El problema central del sector energía
¿Cuál es el problema central del sector energético de México, el que impide que este sector opere como factor esencial para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población? ¿El régimen fiscal de Pemex y la búsqueda de recursos fiscales alternativos que sustituyan la cada vez más escasa renta petrolera? ¿La caída de las reservas petroleras y su reposición? ¿La falta de capacidad de refinación que obliga a importar gasolinas? ¿El paradójicamente dispendioso esquema de consumo? ¿La diversificación de fuentes de generación de electricidad? ¿Los problemas de costos y productividad de las empresas energéticas? ¿El rezago tecnológico? ¿El control de emisiones? ¿El delicado asunto de la participación privada en un sector que la Constitución considera exclusivo para la Nación? ¿El pago de las pensiones de los trabajadores petroleros y electricistas? ¿El también delicado asunto de la determinación de precios internos de combustibles y electricidad, hoy vinculado al movimiento registrado en el sur de Estados Unidos? ¿El tratamiento acucioso y respetuoso de las comunidades afectadas por las obras del sector?
La lista puede seguir con el delicado e importante asunto de las energías renovables; o, el aún más delicado asunto, de la energía nuclear; o el de la autonomía de la empresas públicas; o, incluso, señalando uno más, el de los dispendiosos patrones de transporte de personas y mercancías, que exigen la mayor parte de la energía que se consume en el país.
Pero, ¿cuál es, realmente, el problema central -si lo hay- de nuestro noble pero complejo y deteriorado sector energético? En realidad, todos estos y muchos más son -sin duda- problemas delicados que deberemos resolver de forma inteligente, astuta, gradual y paulatina. Pero se trata de tantos y tantos que -de pronto-, uno no sabe por cuál empezar.
¡Ninguna secretaría de Estado tuvo tantos titulares como la de Energía este sexenio! ¿No es esto una terrible señal de la magnitud de los asuntos que se tratan en ella? ¡Sin duda! Sin embargo -pese a todo- es posible identificar eso que podemos llamar problema central del sector energía, atrás del cual está no sólo la adecuada identificación del resto de problemas, y su inteligente y lógico ordenamiento, sino el diseño de las soluciones válidas para todos.
¿Cuál será ese problema central? Va una hipótesis: la falta de integralidad en el análisis y -sobre todo- en las perspectivas de solución de los diversos problemas de nuestro desarrollo energético. Se trata de una integralidad capaz de permitir, como sugiere la Constitución, el aprovechamiento óptimo de nuestros recursos naturales y de la riqueza generada en los sectores llamados estratégicos. ¿Provecho óptimo para quién? La Constitución es clara: para la nación. Se trata de un óptimo nacional. Ni siquiera -pese a la legitimidad del caso- óptimo personal u óptimo de las empresas públicas. Un óptimo nacional que no resulta de la suma de los beneficios personales o particulares. Ni siquiera de los sectoriales. No. Por el contrario. Según la Constitución los beneficios sectoriales y particulares sólo se legitiman con la obtención de ese óptimo nacional.
El asunto es complejo. Exige voluntad política y disposición social para buscarlo y obtenerlo mediante el manejo integral del sector, sin olvidar el contexto que vivimos -complejo y difícil-, caracterizado por un mundo cambiante. De nuevo, el asunto no es sencillo. Supone acceder a una síntesis de los diversos y fragmentarios aspectos -en cierto sentido válidos- de cada una de las dimensiones de este sector: la que se desprende de la explotación primaria de crudo y gas natural; de la refinación; de la química integral del petróleo y del gas natural; de la prestación del servicio público de electricidad; del uso de energías renovables; entre otros. Todo ello por medio -Constitución dixit- de organismos y entidades públicas.
Frente a las absurdas modas privatizadoras, la tarea es aún más complicada. Pero imprescindible. En rigor, no se la ha buscado desde hace mucho. Se identifican pocos esfuerzos en este sentido. Y por miedo o evasión a esta compleja y difícil tarea -la de la búsqueda de una integralidad para obtener lo mejor para todos en un sector complejo y, por lo demás, anhelado por los negociantes, rentistas y especuladores, se adoptan visiones tecnocráticas y autoritarias.
Visiones que operan como salidas únicas para la coordinación y conducción de un sector que exige el mayor esfuerzo nacional, cuando, por el contrario, debiéramos realizar un esfuerzo permanente orientado a lograr la coordinación no sólo de organismos y empresas que por disposición constitucional se ha dado la nación para garantizar el cumplimiento -hoy, sin duda debilitado- de los cometidos del 27, 28 y 25 constitucionales. También la coordinación de trabajadores (sin duda fuera del nocivo esquema corporativo heredado) técnicos, administradores, especialistas y -acaso lo más importante- organismos sociales y, en general, sociedad en su conjunto, con toda su riqueza, su complejidad, sus requerimientos, sus vicios y sus virtudes. Está de por medio la identificación y el impulso decididos de una estrategia nacional que cuente ya no sólo con sólido respaldo científico-técnico, sino con soporte y determinación sociales incuestionables.
En este sentido nos debe preocupar menos que los candidatos a la Presidencia -sus compañeros, asesores, partidarios y seguidores- sepan qué hacer en todos los ámbitos específicos del sector energía (¡es obvio que deben saberlo!), y más -mucho más- sepan cómo lograr que la sociedad identifique sus problemas en este ámbito energético, y descubra, determine, impulse, respalde y se comprometa con las alternativas de solución, en una visión que trascienda -hoy ya no es posible otra- el periodo sexenal y nos coloque en una visión de no menos de 25 años. Nada más. Hasta hoy nadie lo ha hecho. Nadie. De veras que nadie.