Presionan a los juzgadores mediante cartas, telefonemas y amagos a sus familiares
Litigantes, criminales y hasta sus allegados, quienes amenazan a jueces
Las amenazas de muerte en contra de jueces y magistrados federales no sólo provienen de abogados litigantes que representan a los principales cárteles del narcotráfico, sino también de miembros de organizaciones delictivas dedicadas a secuestro, narcomenudeo, robo de autos, así como de personas cercanas a presuntos delincuentes que buscan ''presionar'' a los juzgadores mediante cartas anónimas, advertencias telefónicas y amagos a sus familiares, con el propósito de que emitan sentencias que favorezcan a los acusados de algún delito.
Altos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revelaron a La Jornada que entre los ocho jueces de distrito que recientemente han sido amenazados de muerte, al menos tres ejercen justicia en el Distrito Federal, otros dos en entidades con importante presencia de capos del narcotráfico y los otros trabajan en órganos jurisdiccionales que tienen su sede cerca de los tres penales de máxima seguridad con que cuenta el país: La Palma, en el estado de México; Puente Grande, en Jalisco, y Matamoros, en Tamaulipas.
De acuerdo con las fuentes consultadas, entre los que han denunciado haber recibido amenazas de muerte -y por ello algunos tienen la protección de escoltas de la Agencia Federal de Investigación (AFI)- se encuentra la juez decimoseptima de distrito, Isabel Porras Odriozola, y el juez segundo, César Flores Rodríguez, ambos del Reclusorio Norte; el decimocuarto del Reclusorio Sur, José Leovigildo Martínez, así como las titulares del juzgado segundo y tercero de distrito de Culiacán, Sinaloa, Silvia Rocío Pérez Alvarado y Ramona Manuela Campos Sauceda, respectivamente.
Uno de los testimonios más recientes es el de la juez Porras Odriozola, quien entre los asuntos que tiene pendientes de resolver destaca el relativo a Artemisa Aguilar Moreno, suegra del publicista Santiago Pando, acusada de formar parte de una banda internacional de traficantes de personas, así como el caso del linchamiento de dos agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Tláhuac, el pasado 23 de noviembre.
Esta juzgadora no fue amenazada por grupos de poderosos narcotraficantes o secuestradores, sino por una persona anónima que buscó amedrentarla para que absolviera a los implicados en el caso del linchamiento de los policías federales.
''La juez Isabel fue amenazada telefónicamente y después, en la escuela de su hija, se recibió un anónimo en el que se advertía la muerte de la menor'', puntualizó uno de los funcionarios consultados. Ahora la juzgadora y sus familiares cuentan con vigilancia de la AFI las 24 horas.
En el caso del juez Leovigildo Martínez, si bien nunca recibió una amenaza directa, el propio funcionario judicial solicitó protección personal debido a que después de haber desahogado una diligencia relativa a un proceso por narcotráfico, el enjuiciado amenazó a su abogada con matarla si no lograba sacarlo de prisión. Días después de la audiencia, la litigante fue encontrada sin vida en la carretera México-Toluca.
Las impartidoras de justicia con sede en Culiacán también han recibido amenazas de muerte de grupos de sicarios al servicio del cártel de Sinaloa.
Finalmente, en el caso del juez segundo de distrito, César Flores Rodríguez, fueron personas cercanas a Cirilo Ocampo Verdugo, el llamado Rey de las cajas populares, las que le enviaron un sobre anónimo con amenazas a su integridad física.
El caso más reciente de juzgadores ejecutados se dio el 11 de noviembre de 2001 en Mazatlán, Sinaloa, cuando fueron asesinados a balazos los magistrados federales Benito Andrade Ibarra y Jesús Ayala Montenegro, uno de ellos responsable de un amparo de Francisco Arellano Félix, líder del cártel de Tijuana.