Se trata de un negocio eficiente. Los pedidos se reciben en teléfonos celulares, cuyos números son cambiados cada semana para evitar problemas con los feos, como llaman a los policías federales. Luego, los mensajeros reciben la mercancía y una ficha, la cual cambian por dinero o droga al final del día.

La especialidad de la casa es la cocaína, aunque desde hace tres años incursionó en las tachas. Las ventas ­en promedio unas 100 grapas al día, cantidad que aumenta los fines de semana­ se mantienen al alza, cuentan en el barrio, y nunca ha escaseado la mercancía, ni siquiera en agosto de 2002 cuando la lideresa del cártel de Neza, Delia Patricia Buendía, la Ma Baker, fue detenida.

El cantón del Don es uno más de los 500 puntos de venta de droga al menudeo que existen en el municipio, el segundo con mayor incidencia delictiva en el estado de México. El primer lugar corresponde a Ecatepec.

Pero de cualquier manera, Nezayork o Minezota (Mi Neza Grandota, como le llaman los nativos) es un sitio peligroso, como lo confirman los números de la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM): el año pasado cuatro mil 405 autos fueron robados en las calles del municipio, la mayoría con violencia. Unos 18 al día, la cuarta parte de los hurtados en todo el Distrito Federal.

El promedio de homicidios es de 250 al año, además que en ese lapso se registra el robo de 200 empresas... Sin contar los asaltos a pequeños negocios que no suelen denunciarse.

Un panorama difícil que no ha podido eliminarse, reconoce el alcalde, Luis Sánchez Jiménez, ni siquiera con el aumento presupuestal de este año. Los recursos municipales para seguridad pública suman 150 millones de pesos, sin contar las partidas estatales para ese propósito.

Pero en Minezota, como en el resto del territorio mexiquense, no hay dinero que alcance para terminar con la delincuencia.

Desde 1999 el estado de México es la entidad que más recursos obtiene del gobierno federal para combatir el crimen, pero su índice delictivo sigue al alza. En seis años, el gobierno de Arturo Montiel ha recibido dos mil 500 millones de pesos para ese propósito, pero la inversión no ha rendido frutos.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, en lo que va del año se denunciaron 49 secuestros de empresarios en el estado, el número más alto en el país y sin contar la cifra negra. El año pasado se cometieron dos mil 800 asesinatos y ejecuciones y según informes de la Procuraduría General de la República (PGR), en su territorio operan al menos tres cárteles del narcotráfico. Una situación desconocida al inicio del sexenio de Montiel.

La oferta delictiva es variada: casas de seguridad para guardar secuestrados en los municipios de Chimalhuacán y Chalco; barrios conquistados en Tultitlán por células de la Mara Salvatrucha, residencias de descanso para las familias de Benjamín Arellano y Osiel Cárdenas en Metepec (ambas, en la calle Independencia).

Y todo, mientras el dinero para reducir la delincuencia sube y sube. Una fórmula que ya ha probado su fracaso.

"Aumentar los fondos no garantiza que mejore el funcionamiento de las instituciones vinculadas al aparato de seguridad pública", explica Sigrid Artz, socia fundadora de la organización Democracia y Derechos Humanos (DDH), y directora de análisis de la Fundación Rafael Preciado Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN).

No le falta razón. De hecho, en materia de seguridad el gobierno del presidente Vicente Fox ha mantenido una política errática en la asignación de recursos a los estados para combatir la delincuencia­el monto del dinero, de hecho, se duplicó desde 2003­ y sin embargo la percepción de inseguridad se mantiene como la preocupación central de la población.

Es un asunto donde no hubo aprendizaje. "Más dinero no termina con la delincuencia", insiste Sigrid Artz, quien en los últimos años ha seguido la pista al presupuesto destinado a la seguridad pública en el país... Y se ha encontrado con varias sorpresas.

Una de ellas que, en términos legales y administrativos, no existe forma de comprobar que los 31 mil 439 millones de pesos destinados por el gobierno de Fox a los estados para tareas de seguridad se hayan gastado, efectivamente, en armas, capacitación y patrullas para las corporaciones.

De hecho, existe la sospecha de que parte de esos recursos se utilizaron para otros fines, incluso electorales. "Se sabe que hay gobernadores que benefician a unos municipios más que a otros dependiendo de su emblema electoral", advierte la investigadora.

