Contribuyentes brasileños se rebelan
A principios de este mes, casi 200 policías federales irrumpieron en Daslu, fastuoso centro comercial de alta moda. Enfrente de las cámaras de televisión, embargaron mercancía y arrastraron a los propietarios a la cárcel bajo la sospecha de fraude fiscal. En condiciones normales la suerte de Daslu convocaría poca simpatía: es un monumento a Mamón, donde campea la extravagancia aun en el peor de los tiempos. Pero algunos brasileños expresan en voz alta sus preocupaciones acerca de las prioridades del gobierno.
En muchos países de Latinoamérica, los gobiernos son demasiado pobres para proporcionar los servicios básicos. Los ingresos fiscales de Brasil representan 37% del PIB, cifra similar a la de EU y dos veces más alta que la de Chile. Aun así se estima que la evasión fiscal representa poco más de 11% del PIB. Los brasileños se refieren a la autoridad fiscal como el león. Su voracidad puede observarse en las selvas del distrito financiero de Sao Paulo, donde una pantalla gigante informa cuánto dinero de los contribuyentes ha alimentado al león este año (165 mil mdd hasta ahora).
Con más de 55 mil artículos y 63 impuestos separados, el código fiscal brasileño es un monstruo. CPMF, ICMS, PIS, Cofins, acrónimos de los diferentes impuestos, transitan como criptogramas por los periódicos. Ejércitos de abogados se consagran a descifrarlos. Hay impuestos sobre impuestos, una cascada fiscal que puede hundir un negocio o arrojarlo a la clandestinidad. Actualmente, 3 millones de empresas brasileñas están atrasadas en sus pagos al fisco.
Los ciudadanos comienzan a devolver la mordida. En mayo, un "frente brasileño" para la reforma fiscal tomó las calles. Forzó al gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva a desechar los nuevos impuestos que se planeaban, con el argumento de que podrían poner en riesgo 100 mil empleos del sector de servicios. A principios de este mes el frente se movilizó contra un decreto que modera los impuestos sobre la exportación pero deja sin modificación los plazos de pagos fiscales. Mientras las empresas necesitan, en promedio, 57 días para cobrar sus ventas, los impuestos deben pagarse en 25 días.
Durante la década pasada el Congreso ha parchado las disposiciones fiscales mientras compagina propuestas para una revisión completa. Las perspectivas de reforma no parecen nada prometedoras. El gobierno de Lula ha sufrido descrédito debido a acusaciones de corrupción que involucran al Partido de los Trabajadores (PT).
Los rebeldes fiscales ven un vínculo evidente entre la corrupción en Brasilia y el insaciable apetito de ingresos del Estado. Aunque Lula ha merecido elogios de los inversionistas por cumplir la deuda pública brasileña, los críticos señalan que lo ha logrado no mediante la reducción de otros gastos, sino mediante el cobro de niveles impositivos sin precedente.
FUENTE: EIU