Editorial
Pemex: pasos al consenso
La aprobación por la Cámara de Diputados del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) es un dato positivo, en términos generales, que contribuye a aliviar el asfixiante saqueo fiscal que ha venido sufriendo la paraestatal, y que establece un margen de recuperación para el organismo, afectado además por la corrupción y por estrategias de liquidación impulsadas desde el gobierno federal, a lo largo de tres lustros, orientadas a facilitar la privatización del sector energético en general y de la industria petrolera en particular. Sin embargo, es deplorable que, al negarse a reducir el superávit previsto para la empresa en la Ley de Ingresos, el Senado haya virtualmente cancelado los recursos de que supuestamente iba a disponer para inversión en 2006. Además, subsiste la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar las asignaciones de inversión a la paraestatal.
Los sectores que han pugnado desde hace años por eliminar la condición de propiedad pública de la paraestatal critican ahora que el Senado de la República haya decidido excluir del texto posteriormente enviado a la colegisladora la figura de gobierno corporativo para la paraestatal, bajo la cual se establecería un consejo de administración con participación de la iniciativa privada. Tales críticas se basan en la idea de que el sector empresarial es, por principio, más eficiente y honesto que la administración pública, consideración que no necesariamente es cierta, y que en nuestro país, bajo las políticas económicas privatizadoras, se ha revelado casi siempre falsa. La reventa de los bancos expropiados en 1982 a operadores particulares, por ejemplo, dio lugar a un libertinaje financiero tan corrupto como ineficaz desde la lógica propiamente empresarial, y después llevó al gobierno a idear un "rescate" de la banca privada a costa de las arcas públicas que se tradujo en el mayor saqueo de recursos nacionales en la historia de México: la legalización de las deudas adquiridas por el Fobaproa y posteriormente transferidas al IPAB. Otro tanto ocurrió con las carreteras y los ingenios, por no hablar del escandaloso y malogrado Registro Nacional de Vehículos (Renave).
En contraste con esas discordancias, el empresario Carlos Slim enfatizó ayer la necesidad de mantener a Pemex como propiedad de la nación, calificó a la paraestatal de empresa "extraordinaria" y señaló que la petrolera "es el principal instrumento de política fiscal y monetaria", más importante, en este terreno, que el mismo Banco de México.
Los señalamientos del dueño de Grupo Carso, el hombre más acaudalado de América Latina y el cuarto más rico del mundo, pueden ser el punto de viraje de los afanes privatizadores que hasta ahora se ciernen sobre la paraestatal y sería deseable que dieran pie al empresariado en general a reconsiderar su empecinamiento por hacerse con la propiedad del sector energético. Porque si se dejara al Estado sin ese "principal instrumento de política fiscal y monetaria", resultaría inviable cualquier estrategia económica coherente formulada desde el poder público; el país en su conjunto quedaría, así, en total indefensión ante los vaivenes de la economía mundial, y ello acabaría revirtiéndose en contra del propio sector privado.
No hay que especular para percibir lo que ocurriría si prosiguiera la política de desmantelamiento de la paraestatal. Si la administración foxista ha conseguido sobrevivir, el año pasado y el presente, al estancamiento económico que ella misma ha propiciado, ello ha sido gracias a las remesas de los migrantes y a los altos precios internacionales del crudo, los cuales han representado ingresos extraordinarios para el fisco. Con un Pemex privatizado, el presupuesto federal perdería una porción muy significativa de sus ingresos y ello generaría escenarios de crisis y de ingobernabilidad.
Es tiempo de revertir la campaña privatizadora. Con un régimen fiscal adecuado y una administración honesta, Pemex puede generar los recursos que se requieren para prospección y modernización de su infraestructura, y preservarse, así, como un factor de estabilidad monetaria y económica y como un elemento imprescindible para el desarrollo, la justicia social y el bienestar. Sería deseable que los partidos políticos y los candidatos que participarán en las elecciones del año entrante se comprometieran a mantener ese propósito y dieran, de esa forma, certidumbre a la sociedad e incluso a los inversionistas.