Ahorro rural: Fobaproa al revés
Las cajas de ahorro rurales han sido por mucho tiempo la única alternativa de servicios financieros para los pobres del campo. No sólo: también han sido un espacio de organización y de educación para ellos. Esto se acentúa desde que Banrural desaparece del paisaje campirano y cuando por "razones de rentabilidad" se retiran de los pueblos las pocas oficinas de la banca comercial que quedaban. Las familias campesinas tienen que escoger si desean un crédito: o el agio o las cooperativas de ahorro.
Las cajas rurales, construidas desde abajo, con los campesinos, con el apoyo de algunos promotores sociales o de la Iglesia, enfrentan ahora una gran amenaza: la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), promulgada en junio de 2001, ante algunos fraudes e irregularidades cometidos esos años, sobre todo en dos de las más de 600 cajas de ahorro entonces registradas.
La citada ley, desde el principio, tiene un enorme problema: su inoperancia. Entraña tantas condiciones y trámites para llevarse a la práctica que su entrada en vigor se pospone en tres ocasiones. Ahora nuevamente entrará en vigor, pero se dará una prórroga de tres años más para que las instituciones de ahorro rural puedan llenar el cúmulo de requisitos que se les exigen. De las más de 600 que existen sólo dos llenan las inagotables exigencias gubernamentales.
Los organismos rurales de ahorro, crédito y servicios educativos, agrupados, entre otras organizaciones, en La Colmena Milenaria, de ninguna manera se oponen a la legislación y regulación en esta materia. Todo lo contrario: ven la necesidad de proteger a los ahorradores. Inclusive ven en la actual LACP algunas oportunidades o ventajas: posibilidad de fortalecer una oferta de ahorro seguro y confiable para el gran público, la creación de un fondo de aseguramiento para los depósitos, posibilidades de capacitación, y asesoría y profesionalización de las entidades del sector.
Pero son más fuertes las amenazas y desventajas: en primer lugar, la LACP está hecha con desconocimiento craso del sector, tratando de aplicar a las cajas de ahorro parámetros como si fueran "bancos en chiquito", lo que torna la reglamentación totalmente inadecuada e incumplibles los requisitos legales, fiscales, contables, etcétera. Los altos costos de supervisión, de adaptación al marco reglamentario, harán mucho más caro el servicio precisamente a quienes más lo necesitan: los ahorradores rurales pobres.
No se trata de una ley que fomente el ahorro, lo más demandado por la economía nacional, sino que privilegia el control y resulta restrictiva. Se corre el riesgo de cerrar la puerta a las instituciones más pequeñas, precisamente las que están más cerca de los pobres. Al mismo tiempo, la normatividad condena a las instituciones a ser eternamente "chiquitas".
Aunque sin duda hay buenas intenciones en este proceso, se está llevando a cabo una estrategia equivocada de "voluntarismo" y negación de la realidad, promovida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por Hacienda y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). Se han gastado a la fecha más de 60 millones de dólares recibidos del Banco Mundial en el pago a consultores internacionales, a despachos fiscales y contables, en el fortalecimiento del Bansefi, etcétera. Pero las cajas de ahorros que quieren regularizarse han visto muy poco de esa cantidad y sólo han recibido pocas y muy deficientes asesorías.
Las cajas organizadas no tienen una estrategia de rechazo a la LACP. Están pidiendo a las comisiones de la Cámara un periodo de transición más prolongado, viable, bajo la supervisión de una federación. Un esquema reglamentario específico para el medio rural, no calcado de los bancos. A la CNBV le demandan simplificar y adecuar las normas prudenciales para las organizaciones que trabajan con poblaciones rurales pobres.
El medio rural desde hace 22 años viene siendo abandonado por el Estado y por el mercado. La Financiera Rural es un manojo de promesas y una bicoca de realidades. La banca comercial nunca volverá al campo mexicano. Por eso es importante que se apoye a las cajas populares, solidarias, cooperativas que se han venido construyendo las familias campesinas y que, poco a poco, han demostrado seriedad, profesionalismo y cercanía a las necesidades de la gente. Si el Ejecutivo y el Legislativo se siguen haciendo sordos a las demandas de las cooperativas rurales de ahorro y crédito estarán replicando el Fobaproa, pero al revés: antes, la intervención gubernamental sirvió para rescatar los bancos de los ricos; ahora puede servir para aniquilar a las cooperativas de los pobres.