Los conflictos agrarios: urgencia de rectificar
En este noviembre están sucediendo hechos aparentemente sin ninguna relación pero que en conjunto dan un panorama de la conflictiva situación del campo mexicano, de la incapacidad del gobierno para darles solución de fondo, así como de la necesidad de rectificar las políticas para evitar que la violencia se agudice y el campo se siga manchando de sangre campesina.
El pasado 3 de noviembre, después de una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para analizar los conflictos agrarios del país, el presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA) declaró que existen alrededor de 400 expedientes -algunos sentenciados y otros en vías de serlo- que podrían generar conflictos sociales. La declaración es de tomarse en cuenta no porque sea una novedad, sino porque viene del presidente del TSA, la institución judicial encargada de velar por que haya justicia en el campo. Que sea este funcionario judicial quien afirme que aplicar la ley puede generar problemas sociales habla de que el organismo judicial ha sido rebasado y necesita reformarse para cumplir con su objetivo.
Dos días después, comuneros zoques de Santa María Chimalapa, en el estado de Oaxaca, declaraban que si para el 17 de noviembre próximo los ganaderos de la colonia Cuauhtémoc no han desalojado sus tierras, los echarían por la fuerza. La declaración la formularon después de una reunión con el secretario general de gobierno del estado, en la cual acordaron que el 16 de noviembre quedaría resuelto el problema. En este caso la declaración adquiere importancia porque se trata de un conflicto que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) había declarado resuelto desde hace dos años el conflicto; sin embargo, al paso de los días los hechos demuestran que no lo estaba.
La cuestión en este caso es lo que cada parte entiende por solución: para la SRA se reduce a la firma de convenios en los que una parte cede y se le indemniza mientras la otra se queda con las tierras en disputa. Para los campesinos, en cambio, el problema es mas complejo, tanto por la diversidad de actores que participan en las disputas como por los intereses y derechos en juego, y si no se atienden todos tarde o temprano los asuntos declarados resueltos vuelven a aparecer. Similar situación se ha denunciado en San Juan Lalana y Santiago Teojomulco, ubicados también en Oaxaca, que de igual manera fueron declarados resueltos.
Pero también surgieron otros casos graves. El mismo día que los zoques hacían público su ultimátum en Guerrero apareció la violencia cuando indígenas de la comunidad de Moyotepec, municipio de Malinaltepec, desalojaron por la fuerza y prendieron fuego a las viviendas de los habitantes del Capulín, municipio de Tlacoapa. No era la primera vez: en lo que va del año habían hecho lo mismo en dos ocasiones. Lo grave es que en esas tres ocasiones el motivo era el mismo sin que nadie tomara medidas para evitarlo: una disputa por tierras que fue declarada foco amarillo por la SRA y como tal no tiene la misma prioridad de atención que los focos rojos, conflictos agrarios en los cuales ha corrido sangre y se han perdido vidas humanas.
De igual manera, los rarámuris de Pino Gordo, en el estado de Chihuahua, se han movilizado y han ocupado oficinas gubernamentales para exigir se respeten sus tierras que les han sido arrebatadas a la mala por gente ajena, que contra la voluntad comunitaria de cuidar los bosques pretende arrasar con ellos.
El panorama que pintan estos hechos no es nada promisorio. La declaración del presidente del TSA habla de un debilitamiento de este órgano de Estado encargado de llevar la justicia en el campo. De igual modo, que los campesinos reclamen solución a un problema que se había declarado resuelto demuestra que las políticas implementadas para abatirlo no están dando los resultados esperados. A eso hay que agregar que los conflictos aumentan día con día por muy diversas razones. Todo esto nos muestra la necesidad de ubicar las deficiencias de las instituciones y corregirlas, pero también de revisar las políticas de atención a los conflictos agrarios, para darles soluciones de fondo.
Pero si por alguna u otra razón el Estado renuncia a su deber de brindar seguridad a los ciudadanos y sus pueblos, corresponde a éstos analizar sus problemas y buscarles soluciones condensadas. Es una propuesta que para muchos se antoja inalcanzable, pero para los campesinos, que por años han venido peleando pleitos, que muchas veces no son de ellos, sino de grupos interesados en mantenerlos divididos, no se ve otra opción a corto plazo. Un camino muy largo y difícil, pero sin duda el mejor, si no es que el único.