Mecanismo de la Sedena impide castigar a quienes abandonan y pagar sus haberes
Incierto, el destino del fondo de retiro de más de 100 mil soldados desertores
La deserción de más de 100 mil soldados del Ejército Mexicano en los últimos cinco años no sólo impacta en la capacidad operativa y el adiestramiento de los militares, y en el hecho preocupante de que algunos hayan pasado a engrosar las filas de grupos de narcotraficantes; también deja en evidencia la incapacidad del alto mando para manejar el problema, en lo cual destaca que la inmensa mayoría de quienes abandonan el servicio de las armas no cobran el fondo de retiro al que tienen derecho, cuyo destino se desconoce.
En documentación en poder de este diario, queda en evidencia también la falta de control del alto mando sobre los soldados desertores, que impide no sólo el eventual castigo de este delito, sino también el manejo poco claro de los haberes que dejan de cobrar los soldados al abandonar el Ejército, los cuaes terminan necesariamente en otras manos, porque los mandos involucrados manejan de manera discrecional esa información.
Sobre el particular, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió el expediente 98-4554, en el que se evidencia la desorganización que priva en la Secretaría de la Defensa Nacional en el manejo de los casos de los miles de soldados que desertan cada año.
Tal es el caso del soldado Samuel Zárate García, quien después de 14 años de servicio decidió dejar el servicio de las armas en 1998, pero su indefinida situación jurídica lo llevó a recurrir infructuosamente a la CNDH.
Resulta que Zárate solicitó su baja el 4 de agosto de 1998, sin que le fuera aceptada; luego, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Clemente Vega García, informó que el soldado fue dado de baja el 16 de mayo de 1998 -tres meses antes de la solicitud- y que, por tanto, no había ningún problema con el quejoso.
No obstante, en la orden general de la plaza de México (correspondiente a la primera Región Militar, con sede en el Distrito Federal), correspondiente al 5, 6 y 7 de julio de 2002, en que se emplaza a los desertores a que en plazo de 15 días presenten pruebas de su inocencia "en la inteligencia de que expirado el plazo sin que comparezcan se les tendrá por conformes y serán dados de baja por encontrárseles prófugos de la justicia militar como responsables del delito de deserción", aparece en esa lista oficial el nombre del soldado Samuel Zárate García.
Es decir, después de siete años de haber iniciado su trámite para salir del Ejército, resulta que Zárate García vive en una situación jurídica indefinida, pero además sigue sin cobrar el fondo de ahorro al que tiene derecho y al que cotizó durante más de 14 años.
Este asunto, que es del conocimiento de la Sedena, demuestra lo que es un secreto a voces en el Ejército: miles de desertores no cobran su fondo de ahorro porque saben que si se presentan a solicitarlo serán procesados penalmente, lo cual se presta para que los mandos de las unidades a las que están adscritos se aprovechen de la situación para cobrar el salario del soldado hasta que se da parte al alto mando, pero además, para que la dependencia maneje de mamera discrecional recursos que por ley corresponden al soldado.
En el expediente 98/4554 de la CNDH, el quejoso denuncia que debido al hostigamiento "sistematizado" que sufrió, resolvió solicitar su baja definitiva el 16 de mayo de 1998.
Menciona en su demanda que fue objeto de: "Acoso sexual (diseminado en forma de rumores y en ocasiones ofensas verbales directas de sus superiores)"; arrestos arbitrarios; trabajos forzados que lo obligaron a cumplir turnos extras sin el descanso adecuado, entre otros abusos.
Antes de su deserción había sido arrestado por tres faltas cometidas presuntamente el 17 de marzo de 1998, de acuerdo con oficios girados por la jefatura regional de la 9 Región Militar, en poder de La Jornada: "Por faltar el primer día", es decir, ese día; por "no elaborar una documentación y retirarse de la oficina sin la autorización correspondiente"; y por "faltas graves a la disciplina, consistentes en dar novedades en falso cuando se encontraba de servicio el día 16 del presente en el taller".
Resulta que decidió desertar, y cuando quiso regularizar su situación por conducto de la CNDH, el general Vega García notificó a la dependencia en el oficio 4613 que desde mayo de 1998 el soldado causaba baja, "por tanto, el temor de la imputación del delito de deserción queda desechado".
Pero, como evidencia de la desorganización que priva en el Ejército en el tema de los desertores, resulta que Zárate García apareció como prófugo de la justicia castrense en la orden general de 5, 6 y 7 de julio de 2002. Su nombre se consigna en una larga lista de más de mil soldados que a esa fecha eran prófugos. Sobre todo, se trata de soldados de infantería, de Policía Militar y de artillería, que tenían 15 días para alegar en su favor, pues de lo contrario, serían responsables del delito de deserción.
En un escrito fechado el 5 de julio de 2005, dirigido por Zárate García a la CNDH, cuestiona la "mala fe" en el proceder de la Sedena, ya que por un lado informó a la propia comisión que no había delito que perseguir en su contra, pero en la orden general de plaza "se hace saber a todas las dependencias y unidades del Ejército que yo, sargento primero de materiales de guerra, soy prófugo de la justicia".
Recuerda que precisamente interpuso la queja ante la comisión cuando se enteró de la ordenanza de la primera Región Militar, por lo que es violatorio de sus derechos humanos que lo hubieran ubicado en "la lista negra", lo que "me amenaza, calumnia e intimida".