Usted está aquí: jueves 21 de julio de 2005 Estados Toman mineros la alcaldía de Cananea por "fraude del siglo"

Aseguran que el líder sindical se apoderó de 35 mdd

Toman mineros la alcaldía de Cananea por "fraude del siglo"

CRISTOBAL GARCIA BERNAL ENVIADO

Cananea, Son, 20 de julio. Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), fraguó lo que llamaron el "robo del siglo XXI" en contra de unos 3 mil 500 trabajadores y ex mineros de Mexicana de Cananea, al apoderarse de manera ilegal de unos 35 millones de dólares, correspondientes al pago de 5 por ciento de las acciones de compraventa de la empresa en 1990, denunciaron mineros retirados.

Cientos de trabajadores, algunos de los cuales prestaron hasta 30 años de servicio en Mexicana de Cananea -principal productora de cobre del mundo-, han quedado fuera del proceso de liquidación, por lo que acusaron a Gómez Urrutia de haber consumado el fraude al canalizar al pago de las acciones, únicamente unos 20 millones de dólares de los 55 millones que el Grupo México saldó a la organización sindical el 23 de enero pasado.

En su desesperación por la serie de arbitrariedades que a su decir ha cometido la dirigencia sindical y la pasividad de las autoridades de los tres niveles de gobierno -quienes no han metido las manos con el argumento de que se trata de un asunto entre particulares-, los inconformes tomaron de manera momentánea las instalaciones de palacio municipal, bloquearon calles y avenidas, así como la oficina donde se realiza el pago de 5 por ciento, en protesta por las irregularidades en perjuicio de cientos de ex trabajadores y mineros en activo.

Félix Duarte Flores, integrante del Grupo-719, como se les conoce porque fueron los primeros despedidos en 1989, sostuvo que el dirigente nacional del sindicato se quedó con gran parte del capital de los mineros, pues decidió recortar el monto a cada una de las personas beneficiadas, pues de los 382 mil pesos que les corresponderían, únicamente está otorgando lo que llamaron una "compensación" de 15, 20 y 80 mil pesos, dependiendo del caso.

En entrevista con La Jornada, Duarte Flores explicó que Gómez Urrutia conoce la necesidad de las familias de los trabajadores de Cananea, por eso se aprovechó y fijó esas cantidades irrisorias, pues sabía que serían cobrados, como ha ocurrido con cientos de ellos, "a pesar de que los mineros están conscientes de que son objeto de un gran robo".

Cabe señalar que la abogada Amanda Cota Canchola, comisionada por la sección 65 del sindicato minero de Cananea, para extender y realizar el pago de los cheques, cobra 2 mil pesos a cada uno de los beneficiarios, y a las viudas y divorciadas, 20 por ciento del total de la liquidación. Lo que generó inconformidad y derivó en la toma de la única oficina donde se realiza la transacción.

Denunciaron también que muchos de los cheques expedidos carecen de fondos, como el caso del señor Alberto López Frasquillo, quien recibió 80 mil pesos por 16 años de servicio, y uno de los que permanecieron seis meses en prisión el año pasado por su participación en el cierre de los accesos de la empresa a finales de 2003. Al acudir a realizar la transferencia en Bancomer fue rechazado por falta de soporte financiero en la cuenta número 1412200546, propiedad del sindicato.

De esto, Alvaro Pérez Ruiz, representante legal del Grupo-719, entabló una demanda penal ante el Ministerio Público Federal en contra del dirigente sindical, Napoleón Gómez Urrutia, de la sección 65 de Mexicana de Cananea; de Amanda Cota Canchola, y de quien resulte responsable del delito de fraude.

"Atado de manos": alcalde

En entrevista, Francisco García Gámez, edil de esta ciudad, dijo que se encuentra "atado de manos" pues como primera autoridad del municipio no puede salir en defensa de los trabajadores ni solicitar al sindicato parar el pago de la liquidación, aunque reconoció que se cometió un fraude en perjuicio de los mineros de Cananea.

Inconforme por la presencia del Ejército y de la Policía Judicial del Estado (PJE), quienes arribaron al inicio del pago de acciones de compraventa de la empresa, para evitar enfrentamientos entre mineros, solicitó a las autoridades correspondientes el retiro de los elementos que por algunas horas custodiaron la ciudad; en tanto, la seguridad quedó a cargo de los agentes de la Policía Municipal.

 
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