Síndico del ayuntamiento de esta ciudad, padrino político de al menos la mitad de los regidores del cabildo y jefe real de la policía municipal, el funcionario estaba acostumbrado a hacer lo que le viniera en gana.

Días antes del incidente con el árbitro, por ejemplo, encabezó personalmente un operativo para rescatar de las celdas de la Policía Ministerial a dos agentes municipales, que habían dejado libres a los presuntos responsables de atacar con granadas el cuartel de seguridad pública en Zihuatanejo.

No le costó mucho trabajo. En cuanto supo de la captura ordenó que todos los policías preventivos que estaban de guardia se concentraran en la explanada del Palacio Municipal y, a bordo de 19 patrullas, rodearon las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM) en Lázaro Cárdenas, donde había apenas cinco elementos que rehuyeron el combate y entregaron a los detenidos.

Por eso aquel sábado, cuando el árbitro lo expulsó del partido de fútbol, pasó de la incredulidad a la furia y, sin más, golpeó al silbante entre insultos y la amenaza de correrlo de la ciudad.

Todo quedó en habladas. Días después del incidente Enoc Tafolla fue detenido por elememtos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y arraigado en la ciudad de México. Hasta ahora, en Lázaro Cárdenas sólo se sabe que se le investiga por su presunta relación con el tráfico de drogas en la región, donde la disputa por la plaza la ha convertido en una de las más violentas del país.

En lo que va del año, en Michoacán han ocurrido 258 ejecuciones, y al menos la mitad se han presentado en las zonas de la costa y Tierra Caliente.

La geografía de los ejecutados comprende municipios como Uruapan, Nueva Italia, Aguililla, Buenavista Tomatlán, Tzitzio, Aquila, Apatzingán, Huetamo, Coahuayana y Lázaro Cárdenas, entre otros, donde el cultivo de mariguana y amapola se practica desde hace varias décadas.

La novedad es que ahora la violencia alcanzó a la capital, Morelia, donde las ejecuciones se realizan prácticamente a cualquier hora. Apenas la semana pasada ocurrió la más reciente, en un fraccionamiento residencial.

La Procuraduría General de la República (PGR), y el gobierno local afirman que se trata de una disputa entre los cárteles del Golfo y del Milenio por las rutas del tráfico de drogas, pero a diferencia de otros estados donde los ataques se dirigen a integrantes de bandas rivales, en Michoacán nadie parece estar a salvo: entre los muertos se cuentan lo mismo presidentes municipales que comandantes de policía.

El caso más evidente fue el asesinato el pasado 16 de septiembre del secretario de Seguridad Pública de la entidad, Rogelio Zarazúa Ortega, ejecutado frente a su familia en un restaurante de Morelia. El funcionario era responsable, por parte del gobierno michoacano, del programa México Seguro, implementado precisamente para terminar con la ola de homicidios de este año.

La muerte de Zarazúa Ortega se interpretó como un abierto desafío al gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, quien recibió el respaldo inmediato del presidente Vicente Fox.

"Nadie por encima de la ley, quien se atreva a ir más allá se enfrentará con la fuerza del Estado mexicano", advirtió el titular del Ejecutivo en una reunión convocada de urgencia en Morelia en la cual ordenó a su gabinete de seguridad ofrecer "todo el apoyo y recursos disponibles" para terminar con la violencia en Michoacán.

De poco ha servido. Un mes después del homicidio de Zarazúa Ortega, en Lázaro Cárdenas fueron ejecutados el director y subdirector de Seguridad Pública, Gregorio Mendoza Soto y Daniel Guillén Valladares, respectivamente, así como el comisario Raúl Esquivel Rodríguez.

El triple asesinato ocurrió diez días después del arraigo del ex síndico. Coincidentemente una de las víctimas, el subdirector Guillén Valladares, era su cuñado.

Quién sabe en qué parte de la trama pudiera estar involucrado Tafolla Torres ­controlar a las policías municipales y tender redes entre funcionarios de los ayuntamientos es estrategia común de Los Zetas­ pero por lo pronto ya empezó a recibir castigo.

Tras los golpes al árbitro fue expulsado por 40 partidos, y a su equipo, Rebeldes, se le canceló para siempre la participación en la Liga de Fútbol de Lázaro Cárdenas.

