Los cuatro hombres y dos mujeres fueron trasladados a una casa de seguridad
La narcoejecución exhibida en el video comenzó con un secuestro en Acapulco
Ignora la PGR si los otros tres plagiados se mantienen con vida: Santiago Vasconcelos
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El video entregado a un diario estadunidense era conocido por la PGR desde junio pasado, seg� dependencia FOTO Reuters
Foto: Reuters
La historia de ajusticiamientos entre narcotraficantes, documentada en un video entregado al diario The Dallas Morning News en julio pasado, se inició el 15 de mayo, cuando Sergio Alberto Ramón Escamilla y su familia, además de Juan Miguel Vizcarra, Andrés Tamariz y Edgar Eduardo Ortiz Paredes fueron secuestrados por un comando armado en el puerto de Acapulco, adonde decidieron pasar sus vacaciones.
Ese día, cuatro hombres y dos mujeres fueron interceptados por tres camionetas con vidrios polarizados. De los vehículos bajaron varios civiles y una persona vestida con uniforme negro y las siglas de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Los "rehenes" fueron trasladados a una casa de seguridad. Las mujeres permanecieron en la planta baja; los hombres fueron subidos al primer nivel.
Según testimonios de las pesquisas que lleva a cabo la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), ahí se inició la tortura a dos zetas y sus acompañantes.
Todo lo que revelaron a sus torturadores fue reportado puntualmente a un sujeto denominado La Barbie o El comandante, identificado como Edgar Valdez Villarreal, operador y sicario del cártel de Sinaloa, quien trabaja bajo las órdenes de Arturo Beltrán Leyva, uno de los lugartenientes de Joaquín El Chapo Guzmán.
Identificación de los agentes de la AFI
De acuerdo con los testimonios en poder de la Procuraduría General de la República (PGR), el secuestro fue denunciado por la concubina de uno de los torturados, luego de que fue dejada en libertad.
La mujer -cuyo nombre se mantiene en reserva por motivos de seguridad- informó a las autoridades federales que ella y su hija fueron llevadas en una camioneta a la central camionera de Acapulco, donde un hombre le entregó mil pesos para que regresaran a su lugar de origen.
El 29 de mayo la PGR ya tenía en marcha la investigación, que incluía varios cateos. Las indagatorias revelaron que Salvador Emeterio Luna Rocha fue el sujeto que llevó a las mujeres a la central camionera; también se logró detener a Eduardo Monroy Becerril, informante del cártel de Sinaloa.
La misma mujer participó luego en una diligencia en instalaciones de la PGR, en la que identificó a tres elementos de la AFI como los sujetos que los secuestraron en mayo pasado: Marcos César Canseco García, Alejandro Hernández Ciriaco y José Rodolfo Hernández Montes, agentes federales adscritos a la PGR en Acapulco.
De acuerdo con datos recabados por la SIEDO, el testimonio sirvió para ubicar seis casas de seguridad ocupadas por el cártel de Sinaloa. En una había rastros de sangre que corresponde a la de Alberto Ramón Escamilla.
Para la SIEDO, así comenzó parte de la historia de violencia en el puerto de Acapulco por el enfrentamiento entre los cárteles del Golfo y Sinaloa.
En apariencia, el asesinato de los cuatro turistas -de los cuales dos eran integrantes de los Zetas- fue una venganza por la muerte del hermano de Valdés Villarreal. La SIEDO no descarta otra ola de violencia en el puerto o en otras zonas del país como secuela de este caso.
Paradero desconocido de tres plagiados
José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la SIEDO, desconoce si las otras tres personas que aparecen en el video están muertas. "Los estamos buscando, en espera de que estén con vida, pero también se están buscando probables lugares en los que se les haya incinerado. Tenemos ahorita un trabajo muy arduo en Guerrero."
En cuanto a la supuesta eficiencia con que la SIEDO actuó en el caso, hay algunas contradicciones. Santiago Vasconcelos señala que el 25 de agosto se ejerció acción penal contra los civiles Salvador Emeterio Luna Rocha y Eduardo Monroy Becerril, y los agentes José Rodolfo Hernández Montes, Uriel Martínez Madera, José Antonio Moya Morales, José Luis Sánchez Báez y Daniel Zúñiga Oloño, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y privación ilegal de la libertad. Sin embargo, señaló luego que el 29 se cumplió la orden de aprehensión.
Refiere también que los acusados quedaron presos en el Reclusorio Oriente, por lo que el 5 de septiembre un juzgado les dictó formal prisión por considerarlos probables responsables de los delitos imputados. No obstante, el Gobierno del Distrito Federal informó que cinco agentes que supuestamente participaron en la tortura y ejecución de integrantes del cártel del Golfo quedaron en libertad.