Acepta el Tribunal Constitucional la solicitud de la premio Nobel Rigoberta Menchú
España se declara competente para juzgar crímenes de lesa humanidad en el mundo
Ahora podrían ser enjuiciados Ríos Montt, Lucas García y otros dictadores guatemaltecos
Madrid, 5 de octubre. España se declaró competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad ocurridos fuera de las fronteras nacionales, aun cuando no haya víctimas españolas, luego de que el Tribunal Constitucional aceptó una solicitud de la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz.
El tribunal consideró que "el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales", en respuesta a un recurso interpuesto en 1999 por Menchú para que la justicia española investigara los delitos de genocidio, torturas, asesinatos y detenciones ilegales cometidos en Guatemala entre 1978 y 1986.
De esta manera, la sentencia anula una decisión anterior de la Audiencia Nacional que se inhibía de esa investigación y una posterior del Tribunal Supremo que admitía la persecución de ese tipo de crímenes cometidos en otros países sólo en el caso de que hubiera víctimas españolas.
El Tribunal Constitucional determinó que las decisiones del Supremo y de la Audiencia Nacional de actuar sólo en razón de víctimas españolas y cuando se probara la inactividad de los tribunales guatemaltecos, vulneran el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva consagrada en la Ley Orgánica del Poder Judicial español.
La querella, rechazada en su momento por las dos instancias judiciales citadas, se centraba en tres casos. El primero se refería al asalto en enero de 1980 de las fuerzas de seguridad de Guatemala a la embajada de España con saldo de 37 muertos, entre ellos tres ciudadanos españoles.
El segundo era la persecución sufrida por la familia Menchú, como ejemplo de la selección de los pueblos indígenas como blanco de ataques de las fuerzas de seguridad guatemaltecas, y el tercer caso aludía a la desaparición y la ejecución extrajudicial de varios sacerdotes españoles.
La dirigente indígena acusaba a ocho ex altos mandos por delitos de genocidio, torturas, terrorismo y detención ilegal, entre ellos Fernando Romeo Lucas García, presidente de Guatemala en el periodo 1978-1982.
Otros que figuraban en la acusación son los general Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejías, gobernantes de facto entre marzo de 1982 y enero de 1986. Asimismo, los ex ministros de Defensa y de Gobernación, Angel Aníbal Guevara y Donaldo Alvarez, respectivamente.
Finalmente, Germán Chupina, ex director de la Policía Nacional; Pedro García Arredondo, ex jefe del comando seis de ese cuerpo, y Benedicto Lucas García, ex jefe del estado mayor del ejército.