Adelanta que también ante la Corte Interamericana
La cooperativa presentará queja ante la OIT el miércoles
El próximo miércoles la defensa de la Sociedad Cooperativa Pascual presentará ante la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México la queja por el fallo del jueves de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó la inconstitucionalidad del decreto expropiatorio promulgado en mayo de 2003. También a finales de la próxima semana interpondrá una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseveró Eduardo Miranda Esquivel, quien encabeza el equipo de abogados.
En entrevista, Miranda Esquivel lamentó que los ministros -excepto Olga Sánchez Cordero, quien votó en contra de la resolución- "hayan hecho a un lado los criterios jurídicos y de justicia social para hacer prevalecer los intereses políticos", lo cual, consideró, pone en entredicho la acción del máximo órgano jurídico del país y su "carácter profesional". Asimismo, expresó que con su determinación la Corte se convierte en elemento ejecutor que intenta "enterrar lo poco de cooperativismo que queda en el país".
De acuerdo con el presidente de la Unión de Juristas de México, los cuatro argumentos en que se basaron los ministros para determinar que los terrenos en que se asientan dos plantas de Pascual deben ser entregados a Victoria Valdez son "rebatibles", por no corresponder con la realidad.
"Los ministros dicen que la cooperativa es una empresa privada, regulada por la legislación mercantil, que persigue fines de lucro, que no tiene problemas económicos y que crea un producto (jugos) que no es indispensable en la mesa de los mexicanos. Nada de esto es verdad. La cooperativa es una empresa social, no privada. No persigue fines de lucro capitalista y, por tanto, si es desalojada tendría graves problemas económicos, al grado de llevarla a la ruina y de paso dejar sin empleo directo a más de 2 mil trabajadores. Lo que produce Pascual son jugos certificados por su calidad, y parte de ellos se reparten en desayunos escolares (ha ganado concursos porque contienen jugo natural)."
El abogado explicó que el primer paso será presentar "queja y solicitud de intervención a la OIT". Tras conocer la sentencia por escrito y ser notificados de ella, inmediatamente se "solicitará apoyo al Gobierno del Distrito Federal (GDF) para que sustituya el cumplimiento de desalojo por el pago de los predios, acción a la que nunca nos hemos opuesto".
Precisó que cuando ya haya notificado de "la sentencia de amparo, el procedimiento legal en México estaría agotado". Por tanto, estarían en condiciones de recurrir ante la CIDH para demandar que "el gobierno mexicano revoque su decisión, porque ésta viola los derechos económicos y sociales de la cooperativa y sus asociados".
De manera paralela, el Comité de Defensa de la Cooperativa, que está integrado por diversos gremios, entre ellos el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Alianza Cooperativista Nacional, así como por organizaciones sociales, realizará "guardias en las instalaciones para evitar el desalojo" por elementos policiacos.
David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, manifestó que su organización "manifiesta su total solidaridad con los trabajadores de Pascual en su lucha por la justicia", y lamentó la actuación de la SCJN, la cual "pone en entredicho el acceso a la justicia".
Ayer, el consejo de administración y el grupo de abogados de Pascual se reunieron con autoridades del GDF, con el propósito de evaluar cuál podría ser el camino para evitar el desalojo sin contravenir lo dispuesto por los ministros. La vía más probable es la del pago por los terrenos.
Miranda Esquivel señaló que, pese a que la determinación de la SCJN les es adversa, la reacción de los trabajadores ha sido "positiva", pues ha logrado que haya "más unión, disposición a la lucha y coraje para defender lo suyo".