Sin sustento, la "prueba absoluta e indubitable" en que se basó el juez 34
Irregular, auto de libertad a Carlos Ahumada
El juez 34 de lo penal, Nicolás Alvarez García, consideró como prueba "absoluta e indubitable" un procedimiento que por ley debe cumplirse en todo contrato de obra pública y fue a partir de este criterio que Carlos Ahumada Kurtz obtuvo su segunda boleta de libertad.
Un oficio en el que se constata que la jefa delegacional de Tláhuac, Fátima Mena Ortega, giró instrucciones al director general Jurídico y de Gobierno, Rubén Escamilla, para que girara una solicitud de pago de una póliza de garantía contratada por el Grupo Quart en caso de "incumplimiento de obra" le fue suficiente a Nicolás Alvarez -quien se encuentra al frente del juzgado 34 de manera temporal- para considerar que el cuerpo del delito inculpado a Ahumada se "desvaneció", sin importar que en la misma resolución se reconoce que hubo "incumplimiento de contrato" y un cobro injustificado por 6 millones 986 mil 228 pesos.
De acuerdo con el reglamento vigente, toda obra que la administración pública otorgue a un particular debe ser respaldada por una fianza. En caso de que la empresa contratista no presente la garantía por incumplimiento simplemente le es negado el contrato.
Además, Alvarez García no utilizó este criterio en el proceso que se le sigue al socio minoritario de Quart, Antonio Martínez Ocampo, quien a pesar de contar con los mismos abogados que Ahumada, ser inculpado por el mismo delito y haber interpuesto el mismo recurso legal (incidente de libertad por desvanecimiento de datos) aún enfrenta la instrucción judicial correspondiente.
De acuerdo con la jurisprudencia actual -citada por el propio Alvarez García en la resolución que determina la libertad del empresario argentino-, el "desvanecimiento de pruebas" exige que al proceso se incorporen elementos de prueba "novedosos y absolutos" que "destruyan y aniquilen las (pruebas) que sirvieron de base" para el auto de formal prisión.
El 21 de junio pasado Armando Montoya Vázquez, antecesor del actual juez, concedió a la representación social el auto de formal prisión en contra de Ahumada y Martínez Ocampo.
En esa ocasión el juez Montoya Vázquez consideró que existían elementos suficientes para establecer la presunta responsabilidad de los acusados, al cobrar casi 7 millones de pesos de manera injustificada, ya que no cumplieron los compromisos adquiridos en el contrato de obra DGODU/LP/011/03.