Mora había recibido ese día un requerimiento de la Secretaría de la Función Pública para atender su queja y, palabras más o menos, le pidió una tregua.

"Nos habló de su trayectoria, de que tenía dos sexenios en Liconsa ­recuerda la mujer­. Dijo que no era político, sino empresario y que su intención era resolver el asunto, que no iba a estar tranquilo hasta devolverme mi lechería, que confiara un poco en él... al final me dijo que antes no lo había convencido, pero ahora sí".

Con "antes", el funcionario se refería a una reunión registrada en mayo, en la que sin más desechó las denuncias de Linda, quien para ese tiempo llevaba 13 meses peleando por no pagar un dinero que se embolsó el ex coordinador de crédito y cobranzas de Liconsa en la zona norte, Carlos López ­actualmente inhabilitado.

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Herlinda Avila ­Linda, le dicen­ es una mujer de voz suave que no rebasa el metro y medio. Trabaja la cestería, que aprendió, junto con otras mujeres, de una artesana de la unidad habitacional donde vive, en la delegación Tláhuac.

Ella adquirió su vivienda gracias al trabajo con la Unión Popular Nueva Tenochtitlan (que coordinaba en la colonia obrera Leslie Cerna). Ahí, dice, aprendió a trabajar en equipo. Durante 14 años ha trabajado en distintos grupos y redes de mujeres y artesanos.

Justo fue la idea con la que hace tres años aceptó el ofrecimiento de una conocida de hacerse cargo de tres lecherías de Liconsa: dos en Tlatelolco y una en la colonia Obrera.

"Me llamó la atención por el contacto con la gente, por la posibilidad de organizar y dar un servicio", dice.

El ofrecimiento se lo hizo una conocida que es trabajadora social en la empresa. Así que Linda entró como entran todos los concesionarios: recomendada.

Comenzó con las tres lecherías, pero al poco tiempo decidió quedarse sólo con una, la número 0913001000, ubicada en Isabel La Católica esquina con Diagonal 20 de Noviembre.

Así trabajó dos años, hasta que en abril de 2004 comenzaron sus problemas.

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Linda tomó posesión del local en abril de 2002.

Le presentaron, como coordinador de crédito y cobranzas de la Gerencia Metropolitana Norte, a Carlos Enrique López Sánchez ­hoy inhabilitado­. El hombre le dio dos cuentas distintas para hacer los depósitos, una a nombre de Liconsa y otra a nombre de él.

Fotografía: La Jornada/José Antonio López

A ella le extrañó el mecanismo y preguntó a un conciliador si eso era normal. (Los conciliadores son los responsables de checar cuánta leche reciben los concesionarios y cuanto pagan en el banco). El conciliador, Eduardo Chamorro, quien todavía trabaja en la empresa, le dijo que así estaba bien. El propio Carlos López, al enterarse de que Linda había preguntado, la recriminó.

"Me dijo: '¿usted quién es? ¿por qué me cuestiona?' Yo sé mi trabajo. Son las dos formas que hay'. A mí entonces me dio pena, pensé que la había regado, porque estaba muy molesto", recuerda ella.

Linda pagó siempre, tal y como le señaló Carlos López, quien le indicaba la cantidad a pagar en cada una de las cuentas. "A veces me decía que juntara lo de dos días y lo depositara junto. Otras veces iba a hacernos 'arqueos', decía él. Esperaba a que se acabara la venta y se llevaba el dinero", narra Linda, quien un par de veces preguntó a otros funcionarios de gerencia metropolitana norte si eso estaba bien. Siempre le dijeron que sí.

­¿Por qué no pedían comprobantes, por ejemplo, cuando se llevaba el dinero en los arqueos?­ se le plantea ahora.

­Porque sabíamos que era funcionario de Liconsa y porque siempre venía acompañado de un conciliador.

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En abril de 2004 Linda recibió una notificación de adeudo por 135 mil 564.83 pesos de Liconsa.

Patricia García, de la oficina de atención a concesionarios, la citó en las oficinas centrales para tratar su caso. El día de su cita, se "encontró" en la puerta a Carlos López (algo que ocurrió, coincidentemente, todas las veces que la funcionaria la citó). Linda no sabía que a López lo habían despedido por distintas irregularidades y todavía le entregó unos papeles (comprobantes de depósitos en su cuenta). En los días siguientes, Linda sabría que sus depósitos en su cuenta personal de Carlos López nunca ingresaron a Liconsa.

También descubrió que todos sus certificados de "no adeudo", expedidos hasta junio de 2003 por la oficina de crédito y cobranzas y firmados por Guillermo González Camarena, jefe del departamento de Atención y Servicios a Concesionarios de la dirección metropolitana, no le servían de nada.

"Yo le dije al licenciado González Camarena que en esos papeles estaba su firma, que yo no los había inventado, pero me dijo que no tenían valor porque eran falsos".

La obligaron a firmar un pagaré por el adeudo.

"Patricia García me dijo que de todos modos ya estaba en garantía la escritura de mi casa, pero en cambio, si firmaba el pagaré podía negociar... Me asusté. Me pidieron todos mis papeles".

Linda recuerda esos días con coraje y amargura: "Estaba como en shock, andaba angustiada y temerosa. No entendía nada y no sabía a quién creerle. Una vez estuve yo sola en una reunión como con 15 funcionarios y todos cuestionándome que por qué había hecho esto o por qué no había hecho lo otro... al final firmé, pero era terrible: tenía dos días para pagar. Para ellos, parecía que con haber firmado el pagaré ya estaba todo resuelto, pero para mí se venía el mundo encima".

