SRA, fracaso en la solución de conflictos
En Oaxaca quedaron enterrados los programas del gobierno federal para resolver los conflictos agrarios. A los problemas derivados de los convenios firmados con diversas comunidades que enfrentaban problemas generados por la propiedad o posesión de la tierra, que el gobierno consideró focos rojos de acuerdo con criterios burocráticos, se suma ahora la declaración de nulidad que a principios del mes pasado hiciera el tribunal agrario de un convenio a través del cual se pretendía despojar de manera anticonstitucional a los ejidatarios de San Pedro Yosotatu, para entregarlas a sus vecinos de San Sebastián Nopalera, quienes las habían invadido desde el año de 1998, cuando la lógica indica que a quien se debería desposeer de la tierra es a los invasores para entregarla a sus legítimos dueños.
La historia del convenio, declarado nulo desde el 2 de septiembre y notificado a las partes la semana pasada, es un rosario de injusticias contra los ejidatarios de San Pedro Yosotatu. En su propia voz, se sabe que el 22 de noviembre de 2004 la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) firmó un convenio con una representación espuria, nombrada a modo en una asamblea donde sin ningún recato intervino el representante especial de la SRA en Oaxaca para manipularla a su antojo, al grado que inclusive impidió la participación de la Procuraduría Agraria y resultó electo presidente del Comisariado Ejidal un campesino que ni es ejidatario.
Fue con esa representación con quien se firmó el convenio para que se despojara al ejido de sus tierras, fundados en un acta en la que faltaron las firmas de algunos miembros del Comisariado pero en cambio abundaron las de los muertos, los ausentes que viven fuera del país y la mayoría firmó con la promesa de que les pagarían jugosas cantidades de dinero.
Los inconformes, que son la mayoría, protestaron pero nadie los escuchó. Entonces acudieron a la protección de la justicia federal y después al Tribunal Unitario Agrario, que ahora ha declarado nulo el convenio. El argumento jurídico usado por el tribunal para fundar su resolución da la razón a los inconformes. En el considerando cuarto de su resolución, de manera categórica expresa que "el convenio plantea la desaparición del ejido de Yosotatu, contraviniendo las posiciones de Ley Agraria, y en el articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se observe el procedimiento previsto para sustraer tierras de un régimen ejidal y cambiar su naturaleza y destino, resultando con ello inconstitucional e ilegal el referido convenio, además de lesivo y desproporcionado, al conceder la totalidad de las tierras al ejido de San Sebastián Nopalera y la indemnización al presidente y tesorero del Comisariado Ejidal de San Pedro Yosotatu."
Por esas razones, el Tribunal Unitario Agrario concluye que el convenio impulsado por la SRA no puede ser calificado de legal por no ajustarse a derecho y las tierras de San Pedro Yosotatu jurídicamente no pueden enajenarse "toda vez que no han adquirido el dominio pleno de las mismas conforme al procedimiento establecido por los artículos 56 y 92 de la ley agraria y los relativos del Reglamento de la Ley Agraria en Materia del Ordena-miento de la Propiedad Rural, así como la protección a las tierras estipulado por el artículo 74 de la ley agraria, y la fracción VII del articulo 27 constitucional". En otras palabras, la SRA pretendía despojar a los ejidatarios de sus tierras sin observar el marco jurídico agrario que está obligada a respetar.
Este caso ilustra claramente el fracaso de las políticas agrarias del gobierno federal -si es que alguna hay- para la solución de los conflictos agrarios. Demuestra también que para arreglar la conflictividad agraria no es suficiente llegar con la cartera abierta ofreciendo dinero a quien acepte un arreglo, aunque resulte desventajoso y fuera de toda legalidad. Ojalá los funcionarios agrarios encargados de estos problemas entiendan que los problemas del campo son más complejos y requieren una atención distinta a la que hasta ahora les han dado. Que para su solución se necesitan estrategias que pongan en el centro a los campesinos y no las metas que cada año se proponen cumplir. Tal vez no sea tan tarde para repensar la conflictividad agraria y otras formas de atenderla. Porque lo que hasta ahora ha quedado claro, con éste y otros casos, es que las políticas diseñadas y aplicadas para lograrlo han sido todo un fracaso.