Editorial
Diputados: reforma vergonzosa
La reforma a la Ley de Radio y Televisión, aprobada de manera unánime por la Cámara de Diputados el primer día de este mes, constituye una expresión más del desmedido afán del grupo en el poder, conformado por panistas y priístas, por mantenerlo más allá de 2006, atrincherarse en instancias del gobierno susceptibles de autonomía la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en este caso y profundizar la concentración oligárquica de recursos en unas cuantas manos. Que el intento haya quedado en lo inmediato en la indefinición, toda vez que el Senado devolvió el proyecto a la colegisladora, no atenúa el grave peligro de que sea al final aprobado bajo presión del duopolio Televisa-Televisión Azteca y los grupos de interés político-empresarial que le son afines, ni disminuye su carácter agraviante para el conjunto de la sociedad.
Por principio de cuentas, debe recordarse que el espectro radioeléctrico en el territorio nacional es propiedad de la nación, y que la administración pública, por mero sentido común y básico civismo, debiera obligarse a garantizar que todos los sectores del país puedan acceder a él y beneficiarse con su utilización. Hasta la fecha, la alianza corrupta entre los intereses del sistema político y los de los grandes capitales ha otorgado y refrendado en forma facciosa las concesiones correspondientes y ha privilegiado a los consorcios comerciales sobre los grupos y organizaciones sociales en el acceso a las frecuencias radiales y televisivas en todas sus bandas. Las instituciones de enseñanza superior, las comunidades y las organizaciones no gubernamentales se han visto así marginadas en la asignación discrecional de frecuencias.
Con la disposición de subastar las señales al mejor postor, la modificación aprobada por los diputados reforzaría, de entrar en vigor, ese fenómeno, e iría más allá: propiciaría una concentración aún más pronunciada de las concesiones en las dos grandes corporaciones televisivas, en detrimento de los pequeños y medianos operadores; incluso las grandes cadenas radiales quedarían excluidas de la competencia. No es de extrañar, por ello, que la medida legislativa haya generado una abierta división en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).
La actual manera discrecional y arbitraria con que el Ejecutivo federal otorga y renueva concesiones de radio y televisión es sin duda inaceptable y debe ser suprimida; pero esta consideración no justifica que la discrecionalidad y la arbitrariedad se trasladen a la Cofetel, dependencia menor que en anteriores ocasiones ha dado muestras de incapacidad para actuar en forma independiente, y no se diga para poner orden en los desmanes y los abusos que cometen las grandes corporaciones en el empleo de sus concesiones. Menos justificable resulta la pretensión de rematar las frecuencias a quien ofrezca más dinero por ellas, porque eso significaría desterrar a la sociedad y al propio gobierno de los pocos espacios no comerciales de que disponen en el espectro radioeléctrico, y eliminar toda posible diversidad en la operación de estaciones comerciales de radio.
Este intento adicional por atrincherar y blindar al grupo en el poder, a costa del saqueo de la propiedad nacional y de la ética elemental que debiera imperar en los actos legislativos, puede entenderse en la coalición de facto entre panistas y priístas, que se ha mantenido vigente a lo largo de este sexenio; es incomprensible, en cambio, que los legisladores perredistas y petistas se hayan sumado a la aprobación de una reforma legal a todas luces oligárquica y contraria a las aspiraciones de democracia y justicia que alienta la sociedad. Las bancadas correspondientes debieran ofrecer una explicación, e incluso una disculpa a la opinión pública, por haberse sumado a una iniciativa que contradice en forma palmaria los principios y documentos de sus respectivos partidos.
Finalmente, los legisladores de ambas cámaras deben actuar con las necesidades nacionales en mente, y una de ellas es la de una televisión y una radio que respondan a los requerimientos de educación, cultura y participación de la ciudadanía, y no a los intereses comerciales de las corporaciones que colocan su negocio de entretenimiento y su poder de distorsión por encima del interés público.