Usted está aquí: jueves 29 de septiembre de 2005 Opinión Pretensiones nucleares

Miguel Marín Bosch*

Pretensiones nucleares

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) se estableció hace casi medio siglo para promover los usos civiles de la energía nuclear. En esa época había muchas esperanzas en los beneficios potenciales de los llamados "átomos para la paz". Esa energía nuclear con fines pacíficos iba a mejor la calidad de vida en todo el mundo, desde reducir la dependencia en el petróleo hasta resolver problemas de carácter médico. Se multiplicaron los reactores nucleares para la investigación científica y la producción de energía eléctrica. Hoy hay reactores nucleares en 44 países.

Empero, con el paso del tiempo y sobre todo a raíz de varios accidentes, muchos gobiernos empezaron a abrigar serias dudas acerca de la seguridad de las plantas nucleares. Suecia, por ejemplo, construyó 12 reactores nucleares durante los años setentas y ochentas. Pero, a raíz de una consulta popular, el gobierno decidió descontinuar la construcción de reactores y empezar a desmantelar los ya existentes. En 1999 se cerró una planta y este año dejó de funcionar otro reactor. No obstante, las 10 plantas restantes siguen produciendo la mitad de la energía eléctrica que consumen los suecos.

También hay numerosos países que no han perdido la fe en la energía nuclear. Francia es uno. Sigue construyendo centrales nucleares y sus 56 plantas producen 76 por ciento de su electricidad. Esas plantas funcionan con uranio enriquecido, que se obtiene procesando el uranio. Pero el uranio enriquecido sirve también para construir armas nucleares. Ese doble uso del uranio enriquecido no despierta suspicacias en el caso de Francia y otros países que hace años adquirieron armas nucleares. Muy distinto es el caso de aquellas naciones que no tienen armas nucleares, pero sí desarrollan actividades nucleares con fines civiles.

Para evitar que la comunidad internacional tenga sospechas acerca de esas actividades nucleares, estas naciones se han adherido al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) y han suscrito acuerdos de salvaguardias con el OIEA. Los inspectores del organismo deben cerciorarse de que las actividades de los distintos países en este campo son únicamente con fines pacíficos y que no han desviado material nuclear con miras a la construcción de una bomba. Los estados que han sometido sus instalaciones nucleares a este sistema de salvaguardias están obligados a permitir la visita de los inspectores del OIEA. Además, si se han adherido al protocolo adicional, aprobado hace pocos años, esas visitas pueden realizarse sin previo aviso y de un día para otro. Pero los inspectores sólo pueden visitar las instalaciones y centrales nucleares que los países han declarado que tienen. Y se sabe que hay gobiernos que no siempre han informado acerca de todas sus instalaciones nucleares. Así ocurrió en Irak y hace unos años el mundo se enteró de que durante casi dos décadas Irán había venido procesando y almacenando material nuclear en instalaciones secretas. Y Teherán sólo lo confesó cuando, sobre la base de informes de grupos de disidentes políticos y de algunas agencias occidentales de inteligencia, el OIEA supo de su existencia.

De esta manera, Irán se convirtió en el segundo país (Corea del Norte es el otro) cuya actividad en el campo nuclear preocupa actualmente a la comunidad internacional. Sin embargo, se les trata de manera muy distinta. A Corea del Norte, que ha anunciado su retiro del TNP y ya posee unos cuantos artefactos nucleares, se le tiene mucha paciencia y se le ofrecen incentivos económicos para que desmantele su programa nuclear con fines militares. Hace poco se concluyó otra ronda de negociaciones con Pyongyang, en las que participan Estados Unidos, China, Japón, Rusia y Corea del Sur.

En cambio, a Irán, que sigue en el TNP y sigue cooperando con el OIEA, se le trata con amenazas de ataques militares, sanciones económicas y con la posibilidad de llevar su caso al consejo de seguridad de las Naciones Unidas. En efecto, el sábado pasado la junta de gobernadores del OIEA adoptó en Viena una resolución sobre las supuestas pretensiones nucleares de Irán. Presentada por Alemania, Francia y el Reino Unido, la resolución fue aprobada por 22 votos a favor, uno en contra y 12 abstenciones. La junta suele aprobar sus resoluciones sin recurrir a una votación. Esta fue sólo la tercera vez en más de una década que la junta somete a votación una de sus resoluciones. Anteriormente lo hizo al tratar el caso de Corea del Norte en 1993 y 2003. De los seis países latinoamericanos que son miembros de la junta, tres votaron a favor (Argentina, Ecuador y Perú), uno en contra (Venezuela) y dos se abstuvieron (Brasil y México).

Conforme al TNP todo Estado parte tiene el derecho inalienable a investigar, desarrollar, producir y utilizar energía nuclear con fines pacíficos. Pero debe someter sus instalaciones y actividades nucleares al sistema de salvaguardias del OIEA, cuyos inspectores deben informar al director general del organismo si detectan que un país no ha cumplido con sus obligaciones. A su vez, el director general debe informar lo anterior a la junta de gobernadores para que pueda examinar el caso e informar, conforme al Estatuto del organismo, al consejo de seguridad y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso es lo que hizo la junta el pasado sábado. Irán no está en falta por tratar de enriquecer uranio. Brasil y otros países lo hacen sin que el organismo se queje. El pecado de Irán fue que mantuvo en secreto su programa durante tantos años. Pero su caso no irá al consejo de seguridad hasta diciembre y quizás pueda demostrar antes que ha descontinuado el programa y así calmar al OIEA. Sin embargo, el nuevo y más conservador gobierno en Teherán ya ha convertido el tema en cuestión de orgullo nacional.

* Director del Instituto Matías Romero y ex subsecretario de Relaciones Exteriores

 
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