Editorial
Impotencia generalizada ante la grave inseguridad
Ayer lunes, el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, reconoció que no puede combatir a los cárteles del narcotráfico porque carece de los medios necesarios para hacerlo. Agregó que esta tarea requiere un esfuerzo de estructura mayor. La confesión del gobernador refleja la impotencia que sienten millones de mexicanos, quienes prácticamente están indefensos ante la impunidad con la que actúan las bandas delictivas en todo el territorio nacional. No sólo se trata de las mafias de las drogas, que por sí mismas significan un problema mayúsculo, sino también de secuestradores, ladrones de autos y criminales de todo tipo, que hacen su agosto ante la falta de respuesta de las autoridades.
El estado de Guerrero, precisamente, ha sido golpeado en días recientes por varias acciones violentas, que han dejado víctimas y terror en el camino. La madrugada de ayer, el cuartel de la Policía Preventiva del estado, ubicado en Acapulco, fue atacado con una granada de fragmentación. La agresión se presentó tres días después de que Los Zetas, banda paramilitar del cártel del Golfo, declararon la guerra a los aliados de Joaquín El Chapo Guzmán, con lo cual es probable que el conflicto entre narcos por la disputa de territorios y rutas de trasiego de droga se traslade a dicho puerto.
Cabe recordar que en el segundo trimestre del año la franja de la frontera norte, en particular Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, ha sido escenario de enfrentamientos hiperviolentos entre bandas rivales, en los que se usaron armas de alto poder. En lo que va del presente año, esta guerra sin cuartel ha provocado 800 muertos. Ante este panorama, el lunes primero de agosto, el gobierno de Estados Unidos decidió cerrar temporalmente su consulado en Nuevo Laredo. Si bien esta sede diplomática abrió sus puertas ayer, la acción estadunidense fue considerada un grito de alarma ante la escalada de violencia desatada en esa ciudad.
Pero el pedido de auxilio no proviene sólo del vecino país del norte. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado denunció que el problema de la inseguridad es cada vez de mayor intensidad, lo cual es un obstáculo enorme para el crecimiento económico del país. Si bien este aspecto es de suma importancia, lo más grave es que en este contexto está comprometida la paz social, dañando como consecuencia la convivencia entre los mexicanos. De hecho, ya ahora se percibe temor y desconfianza en las calles, en las casas y en los lugares de trabajo. Esta circunstancia se agrava porque la población no cree que las autoridades policiacas puedan hacer algo por remediar la situación.
Si bien los gobiernos federal y estatales han aplicado medidas para combatir la inseguridad, como señala Torreblanca, el esfuerzo es insuficiente, no sólo porque no hay capacidad policiaca para acabar con las bandas criminales como ha demostrado el programa México Seguro, a pesar del cual siguen las ejecuciones en la frontera norte, sino porque los mismos cuerpos de seguridad están carcomidos de tanta corrupción, desde los altos mandos hasta los efectivos de a pie. En este sentido, una de las primeras tareas que deberían realizar los gobiernos es depurar las dependencias policiacas, no sólo para eliminar las manzanas podridas, sino para recuperar, así sea un poco, la confianza de la población.
La inseguridad que afecta a varios estados es, pues, un problema que daña a la sociedad mexicana en su conjunto, golpeada además, por si fuera poco, por difíciles condiciones económicas.
Cabe señalar que la solución al problema de la inseguridad pasa también por encontrar un modelo económico diferente al actual, que fomenta la gigantesca desigualdad que existe en el país, sin duda un caldo de cultivo para el crimen y la violencia.