Usted está aquí: martes 11 de octubre de 2005 Opinión IEDF: el cascabel a partidos

Nora Patricia Jara

IEDF: el cascabel a partidos

El Instituto Electoral del Distrito Federal le puso el cascabel al gato al reglamentar las precampañas electorales y exigir que los partidos registren a sus candidatos para que puedan hacer proselitismo en las calles y los medios de comunicación. Con esta decisión se termina con la danza de los millones que los posibles abanderados o aspirantes a una candidatura utilizan de manera oculta a los ciudadanos, y en ocasiones hasta de forma aviesa bajo compromisos inconfesables, con tal de ganar un lugar en las percepciones del posible electorado. Así también, hace lo que la autoridad electoral en el ámbito federal, se ha negado a atender primero los intereses de los grandes corporativos de la televisión, antes que las auténticas demandas de los votantes.

Con el objetivo de poner fin a las inmoralidades y el derroche que los supuestos representantes de los institutos políticos realizan antes de que se inicie formalmente el proceso comicial, el Instituto Electoral del Distrito Federal enfrenta la ira de los partidos y de quienes dicen representarlos, cuando algunos de los que más gastan en spots de radio y televisión ni siquiera tienen el reconocimiento de una instancia partidista, y sí en cambio aceptan dineros en lo oscurito con tal de ganar una contienda.

En un sistema de marketing político, como el que vergonzosamente han privilegiado las autoridades electorales federales, somos los ciudadanos los que pagamos o financiamos el funcionamiento de los aparatos que hacen posible la democracia, haciendo evidente la profunda diferencia entre las contribuciones privadas y los subsidios públicos, ya que los primeros no se transparentan, pasan al margen de la legalidad y se convierten en la principal fuente de contribuciones, en los años y meses previos a la elección, sobredimensionando el papel de la publicidad política y sustituyendo las formas tradicionales de ingresos, que son las contribuciones de militantes, simpatizantes, los consumidores de bienes y servicios o contribuyentes fiscales, además de los montos millonarios y obscenos que nuestro sistema gubernamental destina con este fin.

Al grado que se pervierte el origen de este subsidio, que es el de hacer equitativa la contienda, alejando los dineros sucios provenientes de fuentes ilegales, como el narcotráfico o el lavado de dinero, sustituyendo lo que debiera ser una contienda igualitaria, dejando las campañas en manos de una minoría acaudalada, como son los grupos de interés, los corporativos o donantes institucionales que por medio de sus contribuciones pretenden no sólo apoyar a su candidato o partido, sino que a la vez desean "comprar" el acceso a su político favorito o influir en alguna política pública en específico. Ejemplos claros los hemos tenido en los casos de Amigos de Fox y el llamado Pemexgate, que se tradujo en un financiamiento interesado para obtener favores políticos, un cargo, un contrato o una licencia. "Te doy para que me des", pareciera ser la consigna de un grupo de mexicanos y extranjeros que se coludieron para violar intencionalmente la ley, y que para desfortuna nuestra fueron avalados por instancias como el IFE y los tribunales electorales locales y federales, ubicándose al margen de la voluntad ciudadana y evidenciando la impunidad imperante en esta nación, pervirtiendo con ello nuestro sistema democrático.

Desde la década de los setentas los diversos escándalos públicos sobre el financiamiento ilegal o secreto modificaron las reglas electorales al respecto en países como Estados Unidos, Canadá o Inglaterra; sin embargo, las contribuciones voluntarias y anónimas, el principal problema de escrutinio publico del dinero de una campaña, ha sido privilegiado como otras formas, si bien no ilegales, pero sí corruptas como la publicidad a los grandes medios, acciones que sobrepasan la voluntad popular e influyen en el votante al ejercer el derecho del voto libre, ya que está obligado a reconocer al partido o candidato que tiene acceso irrestricto en los medios de comunicación, dejando a un lado las ideas o propuestas políticas.

Por esto, es importante la labor que realiza el Instituto Electoral del Distrito Federal al obligar a los ciudadanos, ya sea con o sin representación política partidista, a apegarse a las normas que sustentan a la verdadera contienda democrática, que son la equidad y la transparencia, sin olvidar que lo único que tenemos los ciudadanos comunes es el voto para garantizar que sea la voluntad expresada en las urnas la que decida quién o quiénes nos gobiernan, y no la plutocracia o los dueños del dinero, que al fin y al cabo son a los mismos que subsidiamos con nuestros impuestos y que emiten, por medio de la publicidad política, su voto, lo que nos pone en desventaja, ya que la elección se decide entre quien puede pagar más o menos marketing, y no mediante el sufragio. De ahí el respaldo que debe tener la autoridad electoral impugnada por partidos y sus aparatos de poder que incluyen a los mass media y las burocracias doradas, que son los que se benefician con el dinero público y a espaldas del pueblo, ejemplo que debiera seguir la autoridad federal más preocupada en mantener sus privilegios que en garantizar la voluntad ciudadana.

 
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