Cacería de alcaldes

Ocho de julio. Por la frecuencia de radio de la policía de Buenavista Tomatlán se escuchó la voz desesperada del presidente municipal, Fernando Chávez López.

"Me vienen disparando, necesito apoyo para agarrarlos en cuanto entre al pueblo", ordenó, pero no recibió respuesta.

Diez minutos después se escucharon de nuevo los gritos del funcionario. "Ya entré al pueblo, voy a la presidencia, tengan lista a la gente porque están tirando muy duro". Esta vez alguien respondió que todo estaba listo.

No fue cierto. Unas calles antes de llegar al edificio del ayuntamiento, el alcalde fue obligado a bajar de su camioneta blindada y enseguida tres sujetos le dispararon con rifles de asalto. Luego, huyeron sin problemas.

En sus investigaciones, la PGJEM descubrió que los policías municipales prácticamente dejaron solo a su jefe: de los cinco agentes que estaban de guardia, dos afirmaron haberse ausentado para impedir un asalto justo en el momento que recibieron la primera llamada de auxilio.

Un par más se dedicó a encerrar a un indigente, y el último reconoció que observó la ejecución pero no intervino porque padece diabetes "y no pudo apuntar su arma de cargo en la noche".

Un mes después se supo la razón del homicidio. En Uruapan la AFI detuvo a un grupo de diez sicarios que circulaban en camionetas blindadas sin placas, a la caza de un narcotraficante enemigo.

Entre los detenidos se encontraban cuatro policías de Buenavista, cuyas armas fueron las mismas con que se asesinó al alcalde. También se decomisó la camioneta utilizada para el crimen, la cual, coincidentemente, fue utilizada, una semana antes, en el ataque con granadas a miembros de la familia Valencia ­jefes del cártel del Milenio­ en un palenque clandestino de Tonalá, Jalisco.

Con tales evidencias, el homicidio de Chávez López adquirió otro cariz. Los sicarios detenidos habían sido contratados por el grupo de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo, que incluso mantiene campos para entrenamiento en ranchos de Uruapan y Apatzingán.

Además, el alcalde tenía un modo de vida inusualmente alto para su sueldo: en las pesquisas se le detectaron unas 20 propiedades entre huertos de limón y aguacate, así como ranchos y casas en Jalisco. También viajaba con frecuencia a Tijuana, por lo menos dos veces al mes. No se supo la razón de sus visitas.

(Curioso: antes de incorporarse a la campaña por la presidencia de Lázaro Cárdenas, el ex síndico Tafolla Torres vivía en esa ciudad fronteriza, a donde regresaba con frecuencia).

Enoc Tafolla Torres , investigado por presuntos nexos con el narcotráfico en Michoacán

El alcalde de Buenavista no fue el único funcionario municipal ejecutado.

El 11 de agosto Froilán Ríos Avalos y Juan Romero Alegre, tesorero y secretario particular del ayuntamiento de Tzitzio respectivamente, fueron emboscados cuando se dirigían a Morelia a bordo de la camioneta del presidente municipal, José Luis Avalos Rangel, quien había sido amenazado de muerte.

El ataque, pues, era para el alcalde. Del móvil sólo se informa que está relacionado con el crimen organizado, un común denominador en las doce ejecuciones de funcionarios que han ocurrido este año.

Narcofuncionarios

Los atraparon en Campeche cuando presumían su camioneta blindada en el malecón. Originarios de Michoacán, los siete detenidos alegaron ser exportadores de aguacate. Sus huertos estarían ubicados en los alrededores de Uruapan.

Falso. Los michoacanos resultaron ser integrantes de una célula de Carlos Rosales Mendoza, El Tísico, representante del cártel del Golfo en Michoacán y actualmente encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.

Entre los planes del lugarteniente estaba asaltar el penal de La Palma y rescatar a su jefe, Osiel Cárdenas Guillén; en un operativo ensayado meses atrás cuando junto con una veintena de Zetas se metió a la cárcel de Apatzingán para llevarse a cuatro integrantes de su organización... y de paso a cinco narcos enemigos a quienes desaparecieron.

El incidente de Campeche hubiera pasado desapercibido si no fuera porque entre los detenidos se encontraba Omar Antonio Mora Rojas, La Nalgona, quien confesó ser el responsable de sobornar a funcionarios del gobierno de Michoacán a cambio de protección para el tráfico de drogas.