Una muestra es el estado de México, donde la última cuenta pública del gobierno de Arturo Montiel permanece congelada ante la certeza de diputados del PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de que se desviaron recursos a la promoción del mandatario... Y la campaña del gobernador electo, Enrique Peña Nieto.

"Es increíble la cantidad de dinero que se ha inyectado al estado de México, y sin embargo no se corresponde con las profundísimas carencias que tienen sus policías, la corrupción que impera, su falta de equipo", insiste la investigadora Artz.

Dinero para sembrar delitos

El secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ramón Martín Huerta, se tardó en hacer las cuentas.

El presupuesto de 2005 para el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) es de cinco mil millones de pesos, razonó. Y si la propuesta es aumentar la partida en 20%, "entonces serán mil millones lo que se va a dar de más", dijo sonriente.

El anuncio pareció ser la respuesta del gobierno de Vicente Fox a la ola de críticas por la inseguridad desde la Casa Blanca, a las que se sumaron advertencias de Alemania y España a sus ciudadanos para extremar precauciones durante sus viajes a México. Un clima que no se veía desde el asesinato del agente de la DEA (agencia antidrogas estadunidense), Enrique Camarena Salazar, en 1985.

Y para contener los daños, el gobierno de Fox aplicó el programa México Seguro en varios estados, especialmente en Tamaulipas donde los cárteles de Sinaloa y del Golfo se disputan las ciudades fronterizas.

Pero la violencia no bajó. Y entonces aumentó el presupuesto. Receta, explica Sigrid Artz, que ya ha probado su fracaso porque no se acompaña de una nueva estrategia que privilegie las tareas de inteligencia, y no como ahora, que se limita a la presencia de más policías en las calles.

Sólo hay más dinero.

En 1997, por ejemplo, el presupuesto del FASP era de mil 215 millones de pesos, cantidad que subió a cinco mil 170 millones en 2000: cuatro veces más. Pero el comportamiento del índice delictivo no correspondió con el aumento presupuestal.

Las estadísticas del Consejo Nacional de Seguridad Pública revelan que el número de delitos denunciados se mantuvo prácticamente igual, pues pasó de cuatro mil 287 al día en 1997, a tres mil 974 en 2000.

A partir de ese momento los números no bajaron, e incluso el año pasado la incidencia delictiva volvió al estándar de 1997: un promedio de cuatro mil 158 denuncias al día.

También se movió el presupuesto federal para seguridad pública, aunque de manera errática. En 2001 se asignaron cinco mil 521 millones de pesos, cantidad que bajó a tres mil millones el siguiente año y luego a dos mil 500 millones en 2004. En el actual ejercicio fiscal, la cantidad simplemente se duplicó.

Para Sigrid Artz, la danza de los números es una muestra de que el actual gobierno no conoce el problema de seguridad pública en los estados, ni sus necesidades para enfrentarlo exitosamente.

Y el resultado es la ola de violencia que sacude al país, especialmente en Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Michoacán y Guerrero, entidades que, pese a los problemas de violencia, han sido marginadas en la asignación de recursos federales.

Un ejemplo es Tamaulipas que este año tiene la cifra más alta de ejecuciones por el narcotráfico, y que a lo largo del sexenio ha ocupado el lugar nueve y 11 en la lista presupuestal del FASP. O Sinaloa, cuyo sitio en el índice de este año es el 17.

Por si fuera poco, subraya Sigrid Artz en su ensayo Seguridad y sociedad, desafíos a la democracia mexicana, el gobierno federal se ha caracterizado por una profunda descoordinación entre las dependencias encargadas de combatir a la delincuencia.

"Esta lucha no es nueva, pero se ha acrecentado por dos razones: las diferentes estrategias entre civiles y militares, y la urgente necesidad de los funcionarios por dar mínimos resultados dentro de un contexto de pluralidad política que, dicho sea de paso, ha sido obstáculo para la coordinación adecuada de las políticas de seguridad pública, incluso dentro del propio gabinete federal", insiste.

Está claro, resume la investigadora: la política foxista contra la inseguridad "es dar palos de ciego".

Cuentas sin cuadrar

De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, los recursos federales que se entregan a los estados deben utilizarse en cinco áreas: reducir el índice de criminalidad, atender a los internos de las prisiones, comprar armas y equipo para los elementos, aplicar programas de capacitación y mejorar la capacidad tecnológica de las corporaciones policiacas.

