Usted está aquí: jueves 8 de diciembre de 2005 Mundo Acusa grupo británico a Bush y Blair de crímenes de guerra en Irak

Investigar violaciones a la legislación internacional, demandan a la ONU

Acusa grupo británico a Bush y Blair de crímenes de guerra en Irak

Los pacifistas envían a Kofi Annan y al fiscal general de Gran Bretaña 28 cargos documentados

THE INDEPENDENT

Londres, 7 de diciembre. Los gobiernos encabezados por Tony Blair, en Gran Bretaña, y George W. Bush, en Estados Unidos, fueron hoy acusados por un grupo de opositores británicos al conflicto -incluido el dramaturgo y premio Nobel de Literatura 2005, Harold Pinter- de haber cometido crímenes de guerra en Irak, y también pidió al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, una investigación sobre las violaciones a la legislación internacional.

En tribunales de Londres, dos ciudadanos británicos "comunes" fueron sentenciados a purgar penas pecuniarias por protestar contra la guerra en Irak, mientras que el teniente de la Real Fuerza Aérea Malcolm Kendall Smith, de 37 años de edad, fue presentado ante una corte marcial en Escocia por rehusarse a viajar -por tercera ocasión- con las tropas asignadas a Irak, con el argumento de que la invasión contra el país árabe fue un acto ilegal.

Los pacifistas británicos enviaron a Annan y al fiscal general de Gran Bretaña, Peter Henry Goldsmith, 28 acusaciones documentadas que también responsabilizan a ministros, funcionarios y militares de alto rango participantes en las decisiones que finalmente llevaron a la invasión de Irak, en marzo de 2003.

Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron esa guerra de ocupación a pesar de que actuaron sin consentimiento del órgano ejecutivo de la ONU, el Consejo de Seguridad, señalaron los pacifistas, entre quienes figuran también el ex parlamentario laborista Tony Benn y el profesor universitario Richard Dawkins.

"Las acusaciones están cuidadosamente documentadas y queremos que los responsables rindan cuentas", afirmó Benn, quien habló en nombre del grupo.

Uno de los objetivos de presentar la demanda contra Blair es impedir que respalde una vez más acciones militares propuestas por Bush, particularmente en un intento de invasión a Irán, país al que la Unión Europea y Estados Unidos han amenazado con "sanciones" -militares y económicas, eventualmente- por enriquecer uranio en una de sus plantas nucleares, explicó Benn.

Algunos de los 28 cargos contra los gobernantes son el uso de fósforo blanco en el asalto a Fallujah -enclave de la resistencia sunita, en noviembre de 2004-, la destrucción deliberada de hospitales civiles, daños a la infraestructura e indiferencia con la protección de los bienes culturales de Irak.

Condenan a activistas antiguerra

En los tribunales de Gran Bretaña, mientras tanto, este miércoles fueron desahogados tres casos cuyo eje central fue la oposición activa a la guerra en Irak.

Una mujer fue sentenciada a pagar 180 dólares por haber leído en octubre pasado en la calle Dowming de Londres -sede de la oficina del primer ministro- una lista con los nombres de algunos de los miles de civiles iraquíes muertos en el país invadido.

Para emitir la condena contra Maya Evans, de 25 años, un juez de Londres recurrió por vez primera a una legislación que dio pie recientemente a la creación de una zona de exclusión alrededor del Parlamento británico.

Un magistrado en la localidad de Chippenham ordenó a un hombre de negocios retirado, Douglas Barker, de 72 años, que restituya al gobierno británico 2 mil 47 dólares que no pagó como impuestos sobre la renta en el segundo semestre de 2005, con el argumento de que el gobierno de Blair utilizaría ese dinero para financiar el gasto militar en un conflicto fuera de la legalidad internacional.

Barker pretendía entregar la suma de dinero -equivalente a 10 por ciento del total de los impuestos que debía pagar por sus ingresos personales- a una institución de beneficencia pública.

Pese a que el magistrado le ordenó liquidar la deuda con el fisco, Barker anunció que el tributo será entregado a una institución gubernamental que no esté relacionada con las fuerzas armadas, posiblemente al Servicio Nacional de Salud.

 
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