Sin sustento jurídico, argumentos del gobierno, afirman
El veto de Fox, para proteger a trasnacionales, dicen cañeros
Los dirigentes cañeros Carlos Blackaller y Marco Antonio Torres, también diputados federales por el PRI, afirmaron que al vetar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, el presidente Vicente Fox protegerá los intereses de los grandes corporativos trasnacionales que inundan el mercado con edulcorantes, principalmente para la industria refresquera nacional, y en detrimento de los productores del país.
Por su parte, el coordinador de los diputados priístas por Veracruz, Jorge Uscanga Escobar, informó que se constituye un "frente parlamentario" contra el veto presidencial, y su compañero de partido, Jesús Morales Flores, del sector campesino, dijo que como primera medida mañana se presentará un punto de acuerdo en el que se exhortará al Ejecutivo a publicar y promulgar de inmediato dicha legislación.
El senador priísta Esteban Angeles Cerón, presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, expresó que no hay "razones jurídicas, económicas ni sociales que justifiquen el veto". Adelantó que hoy sostendrá una reunión con el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, donde se tratará el asunto y se le presentarán nuevamente las razones por las cuales el gobierno foxista no debe vetar la ley.
Abundó que en el documento de 12 puntos con el que el gobierno justifica el posible veto de dicha ley "en realidad no ofrecen ningún argumento. Ni jurídica ni socialmente hay argumentos que lo sustenten, no hay nada que pruebe que esta ley lesiona los intereses de los industriales, de cañeros o de consumidores".
En contraparte, el senador panista por Colima Salvador Becerra Rodríguez dijo que los legisladores federales del PAN confían en que Fox vetará la legislación aprobada en junio pasado, en el periodo extraordinario de sesiones, ya que consideran que dicho ordenamiento desalentará las inversiones en esa actividad económica y devaluará los activos de empresas cañeras por la sobrerregulación que se impone al sector.
"El resultado de esta ley será la continuación del atraso y la ineficiencia que provocaron la crisis en el rubro, de la cual los únicos ganadores han sido los líderes cañeros que viven de las cuotas aportadas por todos los productores", mencionó en conferencia de prensa.
Según Becerra Rodríguez el verdadero objetivo de la legislación en la materia que aprobaron los diputados y senadores priístas, es que las organizaciones filiales del PRI, como la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), mantengan el control político y las cuotas de los productores, "aunque los consumidores mexicanos compremos el azúcar más cara del mundo", dijo.
En tanto, el diputado priísta Jorge Uscanga confió en que al frente a favor de la ley se sumen legisladores de otros grupos parlamentarios que han expresado su rechazo a la decisión presidencial, y citó el caso del senador panista Gerardo Buganza Salmerón. Explicó que de consumarse el veto, Fox "negará la protección y estabilidad a productores, especialmente a los de Veracruz, que aportan casi 50 por ciento de la producción nacional".
Marco Antonio Torres, presidente de la comisión especial de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, afirmó que la intención de Fox es dar entrada libre a las empresas extranjeras que introducen alt fructosa al país. "No hace más que ser congruente con su formación y sus vínculos con el sector refresquero, al que ha pertenecido muchos años", dijo.
El legislador señaló que si el Ejecutivo no ha podido definir una política de apoyo a la comercialización y de financiamiento a los productores de caña, ahora se niega a promulgar una legislación que busca darles seguridad.
Carlos Blackaller refirió que la legislación pretende dar certidumbre "a una actividad que representa una fuente de empleo directo e indirecto para más de 2 millones de mexicanos".
La posición foxista se explica, dijo, porque México es un país de alto consumo de edulcorantes y fructosa, por lo que se convierte en un mercado muy atractivo para muchos intereses. "Y lo que consideramos es que se quiere salvaguardar intereses económicos, vinculados a los grandes corporativos, como los que producen jarabe de maíz, que pretenden inundar con alta fructosa el mercado nacional, principalmente en la industria refresquera, que utiliza en su producción 40 por ciento de edulcorantes a nivel nacional. Eso a nosotros nos da mala espina, sobre todo porque no hay un solo argumento jurídico para vetar la ley, sino sólo de carácter político, lo cual pretende denostar la imagen del sector."
Con información de Matilde Pérez U.