Usted está aquí: jueves 6 de octubre de 2005 Política Propone Vázquez Mota permitir la relección de legisladores y ediles

Argumenta que el propósito es fortalecer la política social y no dejar planes a medias

Propone Vázquez Mota permitir la relección de legisladores y ediles

Enfrenta críticas por la ayuda a ancianos que antes calificó de populista y ahora impulsa

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Ampliar la imagen Josefina V�uez Mota neg�e el gobierno federal imite los programas de ayuda creados por el GDF FOTO Jos�ntonio L� Foto: Jos�ntonio L�

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Josefina Vázquez Mota, planteó anoche a la Cámara de Diputados considerar una reforma que permita la relección de legisladores y presidente municipales, como medida para fortalecer la política social, porque, explicó, de 365 días del año, 282 están sujetos a procesos electorales y ello deja muy poco espacio para el acuerdo social y la construcción de agendas más sustantivas.

Al comparecer ante comisiones como parte de la glosa del quinto Informe de Gobierno de Vicente Fox, Vázquez Mota afirmó que esta modificación, aunque se trata de una reforma de corte político, tendría un impacto muy favorable en la definición de una agenda como la social, y al dirigirse a los diputados señaló: "Ustedes podrían dar, con mayor experiencia, mucho mayor fortaleza a la política social. Una relección de legisladores se antoja urgente en un momento como el que vive el país".

Durante su exposición ante los legisladores, la funcionaria federal afirmó que la política social del gobierno foxista no se ejerce como espacio de rentabilidad política, y en ese contexto explicó que el programa para adultos mayores propuesto por el Ejecutivo para aplicarse en 2006, como parte del programa Oportunidades, "es muy distinto al que se aplica en el Distrito Federal".

A pregunta del diputado del PRD Gelacio Montiel Fuentes, Vázquez Mota explicó que la diferencia se puede explicar por dos componentes: los beneficiarios deberán aportar un monto igual al que se les destine, es decir, un peso por un peso, que sería administrado por la Consar, y la transferencia monetaria de los mayores de 70 años y sus familias que ya están incluidos en el programa Oportunidades.

Afirmó que así se garantiza que no se le dé uso electoral al programa y refirió que, por ejemplo, se invitó a la gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, a adherirse a este proyecto que, además, "tiene la garantía de que es autofinanciable para evitar el problema de pensiones como el que actualmente enfrenta el país".

Al hacer uso de su derecho de réplica a la respuesta de Vázquez Mota, el legislador perredista cuestionó que el programa para adultos aplicado por el Gobierno del Distrito Federal fuera sometido durante más de cuatro años a un continuo ataque, pues desde el gobierno federal este esfuerzo se calificó como populista, y cuestionó: "¿Por qué se piensa ahora que apoyar a los adultos es un acto de justicia social? Curiosamente (se propone) en el año previo a las elecciones, ¿acaso ahora no es populista?" Por otro lado, al referirse a la población en riesgo, señaló que por medio del programa Habitat, y con la participación de municipios, se ha elaborado una serie de mapas de riesgo para evitar que desastres naturales, como el ocurrido en Tapachula, afecten a las familias más pobres del país, e informó que en el territorio nacional aún viven cerca de 15 millones de mexicanos en zonas de alto riesgo.

Durante la reunión, el diputado del PRD Julio Boltvinik afirmó que el gobierno del presidente Fox trata de convencer a la nación de que la pobreza se ha reducido, cuando la realidad demuestra lo contrario, y afirmó que a los resultados del Conteo de Población levantado por el INEGI se dará un uso electoral. También afirmó que la Sedeso ha incurrido en violación de la Ley de Desarrollo Social al no publicar el reglamento de la misma y no constituir el Consejo Nacional de Evaluación, órgano independiente que deberá examinar los resultados de combate a la pobreza, y exhortó a llegar a un acuerdo sobre la redacción del texto del reglamento para evitar que la Cámara de Diputados recurra a una controversia contra el Poder Ejecutivo federal.

 
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