Editorial
EU, secuestrador y torturador mundial
Hace tres meses, el pasado 3 de agosto, Amnistía Internacional denunció que Estados Unidos dispone de centros de detención secretos en diversas partes del mundo. Con base en los testimonios de dos hombres que fueron secuestrados en Indonesia y Jordania, llevados a un país no identificado en el que permanecieron entre seis y ocho meses en una prisión administrada por estadunidenses, y después trasladados a Yemen, donde se encuentran presos, el organismo humanitario expresó su temor de que "el relato de estos dos hombres sea un resumen de la situación general de las detenciones secretas hechas por las autoridades de Washington en el mundo entero".
Hasta entonces, la opinión pública mundial sólo conocía las atrocidades perpetradas por las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia de Estados Unidos en las prisiones iraquíes y afganas, así como en el campo de concentración situado en el enclave de Guantánamo, en territorio cubano, donde el gobierno de George W. Bush retiene, al margen de las leyes internacionales y de las de su país, a centenares de personas que, en su mayor parte, fueron capturadas en Afganistán en el contexto de la invasión a ese país hace cuatro años.
La Casa Blanca y el Pentágono aseguran que otorgan un trato digno a esos infortunados, pero existen múltiples pruebas de lo contrario y, en forma por demás reveladora, se niegan a otorgar autorización solicitada hace cinco meses por el propio secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan para que expertos de derechos humanos comisionados por la ONU visiten a los prisioneros y hablen con ellos. En la actualidad, unos 200 de esos secuestrados, para llamar las cosas por su nombre, participan en una huelga de hambre para exigir respeto a sus derechos elementales.
Ayer, The Washington Post dio datos adicionales sobre esta red de centros de detención clandestinos y reveló que algunos de ellos operan en Europa oriental, en prisiones construidas en tiempos en que la región estaba sometida al control de la desaparecida Unión Soviética, y en países cuyos gobiernos hoy se ostentan como "democráticos".
El secuestro o la desaparición forzada de individuos y su reclusión en cárceles clandestinas operadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) constituye, de entrada, una intolerable y escandalosa violación a las convenciones Universal de los Derechos Humanos y de Viena, así como a las legislaciones nacionales, tanto las de países cuyos gobiernos se prestan a semejante atropello, como la estadunidense. El propósito de mantener ocultos los secuestros y las reclusiones resulta obvio: el gobierno de Bush busca esconder a la opinión pública mundial y a la sociedad estadunidense el recurso masivo a la tortura, el maltrato y las presiones ilegales de toda suerte. Por lo demás, si en Abu Ghraib y en las prisiones afganas hubo asesinatos de prisioneros, no hay por qué pensar que tales actos no ocurren en cárceles de las que no se conoce ni siquiera su existencia.
Finalmente, el operativo no sólo confirma que Washington ha vuelto a ser como en los peores años de la guerra fría un violador mundial de derechos humanos, sino que pone de manifiesto el grado de envilecimiento provocado por el actual gobierno estadunidense en las naciones que albergan, sin que sus sociedades lo sepan, esas instalaciones infames. Además, la existencia de esa red criminal de prisiones secretas y las prácticas de secuestro y desaparición forzada asociadas a ellas son una bofetada a los afanes del mundo entero de legalidad, paz y vigencia de los derechos humanos.