Editorial
SG: fabricación de sospechas
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) determinó ayer que debe ser pública la información relacionada con los permisos otorgados a empresas de apuestas por la Secretaría de Gobernación (SG) en los últimos días de la gestión de Santiago Creel. La revelación de esos permisos súbitos desató una oleada de sospechas por parte de la sociedad. Particularmente inquietante es el hecho de que una de las principales beneficiarias, Apuestas Internacionales, SA de CV, sea filial de Televisa, corporación que a su vez le vendió a Creel la difusión televisiva de sus espots a un precio inusualmente bajo. Habida cuenta de la opacidad con que se manejó el otorgamiento de los permisos referidos, y ante tales indicios de intercambio de favores entre un funcionario a punto de ser precandidato y una empresa ansiosa por entrar al negocio de las apuestas, el Congreso de la Unión creó una comisión especial para investigar el asunto.
En vez de despejar las dudas y ofrecer al escrutinio público y legislativo toda la información disponible, la SG, ya a cargo de Carlos Abascal Carranza, contribuyó a multiplicar las sospechas cuando entregó al Legislativo los documentos sobre los permisos con la advertencia de que una parte de la información que nunca especificó tenía carácter "reservado". El presidente del Senado, Diego Fernández de Cevallos, se proclamó custodio de las cajas con los documentos entregados por la SG. De inmediato las actitudes de la dependencia y del político panista acentuaron la justificada impresión general de que los permisos para establecer casas de apuestas habían sido tramitados y concedidos en términos inconfesables, y acaso de manera ilegal y corrupta.
Los únicos datos sobre los que se justificaba la reserva, de acuerdo con el organismo de acceso a la información, son los domicilios y teléfonos de los particulares involucrados, sus registros federales de causantes, así como los planes de negocio y las declaraciones fiscales de personas físicas y morales que resultaron beneficiadas por la SG. La omisión de una precisión tan obvia pudo deberse a la simple torpeza o a un afán de encubrimiento, pero el hecho es que se contribuyó así a alimentar los rumores públicos.
La decisión anunciada ayer por el IFAI, sin duda saludable, permitirá a los legisladores hacerse una idea más precisa sobre si las concesiones comentadas se realizaron conforme a derecho y si hubo, o no, un tráfico indebido de favores entre Creel y Televisa, o alguna otra irregularidad. La investigación deberá desembocar en una aprobación de los permisos o, si hubo acciones indebidas, en las indagatorias y los procesos judiciales que correspondan. Independientemente de ello, es inevitable señalar que si los trámites se efectuaron en forma correcta, no había razón alguna para forzar al Legislativo a acudir al IFAI.
Por lo pronto, se ha causado un daño innecesario a la de por sí ruinosa credibilidad de la institución encargada del manejo político interno y a la del grupo gobernante en general, cuyo comportamiento se encuentra, como lo muestra este episodio, muy lejano del afán de transparencia que se pregona en los discursos y comunicados oficiales. He aquí un ejemplo, por si hiciera falta, de la continua contradicción en la que vive el gobierno del presidente Vicente Fox entre los actos y las palabras, y no sólo en lo concerniente a prácticas de transparencia.