La declaración fue como sal en la herida que la ola de violencia ha abierto en Michoacán. El gobernador Cárdenas Batel confesó que, en efecto, varios funcionarios "de los tres niveles" se encuentran arraigados o bajo investigación por presuntos vínculos con organizaciones de narcotraficantes.

No dijo nombres, pero las palabras del mandatario aumentaron la inquietud entre los empresarios, para quienes la ola de violencia representa un abierto desafío al gobierno michoacano.

"Los inversionistas y las empresas grandes han estado preguntando la situación real del estado", comenta el presidente en Michoacán de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Eduardo Sánchez Martínez. "Les decimos que somos un foco rojo a nivel nacional, que la percepción de la ciudadanía es un aumento de la inseguridad por la delincuencia organizada".

Según el líder de los empresarios, hasta el momento no se han cancelado inversiones, pero el riesgo se mantiene. "Nos preocupa el grado de enfrentamiento que los delincuentes tienen con la autoridad", confiesa.

La violencia empieza a costar dinero. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Michoacán, Ricardo Rubí Bustamante, reconoce que las empresas gastan más en protegerse, "aproximadamente 8% de su costo de operación", cantidad que aumenta en municipios calientes, tales como Uruapan y Apatzingán, donde guardaespaldas, cristales blindados y sofisticados mecanismos de alarma ya son cotidianos.

Un buen amigo

Para combatir a la delincuencia y sobre todo, ordenar a la policía municipal, el nuevo director de Seguridad Pública de Lázaro Cárdenas tiene un arma secreta: la amistad.

Recién desempacado del Distrito Federal, donde colaboró con Marcelo Ebrard en los tiempos que fue jefe de la policía capitalina, a Cuauhtémoc Lorenzo Pavia Castro no le asusta encabezar una corporación con sospecha de estar infiltrada por el narcotráfico, ni el riesgo de trabajar en una ciudad considerada, junto con Tzitzio y Apatzingán, como una de las más calientes del estado.

No. El capitán retirado ­asignado por décadas a la Policía Judicial Militar­ dice que todo es cuestión de actitud. "Cuando amanece salgo a conquistar el mundo, a hacer mi trabajo lo mejor que pueda", explica. "Somos un grupo que debe respaldarse y trabajar con unidad, como amigos".

Quien sabe si el buen ánimo alcance para cubrir el reto: en Lázaro Cárdenas existen unos 100 tiraderos (sitios donde se vende droga al menudeo), y su número va en aumento al igual que la presencia de grupos de personas armadas que circulan por la ciudad en camionetas blindadas.

También son más los ranchos con súbita prosperidad: hasta hace un par de años sólo se conocía a La Herradura, una propiedad donde en unos cuantos meses se instalaron estanques para la cría de peces, huertas de limón con clima controlado y hasta se inició la construcción de un hotel que sería de cuatro estrellas.

Las obras se detuvieron cuando el propietario fue asesinado en Guadalajara junto con el ex alcalde de Aquila, Mamés Eusebio Velázquez Mora.

A La Herradura le siguieron Tupitina, por el rumbo de La Mira (una colonia rural del puerto) que tiene hasta zoológico privado, y hacia la costa sur El Capira, en las inmediaciones del río La Unión, así como El Naranjito, en Petacalco, Guerrero, a unos minutos de Lázaro Cárdenas. Ambos son propiedad de Carlos Rosales Mendoza, El Tísico.

Tanto dinero despierta sospechas, sobre todo porque en esta ciudad hace tiempo que no hay inversiones. "Los recursos se van para el puerto, pero a nosotros no nos llega nada", reconoce Vladimiro Ayala, presidente del CCE de Lázaro Cárdenas.

El empresario dice que hay "personas que se han metido en esas cosas", pero no se atreve a decir sus nombres. Tiene miedo. "Andamos en sicosis, la gente no quiere salir ni hacer preguntas", explica.

­Pero el narcotráfico no es nuevo en la región...

­Antes se cultivaba la mariguana y se debe seguir sembrando, pero ahora hay drogas más fuertes que desatan otros intereses. La gente que se mete en eso es ahora más radical, a cualquiera le puede tocar un mal rato.