Usted está aquí: lunes 15 de agosto de 2005 Opinión Gas natural y medio ambiente

Iván Restrepo

Gas natural y medio ambiente

Especialmente en este sexenio, el de El Yunque, funcionarios vinculados con la economía y el ambiente han señalado la importancia de utilizar el gas natural para evitar la contaminación y cubrir la creciente demanda energética. Conviene usarlo tanto en los hogares como en la industria y el transporte, fundamentalmente el público, porque no contamina (el licuado sí), debe costar menos que la gasolina y es más seguro: como es más ligero que el aire, en caso de fugas se disipa rápidamente. Pero, al igual que en otros campos, vamos de mal en peor. Por ejemplo, aunque el gas natural se utiliza desde hace 20 años en los hogares (millón y medio de familias lo reciben) todavía no se cuenta con la norma ambiental para la construcción, operación y mantenimiento de redes de distribución de dicho energético. Un anteproyecto, elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, data de 2003 y está en espera de mejores tiempos políticos. Un aspecto clave en la misma tiene que ver con la obligación de presentar una manifestación de impacto ambiental para garantizar que no habrá daños en la ejecución de las obras de extracción, conducción y uso del gas natural.

Sin embargo, tal parece que la herencia que nos deja este sexenio en cuanto a un energético "limpio" y más seguro son los accidentes por deficiencias en las redes de conducción, malestar ciudadano por el alto precio que pagan por dicho gas y el apoyo oficial a la presencia de los consorcios externos en el mercado nacional. En cambio, ya nadie parece recordar las anomalías detectadas hace dos años en el tendido de gasoductos de la empresa española Metrogas, que surte a varias áreas de la capital del país.

Aunque la legislatura local y grupos ciudadanos pidieron a la Comisión Reguladora de Energía su intervención firme para resolver los problemas y evitar nuevos accidentes, no se supo más del asunto. Tampoco de los resultados del convenio firmado a principios del año pasado entre autoridades capitalinas y la Universidad Nacional Autónoma de México para que especialistas de la Facultad de Ingeniería revisen las instalaciones subterráneas de la ciudad y detecten los puntos de riesgo de los ductos, que suman casi mil 400 kilómetros, y así evitar problemas futuros.

La labor de los especialistas, se dijo entonces, incluía, entre otras cosas, verificar que los ductos estén colocados a la profundidad establecida por la ley, que haya por lo menos 30 centímetros entre la red de gas y otras instalaciones, que el grosor de los tubos sea el requerido, así como adecuado el material de los mismos (acero, polietileno o PVC). Menos se sabe si los 200 sitios calificados en noviembre de 2003 como vulnerables dentro de la red de conducción ya no son un riesgo para cientos de miles de personas.

No solamente en la capital del país las empresas que surten gas natural a la población causan problemas. En Torreón las autoridades locales no aceptaron que la empresa Ecogas estableciera su línea de conducción a menos de un metro de donde se encuentra el colector de aguas negras de la ciudad. Esta empresa pertenece a la trasnacional Sempra Energy International y por arte de magia obtuvo la concesión para proporcionar el energético en la región lagunera.

En el plano internacional, el gobierno de Estados Unidos avanza en su estrategia de "seguridad nacional energética unida a la seguridad económica", trazada hace tres años, cuya meta es garantizar el abasto de fuentes de energía más seguras y diversificadas, comenzando por no depender solamente del petróleo, siempre mezclado con la geopolítica y hasta los desastres "naturales".

El plan estadunidense, aprobado recientemente, prosigue con el apoyo del gobierno mexicano. Prueba de ello es la conversión de Baja California en estación de paso del gas natural que necesita la gran potencia. No importa si esas "procesadoras" afectan irreversiblemente el ambiente. La realidad es que el poder de las trasnacionales echa al cesto de la basura la legislación vigente en el campo ecológico y las promesas oficiales de cuidar los ecosistemas costeros y la insustituible riqueza biológica regional.

 
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