Inseguridad social
La solución del problema de la revisión del contrato colectivo de trabajo en el IMSS, una combinación de incremento de aportaciones de los propios trabajadores interesados, fijación de una edad mínima para obtener la pensión y un aumento de los años de servicios, aunado al compromiso del IMSS de contratar entre 62 mil y 65 mil trabajadores nuevos, cifra que se fundó en cálculos actuariales, parte del supuesto de que se alcanzó una solución temporal.
Una comisión mixta ya acordada, que tendrá que integrarse de inmediato, habrá de estudiar soluciones de largo plazo para evitar que el tema de las jubilaciones y pensiones se constituya en constante en el futuro de las relaciones entre el IMSS y sus trabajadores. Se calcula que la solución actual servirá solo por seis o siete años.
Dicen los expertos que la única alternativa posible sería el incremento de las cuotas obrero-patronales y del Estado aproximadamente en 20 por ciento para que tuvieran un valor equivalente al de 1997, lo que permitiría resolver el problema de la falta de financiamiento del instituto.
Es obvio que una solución de ese género no podrá satisfacer a los empresarios que, sin embargo, en tiempos anteriores la aceptaron permitiendo una vida económica suficiente.
Si ese es el camino, a quien corresponderá establecer las bases de la solución será al Congreso de la Unión. Previamente debería reparar el mal causado con la reforma de 2004 que vino, simple y sencillamente, a fijar un límite inconstitucional a las posibilidades de disposición de fondos derivados de cuotas obrero-patronales y del Estado, reservas y sus productos (que no constituyen ni mucho menos la totalidad de los ingresos del IMSS). Con ese pretexto el IMSS se abstuvo de contratar nuevos trabajadores, para no generar más obligaciones pasivas derivadas del régimen de jubilaciones y pensiones (RJP), lo que alimentó las tensiones de la revisión contractual. La abrogación de los artículos entonces reformados de la Ley del Seguro Social es esencial.
Lo que ha sido notorio es que el sector empresarial, seguramente con el ánimo de evitar que se le impute la responsabilidad económica de hacer solvente al instituto, ha declarado cuantas veces ha podido -y ha podido muchas- que todo el problema se reduce a la dimensión del contrato colectivo de trabajo.
Eso es rotundamente falso. Pero en mi concepto no sólo es la escasez de recursos por lo bajo de las cuotas lo que provoca los evidentes problemas financieros del IMSS, sino que hay otros motivos visibles y apreciables.
El primero de ellos es el constante desempleo que se ha producido en México desde hace muchos años. Si no hacemos caso al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que señala 4 por ciento aproximadamente, bastará que consideremos que los asegurados en el IMSS son alrededor de 12 millones 900 mil, un par de millones en el ISSSTE (sin tomar en consideración que muchos trabajadores cotizan al mismo tiempo en ambos) y unos 5 millones de profesionales, empresarios, etcétera.
Eso da un total de 20 millones de mexicanos con chamba. Considerando una población económicamente activa de 55 millones, más o menos, resulta que el desempleo en el país es de 64 por ciento, un poquito más de lo indicado por el INEGI.
A eso hay que agregarle que los salarios son muy bajos; que muchos patrones tienen problemas de memoria y se les olvida inscribir a sus trabajadores, o lo hacen con salarios menores de los reales. Y si se toma en cuenta, además, la inflación, con el consiguiente aumento de los insumos y el crecimiento de la población que requiere más servicios, el resultado no es demasiado positivo.
Pero no faltan otros motivos. A partir del nacimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro, versión Salinas de Gortari, la cuota de 2 por ciento que se inventó entonces se entregaba a los bancos, que disfrutaban de ella por cuatro días hábiles bancarios sin pago de intereses, y después al Banco de México, que de inmediato entregaba al Estado esos fondos para su sano financiamiento. Claro está que con un interés de 2 por ciento anual y la rehabilitación mensual de las cuentas individuales de los asegurados. En aquellos tiempos 2 por ciento de interés era bastante poquito.
El presidente Zedillo, al aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, puso de manifiesto que había que servirse del crédito interior (fondos de la seguridad social) en lugar de créditos externos. En 1995 nacieron las Afore, que reciben la totalidad de los fondos de pensiones, rompen con el principio de solidaridad esencial a la seguridad social, y al final del camino, vía las Siefore, se invierten en valores del Estado. Hoy, alrededor de 20 por ciento de esos valores pueden ser de otra naturaleza, según ha resuelto la Consar.
El IMSS, respecto a las pensiones, se ha convertido en un vil cobrador. Los capitales constitutivos de las mismas, al morir los asegurados y beneficiarios, se quedan normalmente en poder de compañías de seguros.
La solución no será solamente aumentar las cuotas. Habría que meterle reversa al invento de las Afore y compañía, que enriquecen de manera impactante al sistema bancario, y devolver al IMSS su función original de ser un organismo asegurador. Sin olvidar que el propio instituto podría invertir sus recursos en el financiamiento público, pero con la justa retribución.
El tema es inagotable.