Aseguran que de ningún modo sustituye atribuciones del INAH y el INBA
La iniciativa de ley de cultura ''es la mejor posible'', defienden funcionarios del CNCA
La iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura enviada por el Ejecutivo para su discusión y eventual aprobación en la Cámara de Diputados, es ''la mejor posible" en este momento.
De aprobarse, terminaría con la incertidumbre jurídica en que opera, desde su creación por mandato presidencial de Carlos Salinas, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA).
De ''ningún modo" sustituye las atribuciones de instancias como los institutos nacionales de Bellas Artes y Antropología e Historia (INBA e INAH, respectivamente), porque son ''las únicas que tienen facultades de autoridad sobre el patrimonio cultural".
Esto aseguran a La Jornada Roberto Ortega y Enrique Vargas, asesor jurídico y enlace legislativo, en ese orden, del CNCA.
Cabildeo y sensibilización
A dos días del envío de la iniciativa a la Cámara, Ortega y Vargas se muestran ''plenamente confiados" en que, más allá de los tiempos políticos, los legisladores de todos los partidos estudiarán con ''absoluta responsabilidad" ese proyecto.
Para ello, llevarán a cabo una labor ''de cabildeo, sensibilización e información, para dotar de todos los argumentos y de toda la certeza de que el documento está perfectamente consolidado".
Poco después de que la titular del CNCA, Sari Bermúdez, enviara por conducto del Ejecutivo una iniciativa de ley de cultura al Congreso, La Jornada dio a conocer una versión de la misma que generó rechazo de parte la comunidad cultural al incluir en su articulado el término ''industrias culturales".
Se consideró entonces que era una ley de la que se beneficiarían, sobre todo, los grandes consorcios televisivos privados (Televisa y Tv Azteca) y otras empresas dedicadas al entretenimiento masivo (Operadora de Centros de Entretenimiento, OCESA).
Roberto Ortega asegura que fue una confusión, que en la iniciativa que ahora se encuentra en la Cámara las ''industrias culturales quedan acotadas, y así se señala en distintas disposiciones, a las micro, pequeñas y medianas empresas.
''Se dice que esta es una iniciativa para apoyar a los grandes consorcios. Está claramente definido desde el artículo segundo que el CNCA establecerá los criterios tomando en cuenta las disposiciones que en la materia rigen para las pequeñas y medianas empresas."
Sobre los cuestionamientos en el sentido de que no fue consultada la comunidad cultural y artística en la elaboración de la iniciativa, Enrique Vargas asegura que sí existió dicha consulta, mediante 10 mesas organizadas para la integración del Programa Nacional de Cultura en 2001: ''Responde a una demanda ciudadana que se recogió a lo largo y a lo ancho del país; para 15 mil ciudadanos -especialistas, creadores, artistas, funcionarios- atender al marco normativo del CNCA era una de las principales demandas".
De acuerdo con el asesor jurídico del CNCA, actualmente se encuentran en la Cámara más de 30 iniciativas de ley relacionadas con la cultura, de las cuales cinco, de distinta procedencia, se refieren específicamente al ámbito legal del consejo.
Asegura Ortega que de cada una de ellas se han tomado elementos ''para conformar y delimitar muy bien el objeto de esta iniciativa".
Responsabilidad de los legisladores
Otro aspecto nodal de la iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura es la autonomía en el ejercicio del presupuesto del consejo.
-¿Este punto tiene que ver con la insensibilidad o falta de comprensión de la Secretaría de Hacienda respecto de la inversión en cultura?
-Igual que en otras materias -explica Vargas- el tipo de programas que se tiene que llevar a cabo son tan complejos que la calendarización de los ejercicios presupuestales no corresponden a la complejidad de los programas. Se requiere de esa autonomía para que sean realmente buenas inversiones a mediano y a largo plazos.
Luego de recordar que la cultura contribuye con 7 por ciento del producto interno bruto anual, abunda: ''Es un esfuerzo permanente hacer ver a las autoridades financieras y a los diputados la importancia del impacto que puede tener el gasto en cultura, porque a veces gana el corto plazo y aquí se necesita una visión de mediano y largo plazos".
Tras asegurar que la iniciativa incluye todos los candados y garantías para que no se haga un uso discrecional del presupuesto, Roberto Ortega y Enrique Vargas se muestran dispuestos a un diálogo con las distintas fracciones parlamentarias, a fin de lograr la aprobación de la iniciativa:
''Ahora es responsabilidad de los legisladores hacer sus estudios correspondientes, confiamos en que todas las fuerzas políticas se manifiesten con absoluta responsabilidad y hagan sus aportaciones para dictaminarla."