Persiste la simulación, pues las fuerzas armadas son juez y parte en los juicios a militares, dicen
Inútil la Femospp, si el Estado no tiene voluntad de erradicar la impunidad: ONG
Sostienen que el único objetivo de la fiscalía es dar carpetazo a las investigaciones
La creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) resulta una acción "inútil" ante la falta de voluntad política del Estado mexicano para acabar con la impunidad y establecer la verdad histórica sobre estos hechos, señalaron defensores de derechos humanos.
México, agregaron, no ha cumplido con sus compromisos en materia de garantías básicas, ya que prevalecen "viejos poderes de facto, como la jurisdicción militar en la que las fuerzas armadas pretenden ser la instancia acusadora, investigadora y quien juzgue a sus propios elementos sobre crímenes de lesa humanidad, aun cuando organismos internacionales han llamado a los gobiernos a terminar con esta simulación".
Se necesita un compromiso de los tres niveles de gobierno
David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó que "sin un verdadero compromiso de los tres niveles de gobierno, así como de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, continuará la impunidad del fuero militar y de aquellos que participaron como autores materiales e intelectuales".
Como defensores de derechos humanos, agregó, no se trata de juzgar la actuación de un funcionario, sino de establecer las "cuentas pendientes" que sigue sin cumplir el Estado mexicano, pese a la firma de acuerdos internacionales en los que ratificó su obligación de crear un marco jurídico nacional acorde con la defensa de los derechos humanos y el combate a la impunidad.
A más de tres años de su creación por decreto del presidente Vicente Fox, indicó, los resultados presentados por la Femospp "son prueba evidente de que no existe un compromiso para esclarecer delitos de lesa humanidad ejecutados en un contexto de represión institucional. Su actuación subraya las omisiones del Estado, es decir, no sólo de aquellos funcionarios directamente vinculados al organismo, sino de todas las instancias de gobierno y de los poderes Legislativo y Judicial, quienes también deben asumir un compromiso con la justicia".
El doble discurso de las autoridades federales
En entrevista por separado, Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), agregó que la deficiente actuación de la Femospp "revela que en México no existe la posibilidad de que las víctimas y sus familiares accedan a la justicia, pues el Estado juega con un doble discurso en torno a los derechos humanos, en el que acepta ratificar los principales acuerdos internacionales contra la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, pero termina exculpando al Ejército de su participación en estos hechos y aceptando que el Poder Legislativo obstaculice la aplicación de estos convenios con medidas restrictivas".
Destacó que las acciones jurídicas impulsadas por la Femospp "sólo buscan dar carpetazo a los casos de cientos de detenidos-desaparecidos y que el Estado se lave las manos diciendo que es cosa juzgada". Sin embargo, afirmó, esto sólo comprueba que en México se agotarán las instancias legales y que como víctimas o familiares "podemos acudir ante organismos internacionales para denunciar el incumplimiento de las autoridades federales para sancionar a los responsables y establecer los mecanismo de no repetición de estos abusos".
Mata Montiel reiteró que el reciente asesinato de Miguel Angel Mesino, ex preso político e hijo de uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, "se suma a la ola de represión y a los casos de detenidos-desaparecidos ocurridos durante la administración del presidente Vicente Fox, pues la impunidad sigue presente en la mayoría de estos delitos".