Sin embargo, advierte Sigrid Artz, hasta ahora no se sabe si efectivamente el dinero entregado desde hace ocho años ­cuando se creó el Consejo­ se usó para estos fines. Y no hay manera de comprobarlo.

"En cada estado hay fideicomisos para administrar los recursos, donde el FASP pone el 70% y el gobierno local el resto", explica. "El dinero se debe ejercer en el transcurso de un año y luego forma parte de la cuenta pública estatal, cuya verificación corresponde a los diputados locales. Y allí empiezan los problemas, porque no todas las cámaras son tan plurales como la federal".

Así, añade, la posibilidad de detectar y sancionar algún mal uso del dinero se extingue ante la red de intereses políticos de cada entidad. Ni siquiera se puede saber si los gobiernos estatales aportan los recursos que les corresponde.

­¿La Secretaría de Hacienda no averigüa el destino de los recursos? Es dinero federal.

­No, porque dicen que su revisión corresponde a cada estado. Y en la SSP no informan con el argumento de que le corresponde a Hacienda, donde remiten a las contadurías de cada congreso. Al final, nadie sabe que pasó con el dinero.

­O sea, hay riesgo de que se desvíen los recursos...

­Sin duda, es muy fácil que los recursos se vayan finalmente a otras actividades. Es una cantidad bárbara, hablamos de ocho años de financiamiento.

La falta de transparencia genera sospechas. Y en ese rubro, el estado de México se lleva las palmas.

Desde hace casi dos años el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del congreso mexiquense, Javier Rivera, ha solicitado al procurador Alfonso Navarrete Prida un informe sobre el comportamiento del índice delictivo en la entidad, pero hasta ahora el funcionario se ha negado a entregar los datos.

Tampoco hay detalles sobre la compra de equipo o el resultado de los programas de capacitación a los policías que, en teoría, deberían haberse aplicado.

Es tal la ausencia de datos, que incluso la cuenta pública de 2004 no ha sido aprobada por los diputados mexiquenses, los cuales detectaron un subejercicio de seis mil millones de pesos en algunos rubros, así como desviaciones presupuestales de otros tres mil 500 millones en partidas no autorizadas.

Una muestra del terreno que se pisa es el número de elementos en activo. Según el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, en el estado de México trabajan 54 mil 25 agentes, la mitad de los que hay en el Distrito Federal.

Y eso que su población es mayor. Y que desde hace cinco años recibe más dinero para contratar policías.

Estampas mexiquenses

La tiendita más visitada de la colonia La Perla, en Nezahualcóyotl, es la de la Güera Islas, la cual hasta la semana pasada operaba sin problemas a pesar de que, desde esa fecha, en el municipio se aplica el programa México Seguro.

La estrategia contempla establecer cordones de vigilancia en los límites con el Distrito Federal, especialmente en los municipios de la zona oriente de la entidad.

A diferencia del resto de los estados donde se ha aplicado la estrategia, en territorio mexiquense el objetivo es, explicó el procurador Navarrete Prida, terminar con las bandas de robacoches y la venta de droga al menudeo. Algo que, al menos en la colonia La Perla, no parece haberse cumplido, a pesar de que la semana pasada el funcionario anunció la captura de 400 traficantes menores.

Ir más allá, reitera el procurador, no es necesario porque la vida en el estado de México, jura, es distinta a la de la frontera.

Tal vez. Pero a juicio del diputado del Partido del Trabajo, Oscar González, algunas zonas de la entidad, como Metepec, "van que vuelan" para semejarse a Nuevo Laredo.

"Se han asentado unas mil 500 familias de narcotraficantes presos en el penal de La Palma", explica. "Ya hay problemas sociales que no teníamos, como la venta de droga, el tráfico de armas y el riesgo de un enfrentamiento entre bandas rivales. Por lo pronto hay una ola de ejecuciones de abogados que defienden narcos, por lo menos uno cada seis meses. En cinco años, si no cambian las condiciones, Metepec va a ser un campo de batalla".

­¿Se aplica el programa México Seguro?

­Sí, pero nada más en labores de inteligencia, con agentes encubiertos para vigilar a las familias de los narcos. Pero, insisto: estamos al borde de que se desate la violencia.