Felipe González reconoce que el pago de impuestos por ese concepto "es nada"
Asegura Gobernación que son legales los telejuegos; niega beneficiar a televisoras
El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Felipe González, negó que la dependencia beneficie a las televisoras, y justificó que el cobro a esas empresas por concepto de lo telejuegos que realizan sea bajo porque "así lo establece la ley". Además, dijo, éstas pagan a Hacienda el impuesto sobre la renta.
"Aquí se está tratando de impulsar que haya una nueva Ley de Radio y Televisión, para que todos esos vacíos legislativos se llenen y quede todo el mundo de acuerdo. (El pago al erario por la autorización de cada concurso) en realidad no es nada, nada; así es", admitió.
Funcionarios relacionados con el tema afirman que no pueden "cuestionar los contenidos" de la pregunta final hecha en los telejuegos, aunque algunas de éstas son del tipo: "para ganarse la camioneta díganos qué día es hoy".
Eduardo Garzón, titular de la dirección general de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), sostuvo que el área a su cargo se apega al cumplimiento estricto de la Ley Federal de Radio y Televisión, y en ese aspecto su atribución es vigilar que el público no sea sorprendido o engañado; que la niñez se preserve de trampas.
La participación de la dependencia en esas actividades (telejuegos) es seguir los procedimientos para las autorizaciones respectivas y que las concesionarias cumplan lo dispuesto por la ley: pagar los derechos respectivos y coordinar a los interventores de RTC.
"Hemos ido trabajando con las concesionarias para que vayan mejorando ese tipo de transmisiones (concursos) y cumplan con la ley al máximo. Coincido en que nuestros sistemas de televisión deben promover eventos de calidad, promover valores de la democracia, tradiciones", comentó.
Por su parte, Tomás Caparozo, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que los telejuegos deberían estar regidos por el Reglamento de Juegos y Sorteos y no por el de la Ley Federal de Radio y Televisión, ya que esos negocios -operados por las principales concesionarias de televisión del país y Teléfonos de México- "son sorteos burdamente disfrazados de concursos".
El también presidente del Consejo Mexicano de Abogados señaló que los legisladores deben investigar y pedir explicaciones a la Secretaría de Gobernación (SG) acerca de las razones para permitir a las televisoras acogerse a la Ley de Radio y Televisión.
En especial, es urgente que el Poder Legislativo avance en los mecanismos necesarios para que las empresas difundan el número de boletos que expenden en cada sorteo, con el propósito de calcular un pago "justo y transparente" de impuestos.
El profesor universitario y ex presidente editorial de la Barra Nacional de Abogados sostuvo que los supuestos concursos difundidos por televisión son un nicho de evasión al fisco, porque deberían pagar, por lo menos, el porcentaje asignado a los bingos y books: 2 por ciento del total de sus ingresos.
La autorización, sin rigor alguno, de concursos realizados por televisión (506 en el periodo 2004-2005, en favor de Televisa y Televisión Azteca) pone en evidencia, afirmó Caparozo, el beneficio gubernamental a un pequeño grupo de empresarios de la comunicación, justamente en el periodo en el que Santiago Creel Miranda, actual precandidato del PAN a la Presidencia de la República, fungió como titular de la SG.
"Se trata de grandes negocios en favor de las concesionarias de televisión y Teléfonos de México. Tenemos un país de jugadores, es cierto, pero debemos ordenar el juego, como ocurre en Colombia, Estados Unidos, España, Italia o Francia", indicó en entrevista.
La Jornada publicó ayer que por cada "concurso" las operadoras de telejuegos pueden obtener hasta 12.5 millones de pesos, producto de la venta de medio millón de boletos, vía telefónica, en cada una de sus emisiones. Por el contrario, entregan al erario, para obtener la autorización del Estado, apenas 756 pesos por episodio.
Al respecto, el catedrático de la UNAM comentó que en 1996 Creel Miranda planteó, en un artículo periodístico, la urgente necesidad de regular y ordenar el juego; sin embargo, "lo único que hizo desde 2002 el entonces funcionario público fue entregar permisos a diestra y siniestra en favor de un pequeño grupo, y dejó de lado una verdadera regulación, desde las peleas de gallos y 'carreras parejeras', hasta bingos, books y telejuegos".
Lo anterior se hizo a partir de la autorización de un reglamento (impugnado actualmente por diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación) profundamente antidemocrático, sin vinculación alguna con la sociedad. La prueba de ello, dijo, es que los integrantes ciudadanos del consejo consultivo aprobado bajo el reglamento de septiembre de 2004 (integrado por 153 artículos) no tienen derecho a voto.
El reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, el cual regula los telejuegos, sólo contiene cuatro artículos relativos a los concursos y sorteos. Para obtener una autorización, en el primer caso, basta presentar una solicitud por escrito por lo menos cinco días antes de la fecha indicada para realizarlo, agregando el monto de los premios y la fianza que los garantice, así como el lugar de transmisión.
El artículo 21 del citado reglamento señala: la SG autorizará los programas de concurso, siempre y cuando se destinen a premiar la habilidad, el talento o los conocimientos de los participantes; no sean lesivos para su dignidad personal ni su integridad física, y procuren la elevación de sus niveles culturales. Y claro, pagar 746 pesos por concurso, según establece la Ley Federal de Derechos, así como impuestos adicionales -en su caso- delimitados por los gobiernos locales.