entre 2002 a 2004. El Estado preserva una participación minoritaria de 1.24 por ciento en el capital, y utilizó su poder de voto en el directorio para impugnar los tres últimos balances. El año pasado la firma obtuvo ganancias por 32 millones de dólares y proyectaba aumentarlas a 50 millones en 2005.

La acción de los empleados de la aerolínea ilustra las presiones sobre Miceli para que priorice la recomposición del poder adquisitivo de la población. Según el economista Aldo Ferrer, que fue profesor de Miceli y es muy respetado por el presidente Kirchner, el ordenamiento de la situación económica concretado por Lavagna "es la plataforma para avanzar en una nueva etapa caracterizada por la necesidad de insistir en el aspecto redistributivo. Creo que ahora hay más condiciones para avanzar en la agenda pendiente de combate a la pobreza, el desempleo y la desigualdad".

Mientras, el ministro del Trabajo, Carlos Tomada, negó que la huelga sea señal de radicalización de los conflictos gremiales. "Enfrentamos una conflictividad normal en un país que tiene crecimiento económico, donde se discute la capacidad adquisitiva del salario. Para nada creo que haya un conflicto desbordado", enfatizó.

Lo cierto es que el alza inflacionaria tiende a intensificar los reclamos por la recuperación de los salarios, y la ministra Miceli tendrá que conciliar las demandas laborales con la imposición de límites para impedir que eventuales aumentos actúen como factores que puedan retroalimentar la subida de precios.

La clave para Miceli será impedir que la intensificación de la llamada "puja distributiva" genere presiones que terminen por originar mecanismos de indexación de la economía, lo que podría desencadenar una espiral inflacionaria §