Uno de cada 5 productos que se comercializan penetró ilegalmente al país

En un lustro ingresó al país contrabando documentado por más de 172 mil mdd

Superadas, empresas privadas que con tecnología de punta suplen las tareas del Estado en las aduanas

JUAN ANTONIO ZUÑIGA Y VICTOR CARDOSO

El valor de las mercancías que han entrado a México durante los pasados cinco años, calificado como contrabando documentado, acumula un valor superior a los 172 mil millones de dólares, cifra dos veces más alta que el valor mismo de la deuda externa del gobierno federal o más del doble que lo percibido por la exportación de petróleo crudo en el mismo periodo.

A pesar de que el gobierno concesionó la revisión de mercancías en las aduanas a empresas privadas y con ello renunció a una actividad considerada de seguridad nacional, el tráfico ilegal de todo tipo y tamaño de productos no ha disminuido.

Uno de cada cinco productos que se comercia en el mercado nacional, ingresó ilegalmente, ya sea en gigantescos tractocamiones con capacidad para mover hasta 60 toneladas de carga por la frontera con Estados Unidos, o en contenedores de 36 pies de largo (unos 12 metros) por los 17 recintos aduanales localizados en los puertos del golfo de México, del océano Pacífico y hasta del Caribe mexicano.

Las empresas privadas se encargan de todo en cuanto a revisión de mercancías con -presumen- la más avanzada tecnología. Están en todas las áreas de las 48 aduanas del país: supervisión, revisión, resguardo, almacenaje y fiscalización.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que 20 por ciento de las transacciones de importación presentan irregularidades, "principalmente en materia de subvaluación, de triangulación, de origen y falsificación y/o alteración de documentos".

Así, la más avanzada tecnología no ha impedido que estos recintos funcionen como verdaderas coladeras, por donde todo pasa sin que se aplique la ley a los infractores.

De acuerdo con registros del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), durante este gobierno los impuestos aplicados a la importación de mercancías han contribuido con 3.1 por ciento de la recaudación tributaria total; pero esa aportación representa tan sólo 1.4 por ciento del valor total de las importaciones registradas entre diciembre de 2000 y septiembre de 2005.

En ese lapso, la hacienda pública recaudó casi 128 mil millones de pesos, unos 11 mil 723.5 millones de dólares, cifra que representa apenas 6.8 por ciento del valor estimado por contrabando documentado.

Renuncia a la seguridad nacional

A través de concesiones y autorizaciones, la presencia de empresas privadas en las aduanas, impulsada desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se localiza en los recintos fiscalizados ordinarios y estratégicos; en la operación de los puertos de altura, aeropuertos internacionales y en las terminales ferroviarias de carga; prestan el servicio de prevalidación electrónica de datos; se encuentran en los almacenes generales de depósito y en aquellos autorizados para importar y vender la mercancía libre de impuestos (duty free), y en todo lo que tenga que ver con el procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados.

La privatización de las aduanas abarca todo o casi en todo lo que se realiza en esta actividad, definida como "un asunto estratégico" por la Auditoría Superior de la Federación, órgano que define que de la labor de las aduanas "depende garantizar la seguridad nacional y proteger la economía del país, la salud pública y el medio ambiente, al impedir el flujo de mercancías peligrosas o ilegales, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Paradójicamente, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia bajo cuyo organigrama se encuentra la Administración General de Aduanas y que auspició la privatización aduanera, en 1995 interpuso una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República "por la presunta alteración del mecanismo de selección aleatoria que funciona en todas las aduanas del país".

La denuncia, interpuesta por medio de la Procuraduría Fiscal de la Federación, relataba que derivado de las investigaciones internas, "algunos empleados de la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV (ISOSA), autorizada por la Secretaría de Hacienda desde 1993 para prestar el servicio de procesamiento electrónico de datos y encargada del control del mecanismo de selección aleatoria, alteraron dichos sistemas con el fin de beneficiarse y beneficiar a determinados usuarios".

Derivaciones de la privatización

Por los recintos aduanales pasa todo, o casi toda lo mercancía relacionada con la economía formal, la informal y la subterránea. Un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los siete cárteles más importantes del narcotráfico en México, asienta que "en los lugares donde ha habido aseguramiento de armas existe coincidencia con los principales centros de operaciones de las 7 organizaciones (más importantes del narcotráfico: los Arellano Félix, el grupo de Osiel Cárdenas Guillén; la de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo"; la de Armando Valencia Cornejo; el cártel de la Familia Amézcua Contreras y el de Díaz Parada): Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán". En esos puntos, también coincidentemente, se localizan 21 de las 48 aduanas del país, 19 de 59 secciones aduanales y 32 de las 44 garitas.

Es curioso, pero también existe coincidencia entre los principales centros de operación y zonas de influencia de estos cárteles, identificados por la PGR, y la ubicación de las más importantes aduanas que operan en el territorio nacional. Es difícil pensar que el trasiego de droga a Estados Unidos, que deja ingresos por 30 mil millones de dólares al año según Naciones Unidas, se lleve a cabo en operaciones hormiga.

Según la PGR, "existe plena coincidencia entre los lugares donde principalmente se llevan a cabo la mayoría de las ejecuciones, los lugares donde se efectúan los aseguramientos de armas y municiones, y los principales centros de operación de los siete grupos delictivos".

El principal centro de operación de la organización de los Arellano Félix, por ejemplo, se localiza en Baja California, según el informe de la PGR. En esa zona se encuentran las aduanas de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, en las que se lleva a cabo 12.9 por ciento de los pedimentos de comercio exterior.

Manos libres

Como parte de la privatización de los recintos fiscales operan empresas como Ingenieros Civiles Asociados (ICA), en Veracruz; Transportación Marítima Mexicana (TMM), en Manzanillo, y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, agentes aduanales conformados en un grupo que se conoce con las siglas ASESA.

En Tijuana, la compañía suiza Société General de Surveillance (SGS) se encuentra a cargo del segundo reconocimiento en la aduana de la ciudad fronteriza y opera, desde hace dos años, un sistema denominado "Valunet".

También durante el actual gobierno federal, el Fideicomiso para el Desarrollo del Norte (Fidenor) es titular de la concesión del recinto fiscalizado en la aduana de Colombia, Nuevo León. Este organismo impulsó la creación de "zonas libres" mediante una iniciativa que envió al Congreso, pero el proyecto fue rechazado en sus términos y en su lugar se introdujo la figura de Recinto Fiscalizado Estratégico en la Ley Aduanera.

Hasta donde se sabe funcionan dos recintos estratégicos concesionados al sector privado, uno de ellos, en San Luis Potosí, fue asignado a una empresa encabezada por Juan Carlos López, personaje que al inicio del actual gobierno fue administrador central de Investigación Aduanera y a quien la Secretaría de la Función Pública inhabilitó para ocupar cargos públicos por 12 años, en un proceso que aún continúa.

En un reportaje de La Jornada del pasado 10 de octubre se publicó que ex funcionarios de la Administración General de Aduanas denunciaron que López Rodríguez y el titular de ese organismo, José Guzmán Montalvo, "están asociados con la familia (de Marta) Sahagún".