Usted está aquí: domingo 30 de octubre de 2005 Sociedad y Justicia México incumple compromiso ecologista por presiones de la IP

No entregará registro de emisiones peligrosas: Greenpeace

México incumple compromiso ecologista por presiones de la IP

ANGELES CRUZ MARTINEZ

México incumplió el compromiso de presentar el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), que se debería comparar con los resultados de Estados Unidos y Canadá, países en los que las industrias reportan la emisión al ambiente de 600 y 300 sustancias tóxicas, respectivamente, denunció la organización ecologista Greenpeace.

Marisa Jacott, coordinadora de la campaña de tóxicos de la agrupación civil, comentó que en la reunión del comité de la CCA sobre este tema, efectuado en días pasados en la ciudad de Monterrey, la representación de México dio a conocer un listado con apenas 104 sustancias, de las que supuestamente sólo cinco serían altamente tóxicas.

La especialista aseguró que las presiones que han ejercido los dueños de las industrias generaron que México incumpliera su compromiso. Explicó que para la elaboración del listado de contaminantes se pusieron umbrales muy altos, por lo que "pareciera que los daños al ambiente son prácticamente inexistentes".

Sólo así se explica que a pesar de que en México existen 30 mil agentes generadores de residuos peligrosos, sólo se dé cuenta de 11 mil reportes, en los que prevalecen de cinco a siete sustancias.

Esta información resulta increíble porque en Estados Unidos se reciben 90 mil reportes de 23 mil instalaciones con más de 600 sustancias; y en Canadá, con 8 mil 425 industrias, las autoridades dan cuenta de 33 mil 603 reportes y 323 sustancias contaminantes.

La explicación es que los socios comerciales de México carecen de umbrales, de tal suerte que la más mínima emisión de sustancias tóxicas es incorporada a sus registros.

En entrevista, Jacott señaló que nuestro país tiene un atraso de 10 años en este tema, y a pesar de que se había comprometido a que en diciembre estaría listo el registro, al término de la reunión del grupo de trabajo de la CCA se acordó que debido a los "problemas en la organización de los datos", la publicación del registro se pospondría para junio de 2006.

La integrante de Greenpeace, quien asistió a la reunión del comité en la ciudad regiomontana, explicó que entre los reportes de los tres países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tendría que haber niveles de comparación en al menos 50 sustancias.

Sin embargo, por los altos umbrales de emisión determinados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), "no tenemos el perfil de los contaminantes que son liberados a la atmósfera" ni en cantidad ni en periodo de tiempo, apuntó Jacott.

Greenpeace planteó la necesidad de que se revise el listado de 104 sustancias, con el propósito de saber de qué tipo de empresas provienen (cementeras, Petróleos Mexicanos, industrias de cloro), y principalmente, que las autoridades ambientales mexicanas expliquen por qué -por ejemplo- el tolueno, metal pesado liberado en las actividades de petroquímica, pintura y plaguicidas, ni siquiera está en la lista de México, mientras en Estados Unidos y Canadá lo reportan con altas emisiones.

También es importante, comentó Jacott, que la lista incluya los niveles de acumulación, el potencial cancerígeno y tóxico de cada una de las sustancias, es decir, incorporar los criterios ambientales y de salud en el reporte.

A decir de la activista de Greenpeace, los representantes de Estados Unidos y Canadá expresaron su preocupación por la dilación de México y la imposibilidad de cruzar la información.

No obstante, comentó Jacott, durante el encuentro realizado en Monterrey, Alejandro Larrea, miembro de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes) del Consejo Coordinador Empresarial, mencionó que los industriales no ven con buenos ojos el trabajo que en esta área realiza la CCA, y que inclusive, los empresarios estarían en la idea de explorar alternativas legales para anular la iniciativa del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes.

 
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