Dicen los pueblos: "lo que costó sangre no se vende por dinero". Y denuncian y rechazan leyes y programas dirigidos al despojo y privatización de sus recursos naturales en la Declaración en Defensa de la Economía Indígena emitida por comunidades y organizaciones indígenas en julio pasado, en el manifiesto público del Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico, realizado en el caracol zapatista de Zirahuén, en la declaración en Defensa de la Medicina Tradicional y en la declaración de San Isidro.

Exigen que se ponga fin a la ola de programas y leyes e iniciativas de leyes que abren las puertas de los territorios al capital neoliberal, mediante un proceso de invasión silenciosa que los pueblos viven constantemente, y que por su complejidad se vive en cada rincón.
 
 

Zacualpan es una comunidad ubicada en las faldas de Cerro Grande en la Sierra de Manantlán; aunque no hablan lengua propia y su vestimenta tradicional se ha perdido con el paso de los años, se reivindican como comunidad indígena. En Cerro Grande los bosques eran objeto de saqueo clandestino de madera por el capital transnacional de Lumbers Company desde 1910.

Después, se decretó todo Cerro Grande como parte de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán que cuenta con una vasta biodiversidad, existe una variedad silvestre de maíz endémica de la zona, cuya importancia genética fue valuada en 6.8 billones de dólares anuales, y por la importante captación de agua de la que depende una amplia zona de influencia, donde se benefician aproximadamente 430 mil habitantes.

Aunque Cerro Grande es un importante captador de agua, las comunidades que allí se encuentran tienen un difícil acceso al vital líquido, dado que por su naturaleza carece de ríos superficiales, filtrándose al subsuelo toda el agua captada en los bosques. Existen resurgimientos de grandes cantidades de agua cuando los ríos subterráneos chocan con la roca volcánica y emergen, como en el manantial de Zacualpan.

Desde 1992, se concesionó este importante yacimiento de agua a la ciudad de Colima y Villa de Álvarez, donde es administrada por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Siapacov). Desde entonces el control del manantial está en función de las necesidades de sus nuevos usuarios.

En 2003, Zacualpan ingresó al programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), por estar Cerro Grande dentro de la lista de Montañas Prioritarias de la Comisión Nacional Forestal. En 2004 recibieron un primer pago de 603 mil pesos, que al interior de la comunidad propició conflictos por la distribución de los recursos.

Pese a que la implantación de este programa en la comunidad inició con el dinero "gubernamental" proveniente del Banco Mundial con administración de la Conafor, actualmente hay negociaciones entre los gobiernos de Jalisco y Colima para crear los llamados "mercados locales de agua" donde serán los propios usuarios los responsables de cubrir el PSAH, teniendo como intermediario al Siapacov.

Concientes o no de la privatización de bioregiones enteras, los promotores, afirman que al fomentar estos mercados se propiciará un sistema "justo" de reconocimiento de los servicios ambientales generados por las cabeceras de cuenca, mediante el PSAH que se supone pagarán los usuarios de Colima y Villa de Álvarez, para "retribuir el costo de la conservación", hasta ahora solventado por las propias comunidades.

Sin embargo, el Siapacov ingresó ya al Programa de Modernización de Operadores de Agua (Promagua), que se encarga de proveer de infraestructura a las redes hidráulicas, promover el incremento en el precio del agua e incentivar la entrada de grandes corporaciones multinacionales que privatizan y monopolizan el control del agua a nivel mundial, garantizándole rentabilidad al negocio.

Desde el año 2000 se publicaron reformas al decreto 109 que aprueba la ley para regular la prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el estado de Colima. Dichas reformas propician que un organismo operador privado invierta en la distribución de agua potable en el estado, pues abre las puertas a que éste fije libremente cuotas o que restrinja el acceso al agua proveniente del manantial de Zacualpan a la gente que tarde más de dos bimestres en pagar.

Así pues el PSAH será pagado por los usuarios, pero no a las comunidades sino al intermediario Siapacov que será quizás la próxima sucursal de algunas de las grandes empresas privatizadoras como Suez, Vivendi o Aguas de Barcelona; sólo las primeras dos controlan el 70 por ciento del suministro de agua del mundo y ya operan en el país.

El manantial de Zacualpan no es la única fuente de agua de Colima y Villa de Álvarez pues cuentan con nueve pozos profundos como reserva, pero ocho de estos fueron concesionados al transnacional Grupo Modelo, quien ocupa un lugar en el Consejo Consultivo del Agua a nivel nacional, para construir la central cervecera más grande de Latinoamérica, con una inversión que supera los 1 500 millones de dólares.
 
 

Cerro Grande, así como Zapalinamé en Coahuila, son considerados por la Conafor, como los dos casos mas exitosos de "mercados locales de agua", como se comentó en su seminario sobre servicios ambientales, realizado en julio de 2005. En Saltillo, beneficiado por Zapalinamé, ya opera la gigante empresa Aguas de Barcelona --acciones locales donde el intermediario es el capital multinacional. Curiosamente el lema del IV Foro Mundial del Agua a realizarse en este país en 2006 es "Acciones locales para un reto global"; donde se reunirán los grandes empresarios del agua a evaluar y diseñar estrategias de privatización global hoy, como dice su lema, desde lo más local.

Las políticas oficiales de conservación de los recursos naturales, el pago por servicios ambientales, el ordenamiento territorial, la certificación y privatización de tierras, entre otros, son herramientas para despojar a los pueblos del control de su territorio, concepto deformado por el capital que busca fragmentarlos en cuencas, subcuencas o hasta microcuencas o en "áreas prioritarias", viendo a la gente no como seres humanos que habitan y se relacionan con su entorno, sino como vendedores de agua, de biodiversidad para las grandes empresas farmacéuticas y biotecnológicas y de bonos de carbono para sustentar la contaminación del insustentable capitalismo industrial.

El cuestionamiento es si el pago por servicios ambientales es realmente una opción para salvar al planeta como se pregona vistiéndolo de "sustentabilidad", o si es más bien una respuesta precisa a una pregunta que intencionalmente planteó mal el capitalismo para someter a un mercado injusto y destructor, los recursos más elementales para la vida.

¿Qué pasa cuando el control del agua, las plantas medicinales, el paisaje, la contaminación, el consumo de energía, la salud, la tierra y las semillas se introducen en esa lógica de mercado?. Quizás la respuesta la tengan las más de mil millones de personas que no tienen acceso al agua en el mundo, las que deben pagar por ella mucho dinero, las comunidades despojadas de sus ríos y manantiales, a las que robaron y patentaron sus conocimientos tradicionales y plantas medicinales, cuyos pozos se secaron por las profundas excavaciones de la embotelladora, los millones de campesinos convertidos en obreros y jornaleros sin tierra y los que mueren todos los días de hambre mientras en el mundo se producen mas alimentos de los que en realidad se necesitan.

En tanto, los pueblos hacen frente al despojo luchando por la autonomía en los hechos, por el pleno uso y disfrute de sus recursos naturales, por su reivindicación como pueblos y por la dignidad, tomando como ley suprema los Acuerdos de San Andrés.