"No estamos obligados a abrir indagaciones en automático": Romero Ramos
No hay elementos para investigar a Fox por el supuesto rancho secreto: SFP
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, señaló que no existen elementos para abrir una investigación sobre el supuesto enriquecimiento de la familia del presidente Vicente Fox Quesada o la adquisición de propiedades.
El hecho de que los funcionarios públicos adquieran bienes "no obliga en automático a que se abran investigaciones" sobre el origen de éstos, agregó.
Entrevistado luego de reunirse con la comisión ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial, el secretario aseguró que sólo conoce de este caso por lo que ha publicado la prensa. "Entiendo que el señor Presidente ha dado a conocer esta propiedad (el presunto rancho secreto) y no es el momento para que la Secretaría de la Función Pública pueda tener una posición sobre el particular", sostuvo.
Romero Ramos agregó que tanto él como el jefe del Ejecutivo federal han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales y cualquiera puede consultarlas.
Cuestionado sobre los casos en los que sí procede revisar la declaración de un funcionario, aseguró: "solamente hacemos revisiones aleatorias a servidores públicos para no tener una inclinación específica. No buscamos nombres ni jerarquías, simplemente hacemos una evaluación profesional.
"Sólo en el caso concreto de que tengamos datos o evidencias que nos permitan suponer que hay cosas que obliguen a una investigación, la abrimos", indicó.
El funcionario destacó que la ley aprobada durante este gobierno permite a los servidores públicos elegir si sus declaraciones patrimoniales son secretas o públicas. "Para nuestra sorpresa, este año alrededor de 50 por ciento de los servidores públicos han autorizado que sus declaraciones sean públicas. Hemos avanzado en transparencia."
Añadió que los funcionarios obligados a presentar declaración son aproximadamente 160 mil, aunque la cifra llega a 190 mil por los burócratas que dejan un puesto para ocupar otro y deben presentar los reportes correspondientes.
Por otra parte, Romero Ramos informó que la SFP trabaja "al máximo de su capacidad" en aplicación del programa institucional de promoción de la transparencia y eficiencia en la administración pública, el servicio profesional de carrera y la ampliación de servicios vía electrónica.
Además, abundó, ya comenzó a trabajar en el programa de libros blancos y rendición de cuentas para fin de sexenio, proyecto en el que se documentarán las acciones más importantes de gobierno y los programas estratégicos realizados hasta 2005. La segunda etapa arrancará en el primer semestre de 2006 y la parte final se presentará en noviembre.
Corrupción in fraganti en la dependencia
Por separado, en un operativo efectuado por el programa de Usuario Simulado de la SFP fue sorprendida en flagrancia una funcionaria del área de Apoyo a la Operación Estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DG-ETI) cuando recibía 450 mil pesos que había exigido para suspender sólo temporalmente a dos escuelas privadas el reconocimiento de validez oficial de estudios que otorga la Secretaría de Educación Pública.
La dependencia informó de los hechos mediante un comunicado, aunque no reveló nombre ni el cargo de la servidora pública, con el argumento de que lo impide la ley federal de transparencia. La SFP precisó que la funcionaria fue puesta a disposición del Ministerio Publico Federal, debido a que fue detenida en flagrancia. Informó que se presentó querella en su contra y fue trasladada a un reclusorio femenil del Distrito Federal para que enfrente la imputación.
Con información de Alfredo Méndez