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Lo que pasó entre abril de 2004 y octubre de 2005 puede resumirse de este modo: una concesionaria defraudada se negó a pagar una deuda que no reconoce y comenzó una lucha particular contra una estructura burocrática acostumbrada a actos de corrupción.

Porque lo que para los altos mandos de Liconsa es "un caso entre 9 mil" ­insisten en señalar­, 140 mil pesos, de un universo de más de 5 mil millones de pesos (que son los ingresos anuales de Liconsa), para Linda representa el valor de su casa.

La mujer presentó una queja contra Carlos López en el órgano interno de control de Liconsa. La resolución, una año y tres meses después, abrió la puerta a lo que parece será una solución favorable a Linda:

El 29 de julio de 2005 el órgano interno inhabilitó por 10 años a Carlos López para ocupar un caro en el servicio público y estableció una sanción de "tres tantos el daño económico ocasionado al patrimonio de Liconsa" (461 mil 520 pesos). Carlos López, por cierto, había sido despedido en marzo de 2004.

Hasta entonces, ningún funcionario hizo caso de las denuncias de Linda. Ella, incluso, había conseguido una cita con el director general, quien en mayo la recibió, pero no le dio ninguna esperanza.

La resolución del órgano interno, sin embargo, le dio un giro a su queja.

El 2 de septiembre recibió un requerimiento de pago por un monto de 152 mil 426 pesos por su adeudo original más intereses.

El 4 de octubre recibió la notificación de Berenice Navarrete Prida, apoderada legal de Liconsa, de rescisión de su contrato "por así convenir a los intereses" de la empresa. Liconsa le daba 15 días para entregar el local.

El 18 de octubre, 11 funcionarios se presentaron en el local para retirarle las llaves. Ante su negativa, Liconsa inició una demanda civil en su contra.

Con la resolución del órgano interno bajo el brazo, Linda acudió a la Secretaría de la Función Pública, a la de Desarrollo Social, a la Cámara de Diputados y a los medio de comunicación. Pide una auditoría general a Liconsa.

Su argumento es simple: "Si debo, pago, pero no voy a pagar lo que no debo. Y si me quitan la lechería que no me digan que fue por ingenua (como le han dicho algunos colaboradores del director general). La rescisión del contrato es porque denuncié y entonces ya no les gustó. Están acostumbrados a que la gente se aguante por miedo a que no le quiten su casa".

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La historia de Linda, más allá de la resolución de su caso, es un buen ejemplo de lo fácil que puede escaparse el dinero que manejan las empresas sociales (Liconsa y Diconsa) encargadas de abastecer a la población más pobre del país.

En entrevista telefónica, Pedro Larena, director de abasto de Liconsa, pide no sobredimensionar el caso. "Es uno entre 9 mil", dice. Concede que el exfuncionario actuó mal, pero aclara: no es Liconsa la que hizo el daño, sino un funcionario que hizo mal uso de su cargo.

Larena asegura que hay controles para evitar que situaciones como la de Linda se repitan, y comenta que en este caso ­que los funcionarios de Liconsa ubican muy bien­ hay disposición de ayudar a la concesionaria defraudada.

"Nosotros ya iniciamos una demanda en contra de este mal funcionario. El asunto está ahora en manos de un juez", dice.

Pese a los "controles" que afirman tener sus directivos, los cierto es que éstas empresas han tenido muy poca atención de parte de la administración foxista, que llevó al punto de la quiebra a Liconsa, la cual había sido el ejemplo de la autosuficiencia, y ha desbaratado la estructura social de Diconsa (Masiosare, 30/04/2005). Cualquier funcionario cercano a la operación de estas empresas reconoce que las "fugas" se dan en todas las áreas.

El hilo se rompe por el lado más flaco. En este caso, los concesionarios, quienes para poder acceder a un local necesitan un aval con escrituras, un comprobante de domicilio, darse de alta en Hacienda, tener carro (de preferencia), pagar una fianza anual y sobre todo, ser recomendado de algún funcionario de la empresa.

Las ganancias por la venta de leche son mínimas, apenas una comisión de 5%. Pero Liconsa paga el mantenimiento, parte de la luz, y lo más importante: el concesionario tiene un público cautivo para expender otros productos de abasto. Las lecherías de Liconsa ­9 mil a nivel nacional­ son, además de un punto de distribución de la leche subsidiada por el gobierno, una suerte de minisúperes para empadronados de Liconsa.

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Cuando hablamos, Linda se dice dispuesta a llegar a donde sea para que le regresen su pagaré y sus escrituras.

"Me volví dura. Después de esta situación quedé muy ciscada, desconfiada ­cuenta Linda. El director me ha pedido que le tenga confianza, que mi caso se va a resolver, pero ¿qué confianza quieren que les tenga si cuando me vieron desesperada me echaron encima a toda la empresa para que firmara el pagaré? ¿Cómo les voy a creer, si cuando salió la resolución a mi favor lo que hicieron fue cancelarme el contrato? Si estoy peleando es, precisamente, porque no debo y porque hay más gente defraudada. Somos gente jodida y nos están sacando un dinero que no tenemos".

Según Linda, ha tenido contacto con otros concesionarios defraudados que están temerosos de denunciar, por miedo. A ella, en las negociaciones que ha tenido después del 31 de octubre le han ofrecido distintas opciones. Pero para ella la única aceptable es que le regresen su pagaré.

"No voy a negociar pagando algo que no debo", insiste.

La demanda civil está pendiente. Por el momento, la leche se entrega en la calle, justo en la esquina de Victoriano Salado e Isabel la Católica.

De las negociaciones con los funcionarios, Linda tiene una minuta conciliada por ambas partes y la promesa de Mora de resolver su caso.

"Para mí Liconsa era una empresa noble. Pero se me cayó".