Editorial
El TLCAN, verdugo del campo
Para México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido perjudicial en materia agroalimentaria. Ayer, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, declaró que el país no podrá progresar mientras persistan los rezagos técnicos, sociales, económicos y políticos que tienen al campo atrapado entre los altos costos de los insumos y los bajos precios de los productos. Desde que entró en vigor el TLCAN, en 1994, la producción agrícola ha perdido competitividad, lo que coloca a los jornaleros mexicanos en desventaja ante sus contrapartes estadunidenses, que gozan de sustanciales subsidios. Además, la pobreza y el de-sempleo han aumentado drásticamente a la vez que se incrementan las importaciones de granos básicos, lo que sólo beneficia a grandes empresas del rubro.
Las cifras son contundentes. En 1995, la balanza comercial registraba un superávit de más de 500 millones de dólares; en 2001, había un déficit de 2 mil 148 millones. De hecho, desde 1994, el país ha importado alimentos por 78 mil millones de dólares, cifra superior a toda la deuda pública. En estos 10 años, las importaciones de granos y oleaginosas pasaron de 8.8 millones de toneladas a 20 millones, lo que ha destruido una parte significativa de la infraestructura productiva, trayendo consigo desempleo y desplazamiento. Cerca de 600 campesinos abandonan sus tierras cada día y se han perdido un millón 780 mil empleos desde 1994. Asimismo, el presupuesto del sector se redujo de 75 mil 998 millones de pesos (1994) a poco menos de 50 por ciento en 2001.
Este panorama ya se perfilaba desde que se firmó el acuerdo debido a que fue mal negociado. No se tomó en cuenta la experiencia previa del tratado comercial entre Estados Unidos y Canadá; no se excluyeron los puntos sensibles, tal como hicieron los canadienses con los lácteos; se aceptaron altas cuotas de importación sin cobrar aranceles para una amplia gama de productos; no se consideraron herramientas de protección como suspensiones, revisiones y moratoria, y los instrumentos para resolver controversias son inadecuados.
Esta mala negociación agudizó las asimetrías que ya existían entre los socios del TLCAN. México es el país que tiene menores niveles tecnológicos y de capitalización de los productores, en cambio los costos de insumos necesarios a la producción como diesel, energía eléctrica e infraestructura de comunicaciones son mayores que en Estados Unidos y Canadá.
Por otra parte, Washington ha incumplido su parte del TLCAN al mantener sus subsidios al sector agrícola (unos 32 mil millones en 2000) y las prácticas comerciales desleales: las altas subvenciones (21 mil dólares por productor) generan precios en el mercado por debajo de los costos de producción, lo que se conoce como precios dumping. Entre 1985 y 1999, el maíz perdió 64 por ciento de su valor real y el frijol, 46 por ciento. Pero esas caídas no implicaron precios más baratos de estos granos: entre 1994 y 2002, la canasta básica se incrementó 257 por ciento. Peor aún, México, en vez de denunciar esas irregularidades, ha brindado protección especial a los productos de Estados Unidos, llegando inclusive a eliminar impuestos.
El impacto del TLCAN ha sido dramático. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, la mayoría de los 8.2 millones de habitantes del campo viven en la extrema pobreza, y dos de cada tres personas son indigentes, lo que se traduce en que 52.4 por ciento de la población rural sufre pobreza alimentaria.
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de incrementar las inversiones en el campo para fortalecer el sector, establecer mecanismos de protección para los productores y fijar una estrategia de soberanía alimentaria de mediano y largo alcances. Una parte importante de esta tarea pasa por revisar a profundidad el TLCAN para buscar una relación más equitativa con nuestros socios.