Se dará "cumplimiento sustituto" a la resolución de ministros: Alejandro Encinas

Caso Pascual: "ubicó la Corte derecho de una persona por encima del de 44 mil"

Trabajadores y autoridades pierden; se dejarían de captar $90 millones anuales, dice el GDF

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) situó el derecho de propiedad de una persona por encima de la garantía al trabajo de 44 mil al declarar inconstitucional el decreto expropiatorio en favor de la Sociedad Cooperativa Pascual y ordenar la devolución de los terrenos en que se encuentran sus plantas en la ciudad de México.

Esto lo señaló el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Alejandro Encinas Rodríguez, al anunciar que se acatará la resolución de los ministros mediante "cumplimiento sustituto", y propuso el pago de una indemnización a valor comercial de los predios, que es de alrededor de 187 millones de pesos, sin descartar también la posibilidad de comenzar otro proceso expropiatorio.

En tanto, se estableció un grupo de trabajo jurídico, presidido por la titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del GDF María Estela Ríos González, que estudiará conjuntamente con abogados de la empresa todas las posibilidades legales a partir del análisis de los términos en que se resolvió el recurso de inconstitucionalidad.

José Luis Ruiz Cerda, representante de la cooperativa, planteó la posibilidad de acudir ante organismos mundiales, como la Organización Internacional del Trabajo o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar el caso.

Encinas advirtió: "la devolución de los predios expropiados a sus antiguos propietarios afectaría gravemente a la ciudad de México y a trabajadores directos e indirectos de la cooperativa, en una proporción mucho mayor que cualquier beneficio económico que pudiera obtener la señora Victoria Valdés Cacho con la restitución de los predios".

El mandatario capitalino advirtió que el cierre de la planta refresquera implicaría mandar a las filas del desempleo a 9 mil trabajadores, quienes difícilmente encontrarían trabajo debido a las condiciones de la economía, no sólo en el Distrito Federal sino en el país.

Adicionalmente, implicaría la pérdida de 35 mil empleos indirectos; es decir, un total de 44 mil.

Para la ciudad de México significaría perder aproximadamente 90 millones de pesos anuales derivados de los impuestos de esa industria.

En una nota que preparó Encinas para su conferencia de prensa, advierte que se adoptó "el criterio de que el derecho a la propiedad privada, limitado por mandato del artículo 27 constitucional, está por encima del derecho al trabajo digno y socialmente útil, y de la obligación del Estado de promover la creación de empleos establecidos por el artículo 123 de la propia Carta Magna".

Esto último al recordar que el decreto de expropiación establecía como beneficiaria a la ciudad de México y no a la sociedad cooperativa, por lo que la resolución de la Corte significa un agravio para el Distrito Federal.

"La causa de utilidad pública que sirvió como fundamento del decreto expropiatorio fue la prevista en la fracción nueve del artículo primero de la Ley de Expropiación, que al efecto señala como tal la creación, fomento y conservación de una empresa para beneficio de la colectividad.

"Lo que interesa al Gobierno del Distrito Federal es que se mantengan los empleos de la ciudad y no se tenga que emigrar a otra entidad", aseveró.

Inviable, cambiar la refresquera

Refirió que además resultaría económicamente inviable cambiar la planta de la refresquera a otro terreno, por lo que descartó la opción de donar a la cooperativa otra propiedad del GDF. Esto, en cambio, sí sería viable para realizar el pago sustituto de la indemnización a Valdés Cacho: "podríamos llegar a un acuerdo con la propietaria para entregar otro predio, pero la empresa tiene que quedarse allí".

Resaltó que el gobierno de la ciudad nunca se negó a pagar la indemnización correspondiente por la expropiación, como argumentó en su momento la defensa de la demandante ante la Corte. Expresó que las autoridades están dispuestas a pagar el valor comercial del terreno con base en otro avalúo, pero que de acuerdo con el realizado por el mismo GDF sería de 187 millones de pesos.

Explicó que ello lo analizaría primero la administración central, y posteriormente se plantearía a la cooperativa.

Por la tarde, un grupo de cooperativitas encabezados por José Luis Ruiz Cerda sostuvieron una reunión con el secretario de Gobierno del GDF, Ricardo Ruiz Suárez, en la que se acordó la integración de un grupo jurídico de trabajo que se mantendrá enlazado con abogados de la empresa, con el propósito de estudiar los términos de la resolución para explorar todas las alternativas, entre ellas las que mencionó el mandatario capitalino en su conferencia de prensa matutina.

Ruiz Cerda aseveró que la empresa está dispuesta a pagar los predios; sin embargo, en el periodo previo a la sentencia de la SCJN, respecto de la legalidad del decreto de expropiación, Valdés Cacho se negó a establecer cualquier negociación.

Rechazó que haya habido yerros jurídicos en la redacción del documento expropiatorio. "No es un problema de errores, es de interpretación. Son criterios que no compartimos", expresó.