Centro de análisis afirma que 296 familias simpatizantes del EZLN podrían ser afectadas

Comprueban ofensiva de priístas para despojar de tierras a indígenas de Chiapas

Investigación documenta que grupo del tricolor pretende apropiarse de 3 mil hectáreas

HERMANN BELLINGHAUSEN

Según se desprende de una extensa y detallada investigación del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise), existe una campaña para despojar de viviendas y tierras a 296 familias, la mayoría bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el municipio autónomo Olga Isabel, en Chiapas. La ofensiva, realizada por la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), de filiación priísta (con mayor precisión, madracista), y con el respaldo de la Procuraduría Agraria en Ocosingo, empieza a extenderse contra otros municipios rebeldes.

A partir de "las amenazas de muerte y desalojo de la directiva e integrantes de Opddic", dirigidas a bases de apoyo zapatistas y miembros de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) dentro del municipio autónomo Olga Isabel, Capise elaboró un documento, divulgado el jueves en San Cristóbal de las Casas, que evidencia la operación de despojo de 3 mil hectáreas desatada contra los indígenas en resistencia.

Capise recabó su información mediante entrevistas en comunidades afectadas, documentación oficial, documentación facilitada por la junta de buen gobierno con sede en Morelia, entrevistas telefónicas y fotografías. Esta confirma que las bases zapatistas y distintos miembros de CNPI "padecen una grave y flagrante situación de despojo, así como otros delitos tipificados en los códigos penal Federal y estatal: amenazas, lesiones, daño en propiedad ajena, y atentados contra la paz y la integridad corporal".

El organismo civil también denunció que el despojo "ha sido operado, concretado y avalado por la Procuraduría Agraria, coordinada por el ingeniero Luis Demetrio Domínguez López (jefe de residencia de la procuraduría en Ocosingo) y el licenciado Andersen Morales Tovilla (visitador agrario)".

De acuerdo con el estudio, "no sólo se despojó en forma ilegal, ilegítima y arbitraria" a 211 campesinos al crear el nuevo ejido Muk'ulum Bachajón, sino, además, las autoridades agregaron 69 nombres, y otros 16 priístas se hicieron pasar como "propietarios" de terrenos que no les pertenecen. El despojo afecta a un total de 296 familias bases de apoyo zapatistas y miembros de CNPI.

En 1995, la Secretaría de la Reforma Agraria inició negociaciones para "legalizar" 3 mil hectáreas de haciendas particulares recuperadas por los campesinos tzeltales de la región luego del levantamiento del EZLN en 1994. En diciembre de 1996 se estableció el denominado Fideicomiso Inmobiliario NCPE Bachajón San Sebastián. Las bases zapatistas, dice el estudio, "se negaron a firmar los documentos agrarios y fideicomisarios, como parte de su resistencia, y debido al incumplimiento de los acuerdos de San Andrés signados ese mismo año. Aunque CNPI sí firmó, sus miembros, las bases zapatistas y los campesinos de otras organizaciones, no presentaron problemas o disputas territoriales por la signatura y distribución de tierras asentada en el fideicomiso de este 'primer paquete'" en los años posteriores.

En marzo de 1998 las autoridades agrarias realizaron otro contrato de fideicomiso, o "segundo paquete". Las mil 680 hectáreas del "primer paquete" y las mil 320 del segundo suman exactamente 3 mil hectáreas. "Estas son precisamente las tierras recuperadas por el EZLN en 1994 y forman parte del municipio autónomo Olga Isabel. De hecho, los fideicomisos nacen después de ese año cuando, con el aval del EZLN, (las tierras) fueron repartidas para los indígenas y campesinos de la región sin distinción política, social, religiosa o ideológica".

Un nuevo ingrediente del actual conflicto se agregó en agosto de 2002, al crearse el ejido Muk'ulum Bachajón, asignado a 336 nuevos ejidatarios, muchos de ellos antes miembros de la CNPI, y otros del Partido Revolucionario Institucional.

El 29 julio de 2005 los ejidatarios de Muk'ulum ingresaron "oficialmente" a la Opddic, "ya fuera voluntariamente o por amenazas. Este nuevo ejido está constituido sobre tierras recuperadas en 1994 por el EZLN y las bases de apoyo zapatistas; específicamente los terrenos definidos en el 'primer paquete'". Entonces se agudiza el conflicto contra bases de apoyo zapatistas y miembros del CNPI "y se inician en forma sistemática agresiones y amenazas de desalojo forzoso contra todo aquel que no pertenezca a la Opddic".

En una entrevista telefónica que el centro de investigación le hizo el pasado 15 de noviembre, el licenciado Andersen Morales Tovilla se refirió a la creación de Muk'ulum, y argumentó que el ejido mencionado corresponde "a la actualización del padrón para dar 'legalidad' a dichas tierras frente al Registro Agrario Nacional, debido a que la documentación que existía tenía 'solamente' carácter de fideicomisarios o copropietarios". En un principio, Morales Tovilla mencionó que los 336 ejidatarios beneficiados correspondían a los mismos fideicomisarios registrados anteriormente. Sin embargo, durante la misma entrevista rectificó, al mencionar que "posiblemente no estaban todos, pero que sus espacios habían quedado en blanco para cuando se quisieran incluir".

Cuando Capise cuestionó al funcionario sobre su proceder y le manifestó preocupación por lo que acontecía en el municipio de Chilón por la creación del ejido Muk'ulum Bachajón, Morales Tovilla respondió que él sólo cumplía órdenes de su superior, Luis Demetrio Domínguez López .

Una conclusión importante del estudio revela que "absolutamente todos los beneficiados" del reparto avalado por la Procuraduría Agraria pertenecen a Opddic.

El 24 de octubre de este año, el señor Jerónimo Demeza Jiménez, comisariado ejidal de Muk'ulum, así como Pascual Hernández Gómez y Domingo García Pérez, emitieron un oficio dirigido a las autoridades y ejidatarios del vecino ejido San Sebastián Bachajón para solicitar su apoyo e "intervención humana".

Los representantes de Opddic refieren que "hay un grupito (que) nosotros llamamos delincuentes, asaltantes, rateros, que han creado infinidad de problemas, protegiéndose (en) la membresía o anonimato de una organización fantasma, que oficialmente no existe, y sabemos que no sólo al ejido Muk'ulum le ha creado problemas, sino ya están afectando otras comunidades. Ellos no respetan leyes ni autoridades. Debido a esto, actualmente están posicionados de forma ilegal en el Crucero San Antonio Las Palomas. Por qué decimos ilegal: simplemente no aparecen en la escritura pública, están como invasores, y el cien por ciento de los ejidatarios de Muk'ulum están promoviendo su desalojo".

El oficio citado en el estudio enumera presuntos delitos de los zapatistas, como robo de dinero en efectivo, quema de maquinaria, cobro de comisiones económicas, compra de carros y "supercasas", posesión de "buena casa" y cantinas, quema y destrucción de viviendas, despojo de parcelas, robo de maderas, "tráfico de gente extranjera", acarreo de gente, uso de armas de fuego y amenazas en los trabajos de deslinde de tierras.

Los priístas advierten: "Quisiéramos buena coordinación y acuerdo entre los dos ejidos para no dar (a los zapatistas) cabida ni entrada en ninguno de los dos ejidos en mención". Según Capise, este oficio "evidencia públicamente el carácter ilícito de las amenazas de desalojo forzoso por parte de Opddic".