Dependencias, fideicomisos y bancos se niegan a entregar registros y documentos
Hallan anomalías por más de $1,500 millones en Educación de Guerrero
Las irregularidades en el gobierno de Juárez Cisneros afectan a unos 70 mil trabajadores
Chilpancingo, Gro., 27 de octubre. Una auditoría realizada a la primera fase del Plan de Previsión Social de Guerrero (PPS-Gro) detectó irregularidades por más de mil 500 millones de pesos en la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), cometidas entre abril de 1999 y marzo de 2005 -durante el sexenio de René Juárez Cisneros-, en perjuicio de unos 70 mil trabajadores de esa dependencia.
En las conclusiones de la auditoría se destacó que ''se está otorgando en forma irregular y desviando el patrimonio del PPS-Gro, creando con ello un ambiente de desconfianza al plan por parte de los trabajadores de la SEG. A esto habría que agregar que el personal de confianza, que también aporta al fondo, está materialmente olvidado, sin que nadie lo apoye para lograr las prestaciones que también le corresponden legítimamente''.
El PPS-Gro funciona por medio del fideicomiso número 5119-1 de Banca Afirme, cuyos integrantes eran el entonces secretario de Finanzas, Rafael Acevedo Andrade; los ex secretarios de Educación Miguel Miaren Domínguez y Daniel Pano Cruz, así como los dirigentes de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Job Bernache Guzmán, y actualmente José Natividad Calixto Díaz.
En el informe de 144 páginas y 33 anexos de la revisión, concluida en septiembre, y de la cual tiene copia La Jornada, se indica que la información fue requerida a cada una de las dependencias, instituciones y empresas que intervienen en la administración, operación y supervisión del PPS-Gro.
Se presentaron 54 peticiones de información a la consultora Aplica, responsable del plan en 2005, pero apenas ha entregado 26. A la Coordinación Operativa del PPS-GRO se le hicieron ocho requerimientos y sólo ha respondido a seis.
El informe indica que en agosto de 2005 se solicitó información a los bancos Banorte, BBVA Bancomer, Scotia Bank Inverlat, HSBC y Santander Serfin, pero únicamente el primero proporcionó los estados de cuenta correspondientes a los cheques pagados entre 1999 y 2005.
La auditoria sostiene que hasta la fecha la consultora Aplica no ha entregado información relevante sobre la estabilidad del PPS-Gro, por lo cual ''se desconoce la suficiencia de los fondos''.
La empresa tampoco presentó copia de avalúos actuariales para determinar los montos de los pasivos inherentes a beneficios de previsión social, como se estipula en el convenio de corresponsabilidad. ''Al no contar con estos estudios, las autoridades perdieron la noción de la responsabilidad del plan, y por consecuencia se desconoce si los plazos de los créditos se recuperaron a tiempo para absorber los pasivos contingentes'', se explica.
Además, ''no proporcionó la documentación de afiliación de todos los trabajadores participantes; la ley obliga a contar con al menos 75 por ciento de los trabajadores incorporados al plan, del mismo gremio sindical, ni copia de los estados comparativos presupuestales, de los estados de origen y aplicación presupuestal, ni los resúmenes informativos. La carencia de estos documentos impactó financieramente el presupuesto de la SEG en 2003, 2004 y 2005'', sostiene el escrito.
Para la realización del análisis se pidió a la SEG una relación de nóminas para cotejar el pago de préstamos otorgados entre 1999 y 2003, pero la dependencia no respondió. ''En consecuencia, no se logró determinar el total de créditos no cobrados, aunque se logró cuantificar un monto no recuperado de 22 millones 845 mil 398.72 pesos''.
En cuanto a la Coordinación Operativa del PPS-Gro, se señala que ''no proporcionó copia de los cheques emitidos para pago de otros conceptos diferentes a créditos de contingencia, y tampoco entregó el padrón de jubilados''.