Obispos católicos y libre comercio
Considero una pena que no haya llegado a mis manos sino desde el Cono Sur, hasta después de concluida la Cumbre de las Américas -no entiendo por qué en su momento no se dio a conocer ampliamente aquí en México-, una importante declaración que hicieron significativamente desde Washington sobre el libre comercio el pasado 9 de septiembre los obispos comprometidos con las acciones sociales de la Iglesia católica en la mayoría de los países de América Latina y El Caribe, luego de la denominada Reunión ecuménica sobre Integración de las Américas: comercio, crecimiento y reducción de la pobreza; política pública, aspectos morales y justicia social, convocada conjuntamente por el mismísimo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam).
Pienso, sin embargo, que su difusión actual es todavía oportuna, no sólo por la fuerza social de quienes la emiten, ni porque el próximo lunes se presentará oficialmente aquí a todo el continente el Compendio de la doctrina social de la Iglesia, con la participación incluida de Agustín Carstens, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, precisamente sobre la realidad socioeconómica de América Latina, sino sobre todo por la trascendencia de su contenido.
Los obispos afirman sin ambages en su texto que "el tratado (se entiende que el de libre comercio de las Américas) debe restructurarse y se debe impulsar una agenda de medidas de transformación institucional y de políticas públicas, especialmente en el campo de la educación, la salud, el financiamiento, la transferencia tecnológica y otros que modifiquen las actuales tendencias excluyentes y de concentración de la riqueza".
Fundan su apreciación en que no comprueban que "los tratados de libre comercio (TLC) que se vienen negociando con Estados Unidos y los países de la región sean capaces de incrementar las oportunidades para las personas vulnerables, de modo que efectivamente sean incorporadas en condiciones de equidad". Es más, aconsejan expresamente a los países interesados que "aprendan de las experiencias de TLC actualmente en curso, como las de México y Chile, cómo vienen afectando a esas personas". "Hay que asegurar que no consoliden un modelo económico excluyente", sentencian.
Los prelados, pertenecientes a 17 países de América Latina, tres del Caribe, tres de Estados Unidos y uno de Canadá, que hicieron su reflexión "en un clima de fraternidad, seriedad, rigor técnico y preocupación ética", urgen por ello a los líderes políticos y funcionarios públicos que antes de realizar esos acuerdos "prevean los impactos negativos, así como los efectos distributivos de las políticas que van a aplicarse". Y explícitamente apuntan que existe "un real peligro de que asuntos de tal importancia sean finalmente decididos por una estructura cada vez más centralizada y poco participativa, que se da en y entre nuestros países".
Piden también por ello, entre otras cosas, que "no se firme un TLC mientras no se llegue a un acuerdo satisfactorio y equitativo entre las partes, que sea compatible con la vigencia plena de los derechos humanos", y que las negociaciones sobre el TLC "deben permitir un proceso participativo e inclusivo de diálogo regional y en cada país, de acuerdo con su propia realidad".
En la misma lógica de ideas, recomiendan que en los países donde tales acuerdos fueron ya ratificados "se abra paso a una auténtica vigilancia ciudadana, a fin de controlar su implementación, denunciar los efectos negativos y proponer medidas a favor de las mayorías", pues "el indicador moral de los acuerdos debería ser el cómo se logra un efecto positivo en la vida y dignidad de las familias y de los trabajadores pobres y vulnerables, cuya voz dentro de esta discusión debería recibir una atención especial".
Y es que estos actores religiosos advierten en su documento, a partir de su experiencia, que "la mayoría de los (las) trabajadores(as) pobres o sin organizaciones que los defienda no podría gozar de los beneficios potenciales de un aumento en el comercio", en ausencia de compromisos vinculantes para respetar sus derechos, y al respecto proponen que se tenga necesariamente en cuenta "el peligro de un aumento de la explotación de amplios sectores de trabajadores -en especial mujeres- en los ámbitos del comercio informal y las maquiladoras", así como "la posible pérdida del empleo rural y la migración resultante hacia las ciudades o fuera de la región, debido a la falta de suficientes salvaguardas para proteger a los agricultores pequeños y medianos".
Los obispos urgen también a que en los acuerdos de libre comercio se salvaguarde la educación superior "como un bien público y un derecho fundamental", no como una mercancía, así como "el carácter de bien público del conocimiento y sus posibilidades de creación, diseminación y uso por nuestros países".