La crisis puede ocasionar escalada de inconformidad
Situación del agro, asunto de seguridad nacional: TSA
La problemática del campo mexicano debe ser considerada asunto de seguridad nacional, pues de continuar la falta de inversión en ese sector productivo se incrementará la migración y el abandono, lo que "puede llegar a provocar una serie de levantamientos, una escalada de inconformidad social que será un grave dolor de cabeza" para el gobierno federal, advirtió el presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos.
Las causas de la lucha de Emiliano Zapata, abundó, siguen vigentes y así se mantendrán en tanto no se satisfaga a los núcleos más pobres del país, los cuales se encuentran en el abandono, dijo el funcionario al participar en el seminario Zapata y el derecho agrario, que organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Es una vergüenza que el café, que durante varios años fue el producto agrícola por el que ingresaron varios cientos de millones de dólares al país, ahora esté en declive y que los ingresos que antes generaba la venta del grano sean aportados por las remesas que envían los jóvenes que abandonan el campo porque allí no tienen futuro. "Hay una incapacidad del Estado para resolver la miseria en el agro".
Durante su exposición y después, en breve entrevista, el magistrado comentó que en el país hay 400 asuntos agrarios no resueltos. En la mayoría de ellos se involucran a comunidades indígenas, pero -asentó- se trata de conflictos muy antiguos que no pueden verse sólo desde el aspecto jurídico sino que también se debe considerar el carácter social, por ello la solución es más lenta.
Sin embargo, más de la mitad de los casos de litigio de las comunidades indígenas con propietarios privados o ejidos en Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Nayarit y Jalisco se han resuelto por la vía de la conciliación, ya que el Tribunal Superior Agrario no quiere llevar esos asuntos a situaciones que deriven en enfrentamientos sangrientos. Agregó que el año pasado se resolvieron 44 mil juicios y hay un esfuerzo por simplificar la solución de los asuntos agrarios, porque "no es justo que siga un atraso de 80 años y no se atienda el reclamo campesino, ni tampoco se puede volver a permitir el despojo de tierras".
Explicó que para el Tribunal Superior Agrario el aspecto legal-social es prioritario, mientras que para la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) lo es el asunto político-social, y por eso al hablar de conflictividad agraria "hay una óptica distinta" entre ambas instancias. Para la SRA hay 14 focos rojos -de los cuales se han resuelto diez, según la dependencia- y para el Tribunal Superior Agrario deben atenderse 400 casos. "De lo que se trata es de satisfacer todas las partes sin llegar a provocar enfrentamientos ni roces sociales", destacó.
Alfredo Sánchez Castañeda, experto en derecho social, también habló de la necesidad de tomar en cuenta el bienestar campesino, de la urgencia de que al campo llegue el financiamiento y que el tema se considere no sólo de seguridad nacional sino también de justicia social.
La Ley Agraria de 1992 creó un nuevo paradigma, el del desarrollo económico; sin embargo ahora vemos que 50 por ciento de la tierra agrícola no se trabaja debido a la migración, el abandono y la falta de fomento. A pesar de que el marco legal posibilita la asociación entre ejidatarios y particulares, esa acción ha sido limitada o es prácticamente inexistente debido a que la parcela no se considera como una garantía para un préstamo, por ejemplo.
Jorge Alberto González Galván, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, apuntó que la tierra debe ser de quien la respete y destacó que la relación de los pueblos indígenas con el Estado ya no debe ser de subordinación sino de coordinación. Tocó a Francisco Godoy Cortés, y al director de asuntos jurídicos de la SRA, Alberto Pérez Gazca, hablar de la propuesta de nueva ley agraria, que se espera sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.